«Es esencial abordar este tema desde la educación»

La violencia de género es un problema que nos afecta a todos y en la que todos estamos implicados. Lo recuerda Ana María Ferrer, magistrada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo desde 2014 y la primera mujer en convertirse en magistrada de la Sala Penal del alto tribunal. Ella ha un referente en el avance hacia la perspectiva de género en la Justicia, y todo un ejemplo de solidaridad con las víctimas de la violencia de género.

La editorial Adams Formación la ha entrevistado con motivo del Día Internacional de la Eliminación de Violencia sobre la Mujer e incide en el mensaje de que «la lucha contra la violencia de género nos involucra a todas y a todos» y hay que abordarla desde un punto de vista transversal. Desde los poderes públicos, explica Ferrer, «tenemos la obligación legal de combatir la violencia de género y eliminar cualquier tipo de discriminación allí donde la detectemos», pero también es esencial la implicación de las empresas y de la sociedad a través de la educación. Es decir, el ordenamiento jurídico «impone en el ámbito empresarial la obligación de adoptar medidas para detectar los problemas de discriminación y focos de violencia donde se den».

Y no solo eso, también se insta a las empresas a «reconocer derechos específicos» de protección y compatibilidad de la vida profesional y laboral y «adoptar las medidas necesarias para tratar de reparar la incidencia que esta violencia tiene», añade Ferrer.

Para la magistrada, el papel de la educación en esta lucha también es fundamental: «La represión penal es muy importante en la lucha contra la violencia de género, pero nunca es la solución. La represión penal interviene siempre a posteriori, no tiene esa función preventiva, más allá del efecto que pueda provocar lo que se llama prevención general en la ciudadanía el temor a la imposición de la pena».

Sin embargo, la educación sí ejerce esa función preventiva: «Es esencial que en la educación se aborde este tema», señala. En 2021, la Fundación Reina Sofía hizo públicas unas estadísticas en las que el 20% de los españoles de entre 15 y 29 años consideraban que la violencia de género no existía, que era «un invento de los políticos».

En opinión de Ferrer, «estos datos son muy preocupantes y hay que atacarlos desde la órbita de la educación, desde los colegios y en todos los ámbitos». Según la magistrada, «la violencia de género es la que se ejerce sobre la mujer por el hecho de ser mujer o la que le afecta a la mujer de manera mayoritaria» y tiene muchas vertientes (física, psíquica, amenazas o privaciones de libertad, e incluso violencia económica), con un elemento común: «El sometimiento de la mujer consagrando patrones de discriminación y dominación».

En España, la sociedad comenzó a tomar conciencia de la dimensión exacta del problema en el último cuarto del siglo XX, cuando surgieron las primeras estadísticas sobre los casos de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Hasta entonces, la violencia de género era algo que se ocultaba en el ámbito familiar «una deshonra o un problema de familia que solo en familia habría que solucionarlo». Desde entonces, la conciencia colectiva ha impulsado la puesta en marcha de iniciativas políticas, judiciales, empresariales y educativas para combatir la violencia de género y proteger y apoyar a sus víctimas.

Pese a los avances, todavía hay que seguir trabajando en todos los ámbitos para eliminar patrones de discriminación. Desde el punto de vista jurídico, como señala Ana María Ferrer, “la perspectiva de género no confronta con el principio de igualdad porque lo que trata de eliminar es la discriminación”. Y tampoco confronta de ninguna manera con la presunción de inocencia, “la regla básica del proceso penal español”. Y concluye: “A los jueces nos incumbe interpretar, valorar la norma, prescindiendo de los sesgos. No hay que enjuiciar el comportamiento de la víctima; lo que hay que enjuiciar es el comportamiento de quien la agrede, no de quien es víctima”.