Alerta por el vertido de agua radiactiva de Fukushima

Más de una década después de que un terremoto y un devastador tsunami destruyeran parte de la central nuclear japonesa de Fukushima y se contaminaran las reservas de agua, Naciones Unidas ha aprobado un controvertido plan de eliminación de residuos, que se iniciará a finales de este verano y que incluye el vertido lento de unos 1.300 millones de litros de agua tratada y radiactiva en el océano Pacifico. La agencia de la ONU para la energía atómica afirma que la iniciativa, anunciada por primera vez en 2021, cumple las normas internacionales y que tendrá efectos insignificantes sobre el medio marino y la salud de las personas. Sin embargo, el método de vertido ha suscitado fuertes críticas de los países vecinos y de los pescadores de Japón.

Cuando el seísmo de magnitud 9,0 sacudió la costa este de Japón, el 11 de marzo de 2011, las alarmas sonaron. Tras el temblor, se apagaron automáticamente once reactores de cuatro centrales (Fukushima Dai-ichi, Fukushima Dai-ni, Onagawa y Tokai), situadas en la costa noreste. En concreto, los reactores en funcionamiento de la central nuclear de Fukushima Daiichi se extinguieron, tal y como habían sido diseñados. Sin embargo, más tarde un tsunami generado por el terremoto inundó el emplazamiento con efectos devastadores, por lo que se perdieron los circuitos primarios y auxiliares de refrigeración y la energía eléctrica. En el transcurso de tres días, los núcleos de tres unidades se sobrecalentaron y gran parte del combustible nuclear se fundió. Las altas temperaturas provocaron reacciones químicas que liberaron importantes cantidades de hidrógeno gaseoso, que explotó y causó potentes daños estructurales. El accidente se clasificó en el nivel 7 de la Escala Internacional de Sucesos Nucleares, debido a las elevadas emisiones de radiactividad.

Considerada la peor catástrofe nuclear desde Chernóbil en 1986, la central de Fukushima arrojó agua radiactiva al océano Pacífico y a toda la región, obligando a 154.000 residentes a evacuar sus hogares. Además, supuso años de esfuerzos de limpieza y décadas de trabajo para desmantelar el emplazamiento y reconstruir el tejido social y económico de las zonas afectadas por el terremoto, el tsunami y el accidente nuclear.

Desde entonces, se han pulverizado más de 1,3 millones de metros cúbicos de agua de mar sobre los núcleos dañados para evitar su sobrecalentamiento, contaminando el agua con 64 elementos radiactivos, conocidos como radionucleidos. Los que suscitan mayor preocupación son los que podrían suponer una amenaza para la salud humana, como el carbono-14, yodo-131, cesio-137, estroncio-90, cobalto-60 e hidrógeno-3, también conocido como tritio. De acuerdo con la revista Nature, algunos de estos radionucleidos tienen una semivida relativamente corta y ya se habrían desintegrado tras el desastre, pero otros necesitan más tiempo para descomponerse.

Así, debido a que el emplazamiento se está quedando sin espacio de almacenamiento y los tanques podrían sufrir fugas, especialmente en caso de terremoto o tifón, las autoridades japonesas han autorizado el vertido del agua contaminada acumulada a través de una tubería hacia el océano.

Las aguas contenidas hasta ahora han sido tratadas para reducir su contenido radiactivo y almacenadas en más de 1.000 depósitos de acero inoxidable. El operador de la central, Tokyo Electric Power Company (TEPCO), ha utilizado lo que describe como un sistema avanzado de procesamiento de líquidos (ALPS) para su tratamiento. Mediante este procedimiento se elimina una cantidad suficiente de 62 de los 64 radionucleidos para que su concentración se sitúe por debajo de los límites reglamentarios japoneses de 2022 para el vertido al medio ambiente. Estos límites se basan en las recomendaciones de la Comisión Internacional de Protección Radiológica.

No obstante, este proceso no excluye el carbono 14 y el tritio, por lo que el agua tratada debe diluirse aún más. La dificultad de separar el tritio de las aguas residuales y su limitado impacto ambiental es la razón por la que las instalaciones nucleares de todo el mundo llevan décadas vertiéndolo al mar. TEPCO afirma que la concentración resultante de tritio es de unos 1.500 becquerelios (medida de la radiactividad de las sustancias) por litro, aproximadamente una séptima parte de las directrices de la Organización Mundial de la Salud para el isótopo de hidrógeno en agua potable. Los responsables de la empresa sugieren que esta concentración descenderá hasta los niveles del fondo del océano a pocos kilómetros del lugar de vertido. Asimismo, TEPCO afirma que la concentración de carbono 14 en los tanques se sitúa actualmente en torno al 2% del límite máximo establecido por la normativa, y que se reducirá aún más con la dilución del agua de mar que tiene lugar antes de su vertido.

El OIEA aprueba el vertido

A pesar de la protesta de numerosos países y grupos internacionales, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), perteneciente al sistema de Naciones Unidas, respaldó el 4 de julio el plan del Gobierno japonés para verter al mar las aguas tratadas y aseguró que las medidas adoptadas por el país asiático son "coherentes con las normas internacionales de seguridad pertinentes".

La valoración global del organismo se hizo pública tras dos años de investigaciones (el plan se aprobó en abril de 2021) y ha estado conformada por expertos de once países. En el informe señalan que los vertidos serán "graduales y controlados", y que tendrán un impacto radiológico "insignificante" sobre las personas y el medio ambiente. El director general de la agencia, Rafael Mariano Grossi, afirmó que continuarán "proporcionando transparencia a la comunidad internacional, haciendo posible que todas las partes confíen en datos y ciencia verificados".

Tensiones diplomáticas

A pesar del apoyo del OIEA, grupos ecologistas, organizaciones pesqueras y los países vecinos condenaron inmediatamente la controvertida decisión, citando las enormes cantidades implicadas. Los científicos marinos expresaron su preocupación por el posible impacto del vertido en la vida marina y la pesca.

La directora ejecutiva de Greenpeace Internacional, Jennifer Morgan, declaró en 2021 que, en el siglo XXI, cuando el planeta y en particular los océanos del mundo "se enfrentan a tantos retos y amenazas", es un "ultraje que el gobierno japonés y Tepco piensen que pueden justificar el vertido deliberado de residuos nucleares en el océano Pacífico". Añadió que la decisión es una violación de las obligaciones legales de Japón en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS).

Entre los que han mostrado mayor inquietud, los pescadores japoneses locales temen un posible impacto negativo en la reputación de sus productos. Desde la catástrofe de la central, la industria pesquera local sufre la desconfianza de muchos consumidores y el veto de algunos países por las implicaciones sanitarias que la radiactividad de la costa de Fukushima podría tener en el pescado capturado.

Por su parte, China ha instado a Japón a detener su plan y su Autoridad de la Energía Atómica declaró que más del 70% del agua en dicha central nuclear no cumple los límites de vertido tras pasar por un sistema de filtración y requiere un tratamiento adicional. Su secretario general, Deng Ge, afirmó que, aunque se cumplan las normas internacionales, el OIEA no puede demostrar que el tratamiento sea la única o la mejor opción para eliminar el agua toxica.

Otro de los escépticos con el plan ha sido Corea del Sur y, de hecho, en mayo de este año envió un equipo de 21 expertos a inspeccionar la central. Aunque el país respetó el respaldo del organismo de control nuclear al plan japonés, Seúl también dejó claro que emitirá su propia evaluación de las conclusiones del OIEA. El informe del OIEA y la anterior oferta del primer ministro surcoreano, Han Duck-soo, de beber el agua tratada no han convencido a los activistas del país, ni a las industrias pesquera y marisquera, o a sus consumidores, muchos de los cuales han hecho acopio de sal marina y otros productos marinos.

Cabe destacar que TEPCO ha sido objeto de numerosas críticas por “sus repetidos errores, su mala planificación y su deficiente historial de encubrimiento y manipulación de información” en sus intentos de esclarecer el lugar del desastre nuclear del país. Según informes de acceso público, en 2007 la compañía admitió que había falsificado datos, hasta en 199 ocasiones, para encubrir fallos de los reactores durante las inspecciones gubernamentales. La empresa tardó en hacer frente a las consecuencias del accidente nuclear, alegando diversas razones. Por ejemplo, en agosto de 2013, ante la intensa presión pública, la compañía admitió que se habían filtrado unas 300 toneladas de agua contaminada con material nuclear de alta concentración desde el tanque de acero, y que parte de ella podría haber desembocado en el Pacífico.

Por otra parte, el 14 de abril de 2021, la Autoridad de Regulación Nuclear de Japón tomó la decisión oficial de prohibir el funcionamiento de la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa de TEPCO, debido a múltiples fallos y a la eliminación inadecuada de las instalaciones de protección del material nuclear. Anteriormente, se habían producido numerosos incidentes derivados de la gestión defectuosa y las medidas de seguridad de la central nuclear.