CEAR denuncia que la reforma de Extranjería «pone en riesgo del derecho de asilo» y no ofrece garantías

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) denuncia que la reforma de la Ley de Extranjería aprobada este jueves en el Congreso vía Ley de Seguridad Ciudadana "pone en riesgo el derecho de asilo"y no ofrece las garantías a los migrantes interceptados en Ceuta y Melilla con las que cuentan en el resto de España. En un comunicado, se refiere así a la legalización de las devoluciones a Marruecos de los migrantes que sean interceptados en el salto de las vallas introducida mediante una disposición adicional en la Ley de Seguridad Ciudadana bajo la figura jurídica del "rechazo en frontera"que estará vigente un día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

"Esta figura no cuenta con procedimiento regulado normativamente por lo que no contempla las garantías establecidas en los artículos 20 y 22 de la LOEX para los procedimientos de devolución y expulsión: derecho a la tutela judicial efectiva, derecho al recurso contra actos administrativos, derecho a abogado e interprete, así como la garantía de no ser expulsado o devuelto en caso de que se vulnere el principio de no-devolución contenida en el artículo 57.6", explica CEAR. Para su secretaria general, Estrella Galán, "el rechazo en frontera. sin garantías ni procedimiento alguno pone en grave riesgo el derecho de asilo al justificar la devolución inmediata de personas que llegan a Ceuta y Melilla sin identificación de aquellas que son merecedoras de protección internacional, así como otros perfiles vulnerables".

Galán incide en que "cuando las personas que llegan a Ceuta y Melilla son devueltas al otro lado de la valla sin ser identificadas y sin acceso a garantía alguna"lo que se produce es "una expulsión sumaria contraria a la normativa existente". "España no puede aplicar un régimen especial en Ceuta y Melilla al margen de las garantías establecidas en la Ley de Extranjería y Asilo, así como en la normativa europea e internacional", recuerda, para incidir en que "la normativa sobre derechos humanos y protección internacional no solo debe respetarse en las oficinas de asilo, sino también en la valla y en el resto del territorio".

En este sentido, denuncia que "las personas de origen subsaharianos se ven forzadas a llegar a España a través de la valla y por otros medios no seguros ya que son numerosos los obstáculos que les impiden llegar a las oficinas". "Las autoridades tienen la obligación de garantizarles el derecho a solicitar asilo aunque su entrada se haya producido por puesto no habilitado", ha zanjado.