La crisis de Muface: "Pedimos al ministro Óscar López que haga su trabajo"

«El «folletín» sobre el futuro de Muface continúa. Ayer, la ministra de Sanidad, Mónica García, volvió a cargar contra las aseguradoras, en lugar de hacer autocrítica y tratar de reconducir la situación. «Muface acabará como quieran las aseguradoras que acabe, porque son ellas las que, haciendo números, han decidido que los mutualistas de Muface no les son rentables», sentenció en una entrevista a RNE, recogida por Europa Press. Tras la negativa de Adeslas y DKV a continuar, tan solo Asisa estaría dispuesta a seguir, aunque aún no hay confirmación oficial. En medio de esta crisis, el Gobierno ha decidido ampliar casi dos semanas el plazo para que las aseguradoras se presenten a la licitación para prestar asistencia sanitaria a los funcionarios mutualistas, hasta el 27 de enero. El nuevo concierto de Muface, que cubrirá los años 2025, 2026 y 2027, subirá la prima un 33,5% para el periodo de tres años, pasando de 1.032,12 euros a 1.262,28 por mutualista en 2027.

Uno de los grandes problemas que se presenta es cuál será el futuro del millón y medio de mutualistas y beneficiarios, y cómo podrían incorporarse al sistema público de salud sin colapsarlo.

García negó que «el 2 por ciento de los mutualistas vayan a colapsar el Sistema Nacional de Salud. Las comunidades que tienen unas listas de espera de 9 meses, esas listas de espera seguirán siendo de 9 meses. No porque te venga un 2% de la población vas a tener más lista de espera», afirmó durante la entrevista, que concluyó atizando de nuevo a las aseguradoras: «El Ministerio de Sanidad está dando tranquilidad, que es lo contrario a lo que están haciendo las aseguradoras. Y básicamente es legítimo que quieran hacer negocio por otro lado. Es legítimo. No sé si eso es judicializable, ¿no? Son libres de presentarse a un concurso o no las aseguradoras. Pero el Gobierno no va a dejar abandonados a los pacientes como no ha hecho nunca y como no hará nunca».

Pero no toda la atención por el caos creado está cayendo sobre la ministra García. También está en el punto de mira Óscar López, ministro para la Transformación Digital y la Función Pública de España. «Lo que le pedimos con contundencia al ministro Óscar López es que haga su trabajo», exigió el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín. Además, le instó a que se tome en serio esta labor, a pesar de sus «fracasos» como candidato del PSOE en Castilla y León y su «inacción» en materia de digitalización. También lo acusó de ser «el que le daba a la manivela de la máquina del fango» en el Palacio de La Moncloa. El portavoz del Gobierno regional le pidió, según Ep, que «dé certidumbre» a los funcionarios, «que necesitan esa atención sanitaria que ha funcionado con éxito durante muchos años».

Por su parte, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) instó ayer al Gobierno y a las aseguradoras a «mantener un modelo de éxito de colaboración público-privado». En un comunicado, ASPE, que representa a los hospitales y clínicas privadas que atienden a los funcionarios de Muface, destacó que no forma parte de la negociación entre el Gobierno y las aseguradoras, pero que conoce las necesidades asistenciales de estos pacientes y, por ello, insta a que «la principal preocupación de todos los agentes involucrados en esta decisión sea, en todo momento, poner por delante las necesidades sanitarias de los funcionarios y beneficiarios».

ASPE reconoce que es un «momento delicado» que exige una «actuación responsable» de todos los actores involucrados y un compromiso con la salud de los mutualistas. Más allá de las «lógicas» consideraciones económicas en las negociaciones, la sanidad privada mostró su «inquietud» por los pacientes, que «merecen certezas». En palabras del presidente de ASPE, Carlos Rus, independientemente de lo que decidan las aseguradoras, «queremos poner en valor un modelo de colaboración público-privada que ha demostrado su vigencia y éxito durante tantos años».

En esta línea, ASPE advirtió sobre la necesidad de acordar una prima por mutualista que garantice el acceso a un cuadro médico de calidad y manifestó entender que «no es posible operar» con déficit. Sin embargo, también reconoció el esfuerzo del Gobierno por la «revalorización» en la segunda licitación.

Y en medio de estas acusaciones cruzadas, el millón y medio de ciudadanos afectados continúan sumidos en las dudas y la incertidumbre.