Aluvión de críticas a la ley del medicamento de Sanidad: recibe cerca de 400 alegaciones

La ministra de Sanidad, Mónica García, va de hito en hito. Después de ponerse a toda la profesión médica en contra con el borrador del Estatuto Marco, ahora ha logrado el "más difícil todavía": la oposición de las organizaciones representativas de la mayor parte del sector sanitario al Anteproyecto de Ley de los Medicamentos.

Tras finalizar su fase de audiencia pública, el texto ha recibido cerca de 400 alegaciones de entidades como Farmaindustra, la patronal de medicamentos genéricos (Aeseg), la distribución farmacéutica, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), la Organización Médica Colegial (OMC), el Foro de la Profesión Médica (integrado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos -Cgcom-, la Federación de Asociaciones Científico Médicas de España -Facme-, la Confederación Española de Sindicatos Médicos - CESM-, la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina - Cndfm- y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina -CEEM-), el Sindicato de Médicos y Facultativos de Madrid (SIME), la Sociedad Madrileña de Enfermería Familiar y Comunitaria (SEMAP), la Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña (FEFAC), la Asociación Española de Medicamentos Biosimilares (BioSim) o la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), entre otros.

También las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han hecho alegaciones conjuntas al Anteproyecto, del que han criticado, sobre todo, que invade las competencias autonómicas y que se ha elaborado de espaldas a la Comisión Permanente de Farmacia (CPF), órgano delegado del Consejo Interterritorial del SNS, en el que están representadas todas las regiones.

Ante el aluvión de críticas, el Ministerio de Sanidad ha matizado que muchas de ellas están repetidas, pues los diferentes agentes implicados coinciden en sus propuestas.

Farmaindustria ha informado esta mañana de que algunas de sus alegaciones van encaminadas a mejorar e acceso de la población a los medicamentos innovadores, como la inclusión de procedimientos para cumplir con un plazo de 180 días para la decisión de financiación y precio, que en la actualidad es de 616 días, según el ultimo informe Wait (344 días según un informe paralelo de Sanidad).

Además, este plazo debería "llegar" a los 90 días en el caso de medicamentos para enfermedades en las que no existe alternativa de tratamiento, o que supongan un beneficio terapéutico relevante, a través de una financiación acelerada.

Visión cortoplacista de ahorro

Por otro lado, la patronal de la industria farmacéutica en España ha criticado que el texto no refleja la visión del medicamento como una inversión, y que además está "impregnado" de una intención de ahorro a corto plazo, poniendo como ejemplo que contempla "continuas referencias" a la necesidad de contar con informes de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (Cdgae), "cuando los criterios de financiación y precio no deberían atribuirse a este órgano por contar con dimensiones clínicas, asistenciales y sociales".

"El medicamento no debe ser considerado como una partida de gasto público, sino como una estrategia de inversión. El principal objetivo es mejorar la salud de la población, a la vez que también contribuye a la sostenibilidad del estado del bienestar; genera ahorros en otras partidas presupuestarias como hospitalizaciones y bajas laborales, y contribuye a la productividad y al empleo, y, por tanto, al crecimiento económico", ha asegurado la presidenta de Farmaindustria, Fina Lladós .

Otra de las propuestas realizadas por la patronal hace referencia a la reducción de las demoras en la disponibilidad de medicamentos innovadores producidas por el procedimiento de compra pública, explicando que este "no es adecuado" para adquirir este tipo de bienes esenciales, motivo por el que ha instado a regular un procedimiento especial que facilite la compra de medicamentos exclusivos ágil y sencilla. Para ello, la realización de una evaluación científica de calidad durante la fase previa a la decisión de financiación puede evitar las dobles y triples evaluaciones (tanto regionales como a nivel hospitalario), evitando retrasos burocráticos.

Del mismo modo, Farmaindustria ha propuesto garantizar el principio de igualdad territorial y el derecho de todos los ciudadanos a acceder a los medicamentos de forma equitativa.

Otras alegaciones

Por su parte, la Organización Médica Colegial ha recalcado que la ley debería versar sobre los medicamentos y productos sanitarios y no sobre la prescripción médica, lamentando que se introduzcan modificaciones "cruciales" en las competencias de las diferentes profesiones sanitarias, motivo por el que algunos sindicatos medicos han instado a preservar la prescripción médica como competencia "específica y propia" del personal médico. Por contra, la Sociedad Madrileña de Enfermería Familiar y Comunitaria ha reclamado el establecimiento de un marco competencial "propio y actualizado" para la prescripción enfermera en un plazo máximo de 6 meses, así como reconocer el diagnóstico enfermero y eliminar el concepto exclusivo de diagnóstico médico.

En el caso de los farmacéuticos, han pedido garantizar con seguridad el empoderamiento del paciente con el apoyo del farmacéutico como experto en el medicamento, y BioSim ha exigido garantizar que la normativa tenga en cuenta las particularidades de los medicamentos biosimilares, según informa Ep.