En libertad la mujer detenida por llevarse a su hijo de Mérida

El Juzgado Mixto número 1 de Cangas (Pontevedra) ha decretado la puesta en libertad de una vecina de Moaña, A.G.G, de unos 27 años de edad, que fue detenida por la supuesta sustracción de su hijo menor de edad, el pasado fin de semana en Mérida, donde el niño reside con su padre. Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el juzgado ha decidido dejar en libertad a esta mujer, que fue detenida este lunes por la Guardia Civil en casa de un amigo suyo en Moaña, aunque le ha impuesto la obligación de comparecer en el juzgado cada 15 días. El juez entiende que "no se ha constatado que exista una situación de riesgo para el menor".

Asimismo, el juez interpreta que, en estos momentos, ambos progenitores tienen la guardia y custodia del niño, que vive con su padre en Mérida. Según han informado fuentes judiciales, el 11 de enero de 2015, el Juzgado Mixto número 2 de Mérida dictó una orden de protección por la que ambos progenitores debían estar alejados el uno del otro, y otorgó la custodia al padre (la madre podía ver al niño en un punto de encuentro). Según la Ley de enjuiciamiento criminal (artículo 544 ter.7), "las medidas de carácter civil contenidas en la orden de protección tendrán una vigencia temporal de 30 días". "Si dentro de este plazo fuese incoado a instancia de la víctima o de su representante legal un proceso de familia ante la jurisdicción civil las medidas adoptadas permanecerán en vigor durante los treinta días siguientes a la presentación de la demanda. En este término las medidas deberán ser ratificadas, modificadas o dejadas sin efecto por el juez de primera instancia que resulte competente", señala.

Custodia

Dado que ha pasado más de un mes desde que se dictó la orden, y no consta que ninguno de los progenitores hayan presentado demanda alguna, el juez de Cangas ha entendido que dicha orden ya no está en vigor, y que los padres deberán acudir a la justicia civil para que decida sobre la custodia. Además, en relación con el supuesto delito de sustracción de menores, el juez estima que es el juzgado de Mérida el competente para decidir sobre su continuidad.