Cuéntame cómo eran las pensiones

La baja natalidad y el incremento en la esperanza de vida, además de la crisis económica, amenazan con derrumbar el modelo de solidaridad intergeneracional vigente en España desde 1995.

Una sociedad moderna y solidaria está obligada a amparar a su población formada por las personas más mayores. Se trata de una obligación moral. Eso está fuera de toda duda. Al mismo tiempo, no podemos defraudar a quienes ahora se jubilan incumpliendo promesas que se hicieron hace años, por eso CEIM (Confederación Empresarial de Madrid) considera que es una buena noticia el consenso político al que han llegado los partidos en el seno del Pacto de Toledo, aunque falta una segunda parte. Los activos actuales estamos en deuda con aquellos que trabajaron de forma muy dura hace años, por lo tanto, es un asunto de justicia social responder a los compromisos adquiridos. Sin embargo, también es un gesto de responsabilidad que además de contraer compromisos se analice cómo hacerles frente de una forma sostenible para no generar incertidumbre ni en quienes ahora son pensionistas, ni tampoco en quienes vamos a serlo dentro de unos años. Esa es la segunda parte que le falta al consenso político que se acaba de alcanzar. Todos estamos a favor del Estado de Bienestar, pero esa disposición no solo puede estar basada en una simple afirmación, sino en un análisis permanente que estudie cómo hacerlo realmente sólido en el tiempo. Decir que el modelo actual es insostenible no es levantar alarmas en vano, sino adoptar una actitud de responsabilidad frente a los compromisos adquiridos. Asumir un problema es alcanzar la mitad de la solución. Nuestra Seguridad Social lleva siendo sostenible, solo de forma coyuntural, mucho tiempo, y eso lo saben todos, aunque únicamente algunos lo dicen. Hace casi 130 años, Alemania se convirtió en el primer país del mundo en poner en marcha un programa de seguro social para la vejez diseñado por el canciller Von Bismarck. Su motivación básica fue promover el bienestar de los trabajadores para que la economía de su país siguiera funcionando con la máxima eficiencia y asegurarse la paz social. Setenta años más tarde, el presidente estadounidense Roosevelt aprobó la llamada Ley de la Seguridad Social, nombre con el que fusionaba los conceptos de seguridad económica y seguro social.

los pactos de la moncloa

En 1941, en la conocida como Carta del Atlántico, Roosevelt y Churchill adquirieron el compromiso de mejorar una seguridad social para todos. Y solo un año más tarde el Gobierno del Reino Unido publicó el Plan Beveridge con el que se creaba el primer sistema unificado de seguridad social. En Francia, por su parte, el funcionario Pierre Laroque lideró la generalización de la protección social a toda la población, y en 1946 se puso en marcha un sistema nacional de seguridad social. En general, tras el final de la Primera Guerra Mundial, los sistemas de seguros sociales se desarrollaron en muchos países. En 1908 se crea en España el Instituto Nacional de Previsión promulgado por Alfonso XIII, que fue el primer organismo oficial encargado de la Seguridad Social. Desde entonces hemos pasado por muchas vicisitudes hasta 1995, fecha clave porque se firman los Pactos de la Moncloa en los que todos los partidos políticos junto con sindicatos y patronales acuerdan actualizar el modelo y diseñar un plan para asegurar su sostenibilidad. La clave del acuerdo fue pactar que esos temas quedaban oficialmente fuera de la batalla entre partidos para dotarles de seguridad de cara a todos los ciudadanos. Sin embargo, la realidad es que esto no se ha cumplido, aunque estamos a tiempo de retomar aquel consenso. Las pensiones se han convertido en protagonistas del debate político y son objeto de una subasta sin rigor en la que se ofrecen cosas sin hacer un estudio previo que revele lo que cuestan y de dónde obtener los recursos para pagarlas. Decir que se puede hacer frente a todo apretando aún más la presión fiscal es no conocer que la economía es como una red interconectada en la que si tocas solo una cosa afectas a todo el mapa, y las empresas no aguantarían subir aún más las cotizaciones sociales.

Durante los últimos veinte años se han producido dos circunstancias que han convertido a las pensiones en España en noticia permanente: por un lado, el contexto laboral y demográfico ha cambiado de forma dramática, y, por otro, ante la ausencia de consenso, solo se han acometido cambios muy coyunturales al sistema que eran únicamente retoques paramétricos. Es decir, no se solucionaba el problema y simplemente se le insuflaba un poco de oxígeno esperando que fuera el siguiente gobierno el que tuviera que acometer la reforma.

un modelo con los días contados

El cambio de paradigma no solo es un reto para España. Lo que sucede es que otros países sí han sido capaces ya de hacerle frente. Entre ellos destaca Holanda, que en 2013 asumió que el sistema original hacía aguas de forma generalizada y que había que reformarlo. Fruto de aquello, el propio rey Guillermo Alejandro manifestó en el que fue su primer discurso ante el Parlamento que el clásico Estado de Bienestar de la segunda mitad del siglo XX estaba agotado y que era necesario reinventarlo. En España, los partidos acaban de alcanzar un consenso, pero a medias, porque nadie sabe cómo se va a financiar la solución que han propuesto, que además no supone ninguna reforma estructural. De hecho, el propio secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granados, ha tenido la valentía de recordar que ese modelo lamentablemente tiene los días contados. Esa ha sido la última llamada a que partidos, sindicatos y patronales nos sentemos a diseñar un nuevo modelo que ofrezca tranquilidad a todos, incluida la Comisión Europea. La principal avería de nuestro modelo de pensiones es que es solo de reparto, es decir, básicamente quienes ahora trabajamos pagamos a quienes lo hicieron en su momento. Pero esta solidaridad intergeneracional es difícil que funcione cuando tenemos una tasa de natalidad muy baja y, afortunadamente, un incremento de la esperanza de vida (la actual tasa de dependencia es de unos 2,1 afiliados por pensionista). Si a eso le sumamos una crisis económica con desaparición de empresas y aumento del desempleo, el modelo se derrumba enseguida. En CEIM consideramos que en primer lugar es necesario repensar juntos el futuro del Estado de Bienestar, examinar con qué recursos contamos, analizar cómo favorecer la generación de más recursos, priorizar necesidades y gestionar. Gestionar de forma eficiente. Respecto al modelo futuro que deberíamos adoptar, merece la pena analizar qué están haciendo ya otros países de nuestro entorno, y la conclusión que obtenemos es que se decantan por sistemas mixtos. Es decir, que preservan el modelo de reparto, pero complementándolo con una parte capitalizada. Se destina un porcentaje de las cotizaciones a la parte de reparto y otro a cuentas individuales de capitalización, que pueden ser de gestión pública o privada. El reto sigue ahí porque se avecina la jubilación de la generación del «baby-boom». Según el INE, en los próximos treinta años el número de mayores de 65 crecerá en 5,6 millones de personas, mientras que la población en edad de trabajar se recortará en 4,8 millones.