División

La ley trans agrieta al PSOE

Los socialistas retrasan el plazo para aprobarla y reabre la polémica entre feministas. Carla Antonelli rompe el carnet de militancia y denuncia «maniobras» de su partido para encallar la norma

Pedro Sánchez, Carla Antonelli y Alberto Garzón en la celabración del día del Orgullo en 2015.
Pedro Sánchez, Carla Antonelli y Alberto Garzón en la celabración del día del Orgullo en 2015.rubén mondeloLa Razón

La división existente en torno a la ley trans traspasa ya los muros de Moncloa. Si bien, hasta ahora, la disputa se centraba entre PSOE y Unidas Podemos, en cuanto a algunos de sus puntos más delicados de la norma que elaboró el Ministerio de Igualdad, como la autodeterminación de género, el foco lo acapara ahora el propio PSOE, donde se vive una lucha descarnada entre los dirigentes y grupos de feministas socialistas que apoyan la ley contra los que la rechazan.

La fragmentación en el socialismo en torno a la legislación que debería aprobarse por la vía de urgencia en el Congreso de los Diputados tras el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos es latente y ha generado un polvorín dentro del PSOE, a pesar de que hace un año en su 40º congreso, el partido acordara apoyar la ley trans. Un consenso que duró pocos meses y que ha contado con varios episodios de tensión interna, aunque el partido haya tratado de silenciarlos.

Sin embargo, la guerra interna en el PSOE ha tenido ya una de sus primeras secuelas que hacen más evidente la situación interna que se vive en el socialismo, al límite en esta cuestión. La decisión del PSOE –con el apoyo del PP– de retrasar una semana más el plazo de enmiendas a la ley en el Congreso de los Diputados ha sido una señal inequívoca para parte del socialismo, que ve un intento de enterrar el espíritu de la norma. Ante este movimiento, la histórica defensora de los derechos de las personas LGTBI, la exdiputada en la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli reaccionó rompiendo el carnet de militancia del PSOE.

Ésta denunció, incluso, unanueva «maniobra» por parte del grupo socialista en el Congreso de los Diputados para retrasar la ley con sus plazos de enmiendas con el objetivo de recortar la ley y de dejarla para su aprobación para el próximo año, en año electoral y con el fin de la legislatura, donde muchas leyes corren el riesgo de no llegar a tiempo para su tramitación ante el atasco de centenares de leyes. «No en mi nombre», sentenció Antonelli, quien aseguró que su baja llegaba ahora y no antes porque «hay gotas que colman los vasos llenos y a punto de rebosar». La reconocida activista cree que, precisamente, el año electoral será una de las nuevas excusas del PSOE para demorar la norma. «En mi nombre y de mi militancia no va a suceder» y exhortó al presidente del Gobierno para «que vuelva a poner la ley en su sitio, como hizo en su momento, que cierre los plazos de las enmiendas y se continúe su trámite de urgencia por la palabra dada y el compromiso adquirido». A este temor se suman varios cargos socialistas, como el secretario LGTBI del PSOE, Víctor Gutiérrez o el secretario general de Juventudes socialistas, Víctor Camino.

La decisión de darse de baja del PSOE pilló por sorpresa al grupo socialista, según fuentes parlamentarias, que expresaron su malestar por su decisión, y hubiesen preferido evitar la imagen de división interna, precisamente en una norma en la que tanto PSOE y Unidas Podemos se juegan la bandera de la defensa del colectivo LGTBI y de la igualdad.

A la par, la decisión del PSOE de retrasar una de las leyes estrella de Igualdad, subleva a los morados, los cuáles creían la batalla ganada, específicamente a la exvicepresidenta Carmen Calvo. La ley trans se aprobó a pesar de las reticencias de la exvicepresidenta. Eso sí, un año después de su salida. En Podemos vieron, con su salida, un triunfo sobre los postulados de la socialista. Pero, ahora, Calvo vuelve a ganar un nuevo partido: la ley trans corre peligro. Fue, precisamente, la exvicepresidenta Carmen Calvo quien volvió a reabrir el debate dentro del PSOE sobre la autodeterminación tras denunciar del «riesgo para 47 millones de personas» y criticar la falta de seguridad jurídica de la norma.

Entonces, el grupo socialista en el Congreso de los Diputados se abrió a mejorar la norma en su trámite parlamentario, a pesar de que evitó vetar la norma en el debate de las enmiendas a la totalidad de hace dos semanas. Pero con un aviso claro a los morados. «Esta ley entra en el Congreso e inicia su trámite parlamentario con una vocación de mejora, y a nosotras nos encontrarán ahí, trabajando parlamentariamente esta ley para que la que salga de aquí sea una ley garantista», advirtió la diputada socialista Raquel Pedraja en el debate parlamentario.

Pero el debate que agrieta al PSOE con la ley trans ya viene de lejos. En verano, feministas socialistas dirigieron un escrito ante la Comisión de Ética y Garantía del Partido donde denunciaban a Carmen Calvo, la miembro del Consejo de Estado, Amelia Valcárcel, o la exdiputada Ángeles Valcárcel, entre otras, por su oposición a la ley trans, e incluso solicitaban abrir un expediente y sancionar con faltas graves o muy graves que suponían su expulsión de militancia del partido de cualquier cargo que ostentaran. Un escrito que denunciaba que había parte de estas mujeres feministas que actuaban en contra del mandato del 40º Congreso en el que se apoyó la ley trans. También se pedía el cese del responsable de LGTBI del partido, Víctor Gutiérrez, por mantener una posición regulacionista de la prostitución frente al consenso sobre la abolición que salió del congreso.

Ante el nuevo parangón que sufrirá la ley –son tres años los que lleva de retraso por la división en Moncloa– el PSOE se esforzó en defender ayer su compromiso con la ley trans y en asegurar que los plazos para enmendarla no son más llamativos que los que sufren otras leyes, aunque reconoció que necesita «tiempo» para trabajar en la ley trans. La secretaria general del grupo parlamentario socialista en la Cámara baja, Isaura Leal, defendió la decisión de retrasar esta norma al situar todos los esfuerzos de su grupo en la aprobación de los Presupuestos.

En Podemos, el malestar es sonoro y fuentes del espacio acusan a su socio de «querer hacer peligrar la ley» después de que la norma ya fuera avalada por Moncloa. La ministra de Igualdad, Irene Montero, acusó al PSOE de retrasar la posibilidad de que la ley trans se apruebe antes de final de año y, por tanto, de «poner dificultades a la tramitación» de una norma que se pactó –recalcó la ministra– en el seno del Gobierno de coalición. Montero, que dijo estar muy preocupada, advirtió de que se van a «dejar la piel» para que esta ley se apruebe antes de que concluya 2022 y lamentó que sus socios socialistas hayan retrasado el plazo de presentación de enmiendas, con todo lo que eso supone.

La ministra, en declaraciones a los periodistas en el Senado, no aclaró si ha habido un contacto con sus socios y se limitó solamente a señalar que están en contacto «permanente» con ellos y que lo importante es no hacer esperar más a los colectivos trans y LGTBi, y que todos se sumen al compromiso de aprobar esta ley antes de final de año y que se haga «sin transfobia y sin un solo recorte de derechos» respecto de lo pactado dentro del propio Ejecutivo.