Clamor social y económico para frenar el nuevo plan antitabaco

El nuevo plan antitabaco que va a presentar el Ministerio de Sanidad hoy para su aprobación se encuentra con la fuerte oposición de diversos sectores de la economía española. Empezando por la base, los agricultores de hoja de tabaco, y siguiendo por los estanqueros, las tabacaleras, los empresarios del vapeo y, finalmente, los hosteleros.

Ese Departamento llevará a la Comisión de Salud Pública el «Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo (PIT) 2024-2027», un texto elaborado casi en su totalidad en 2021 y que, de forma imprevista, ha vuelto a ver la luz en fechas de marcada polémica política en el Congreso. La norma, entre otras disposiciones, propone prohibir fumar y vapear en «determinados espacios comunitarios y sociales al aire libre» –léase las terrazas de los establecimientos de hostelería y ocio–, así como aumentar el precio del tabaco.

Las empresas a las que afecta, que reúnen a cientos de miles de trabajadores, han criticado que no se le haya consultado para la elaboración de un plan cuyas medidas van a impactar en cada uno de los eslabones de la cadena.

Ya han mostrado su desacuerdo, como una sola voz, la Organización Interprofesional del Tabaco en España (Oitab), integrada por agricultores de hoja de tabaco y la industria de primera transformación; la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España y la Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo (UPEV).

Precisamente desde la Oitab, su presidente, Felipe Castañar, pidió ayer en un comunicado que antes de hacer un nuevo PIT el Gobierno valore los «impactos negativos irreversibles» que provocaría en su sector concreto que, según ha indicado, aporta 3.300 millones de euros al PIB español y más de 53.000 empleos.

En este marco, la organización agraria Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) también ha señalado la necesidad de escuchar y proteger a los productores de tabaco que siguen viviendo de las 1.500 explotaciones que hay en España, que suman 10.000 hectáreas de cultivo, según sus datos, el 95 por ciento de ellas en Extremadura.

Por su parte, José Luis Yzuel, presidente de Hostelería de España, que agrupa a restaurantes, bares, cafeterías y pubs de toda España, señalaba ayer a Efe que no entendía esta medida porque no existe actualmente un problema con fumar en las terrazas, espacios al aire libre y ventilados, y lo expresaba de forma tajante: «Quienes mandan son los máximos talibanes en contra absolutamente de todo, que nos quieren decir cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que morir. Con todas mis respetos, déjeme vivir como yo quiera mientras no le moleste a usted». Además del perjuicio económico que esta media podría causar en la hostelería, Yzuel ha querido poner el acento en la libertad y en modelo de vida de la gente, uno de los pilares que fundamenta la oposición social a esta norma ya que rompe la balanza entre salud y libertad de los nueve millones de españoles fumadores.

En cuanto a la subida del precio de la cajetilla, desde la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España se ha rechazado la implantación de la cajetilla genérica del tabaco y las subidas «desproporcionadas» como medidas de lucha contra el tabaquismo. Por ejemplo, recuerdan que las fuertes subidas del precio anteriores han traído consecuencias catastróficas como un importante aumento del contrabando, que llegó al 50 por ciento en comunidades autónomas como Andalucía y Extremadura.

Incluso Sanidad propondrá una nueva figura impositiva que establezca un gravamen específico para los cigarrillos electrónicos con nicotina. Las pipas de agua, shishas o cachimbas pasarán a estar reguladas también si finalmente sale adelante esta medida tan contestada.

Contra el turismo

Los sectores afectados recuerdan que España se encuentra entre los países de la UE más restrictivos en lo que a ley antitabaco respecta y solo Suecia, con unas condiciones climáticas muy diferentes, tiene vigente la prohibición de fumar en terrazas. Así, opinan que en un país con liderazgo internacional en turismo este endurecimiento de la ley generaría confusión entre los visitantes, que no tienen esta medida en sus países de origen, y que muchos de estos turistas vienen atraídos por el estilo de vida y modelo de ocio donde las terrazas tienen un fuerte peso. En resumen, se perdería competitividad con otros destinos turísticos del arco mediterráneo.