Una de cada cinco mujeres asesinadas por violencia machista en 2021 había denunciado a su agresor

En un enero negro para las mujeres víctimas de violencia machista -cuatro han sido asesinadas ya desde comienzos de año-, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado a conocer su último informe anual, correspondiente a 2021 sobre víctimas mortales de la violencia de género y doméstica en el ámbito de la pareja o expareja. Un documento que refleja que diez de las 49 mujeres asesinadas ese año (un 20,4%) habían denunciado previamente a su agresor y, en nueve de esos casos, de nada sirvió que los jueces adoptara medidas de protección (seis de cada diez convivían aún con él). Cinco de los agresores tenían antecedentes por violencia machista.

Se trata del mismo número de víctimas registradas en 2020 (aunque ese año estuvo condicionado por la pandemia de coronavirus). Según los datos del órgano de gobierno de los jueces, la tasa de feminicidios por cada millón de mujeres de 15 o más años de edad fue de 2,37, la más baja de toda la serie histórica, con un descenso del 39,5% desde 2003, el año en el que se produjo la tasa más alta, de 3,92 por cada millón de mujeres (desde esa fecha casi 1.200 han sido asesinadas). Una cifra, en todo caso, que el informe califica de “intolerable” y que justifica el “perfeccionamiento de las políticas públicas de protección a las víctimas”.

Siete menores de edad fueron también asesinados en 2021, todos a manos de sus padres biológicos y seis hombres fueron asesinados por sus parejas o exparejas, todas ellas mujeres. Según esa estadística de lo que se denomina violencia doméstica íntima, en ninguno de estos casos había denuncia previa de la víctima.

Como consecuencia de los crímenes por violencia de género y violencia doméstica, 35 menores quedaron en situación de orfandad: 33 por el asesinato de sus madres y dos por el de sus padres.

Medidas de protección

Según el informe del Observatorio, cuatro de las diez mujeres que habían denunciado previamente a su agresor convivían todavía con él en el momento del crimen. Ese 20,4% de mujeres que habían acudido a las Fuerzas de Seguridad antes de ser asesinadas se sitúa sin embargo por debajo de la media registrada desde 2003, un periodo en el que una de cada cuatro mujeres registraron denuncias previas. El informe analiza pormenorizadamente la respuesta que se dio a la demanda de protección de las víctimas para identificar posibles puntos negros en la cadena de protección. Con ese objetivo, el Observatorio ha analizado 15 procedimientos judiciales abiertos a raíz de esas denuncias previas. Un análisis que muestra que cinco de los agresores fueron objeto de más de una denuncia.

En más de la mitad de los casos (60 %) la llamada de auxilio se debió a episodios de violencia física (empujones, tirones de pelo, todo tipo de golpes e intentos de asfixia) y en uno de cada cuatro (25 %) la denuncia fue por violencia psicológica (amenazas de muerte, insultos, desprecios y vejaciones o amenazas de privar a la víctima de sus hijos); mientras que en el 15% restante la denuncia se presentó por el quebrantamiento de las medidas de protección acordadas judicialmente.

En nueve de los procedimientos judiciales analizados se había evaluado el riesgo mediante el sistema automatizado policial (VioGén), dando como resultado un caso de riesgo alto, cuatro de riesgo medio, dos de riesgo bajo y dos en los que no se apreció la existencia de riesgo. No se registró ninguna valoración de riesgo extremo.

De las diez mujeres que presentaron denuncia previa, nueve habían solicitado en sede policial medidas de protección que, en todos los casos menos en uno, se adoptaron finalmente, consistentes en la prohibición de aproximación a la víctima o de comunicarse con ella, en la prohibición del derecho a tener y portar armas a dos de los agresores e incluso la prisión preventiva acordada respecto a uno de ellos. En cuatro de los diez casos en los que sí hubo denuncia previa las medidas permanecían vigentes en el momento del homicidio.

Disminución del número de víctimas desde 2011

De los procedimientos abiertos a raíz de las denuncias, sólo uno se sobreseyó, en diez se dictaron autos de apertura de juicio oral y en cuatro la instrucción no había concluido cuando se produjo el crimen. Sólo se llegaron a celebrar ocho juicios (todos ellos con sentencia condenatoria) ya que dos de los denunciados respecto de los que se había dictado auto de apertura de juicio oral se suicidaron.

Según informa el CGPJ, “de forma lenta pero continuada”, la cifra de víctimas mortales de la violencia machista ha ido disminuyendo desde 2011, alejándose de los valores registrados en el periodo que va desde 2003 hasta 2011, debido, sobre todo, al “aumento de la concesión de medidas de protección, el perfeccionamiento de las herramientas telemáticas, el incremento porcentual de las sentencias condenatorias o la progresiva concreción de las medidas del Pacto de Estado”.

Sin embargo, en el año analizado se cometió de media un asesinato machista a la semana (cada siete días y medio), por encima de la media registrada desde 2003 (una muerte cada 6,7 días).

Perfil del agresor: español de 49 años

Las estadísticas arrojan que el peor día para la violencia de género fue el domingo (19,1 % de los casos) y los peores meses, junio (10 asesinatos) y diciembre (9), y apuntan que la media de edad de las víctimas mortales fue de 44,6 años, siendo las franjas de edad comprendidas entre los 36 y los 45 años y entre los 46 y los 55 las que mostraron un mayor porcentaje de mujeres asesinadas (acapara el 53% de los asesinatos). El 57,1 % de las mujeres asesinadas (28) eran españolas y el resto (21) procedían de otros 16 países, siendo Iberoamérica la zona geográfica de origen de la mitad de las víctimas extranjeras (52,4 %).

Las ciudades donde se produjeron más feminicidios fueron Madrid (3), Pozuelo de Alarcón (2), Torrevieja (2) y Valladolid (2). Por provincias, Madrid fue la que registró más crímenes machistas (8), seguida de Barcelona (6), Alicante (4) y Tarragona (3).

En cuanto al perfil del agresor, apunta a un hombre de nacionalidad española (siete de cada diez casos) y 49,1 años de media. Casi en la mitad de los casos (42,9 %), resultó detenido tras cometer el crimen y en el 28,6% de los supuestos, se suicidó.

En tres de los 49 casos analizados, se produjo también una agresión a los hijos de las mujeres asesinadas, lo que causó tres víctimas mortales más: un bebé de once meses y dos menores de siete y once años.