El Estado asumirá el coste directo de la implantación de la LOMCE

El Estado asumirá los costes directos de la implantación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte estima en 408 millones de euros, cinco veces más de lo previsto inicialmente, según han informado fuentes del departamento que dirige José Ignacio Wert.

La memoria económica que acompaña a la reforma será discutida entre el ministro y los consejeros autonómicos del ramo el próximo 7 de febrero en la Conferencia Sectorial de Educación, tras enviarles este miércoles el documento. Se prevé que los costes indirectos, como el trasvase de alumnos hacia los ciclos de Formación Profesional, lo asuman las autonomías, aunque este punto será negociado en el encuentro del mes que viene.

El alto índice de población escolar en el ámbito rural en algunas comunidades, los dos itinerarios de 4 de la ESO --hacia Formación Profesional o Bachillerato--, un menor ahorro del previsto con la compactación del Bachillerato, tras otorgar más autonomía a las comunidades y centros en la fijación de asignaturas y carga lectiva,

y la financiación de la nueva Formación Profesional Básica han quintuplicado el primer presupuesto, tal y como ha precisado a los medios la secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio.

"Como consecuencia de estos cambios en las estimaciones, el coste mayor tendrá lugar en el tercer año desde la implantación de la reforma que va a asumir el Estado y se sitúa en alrededor de los 255 millones de euros", ha señalado la 'número dos' del ministerio. Se prevé que para el primer año una inversión de 23 millones, para la puesta en marcha de la LOMCE, y de 130 millones para el segundo año.

Se trata, según Gomendio, de una reforma "poco costosa", si se compara con los 7.000 millones de la memoria que acompañaba a Ley Orgánica de Educación (LOE). No obstante, ha advertido de que en la estimación de esa norma se incluyeron las partidas para becas y jubilaciones anticipadas del profesorado, dos aspectos que el Ministerio de Educación no ha incorporado en los planes financieros de la futura ley, que se ocuparán "sólo del impacto directo de los cambios que se proponen".

En concreto, la FP básica --dos cursos obligatorios-- costará alrededor de 112 millones de euros. El coste de las evaluaciones nacionales, también asumidas por el Estado, se prevé que ascienda a 1,5 millones la de diagnóstico en segundo o tercero de Primaria y a 2,3 millones la del final de la ESO. La de Bachillerato no se incluye en la memoria, pues sustituye a la que se realiza actualmente para acceder a la Universidad.

COSTES INDIRECTOS ASUMIDOS POR LAS CC.AA

Los costes indirectos, asumidos en principio por las autonomías, serán atribuidos "al éxito de la reforma", tal y como ha explicado Gomendio, pues son los derivados de que una mayor proporción de estudiantes siga la trayectoria de la Formación Profesional. Se trata de una opción más cara que el Bachillerato, ya que un puesto escolar cuesta al año, como mínimo, unos 6.000 euros. "Estos costes serán asumidos en principio por las comunidades autónomas, pues tienen transferidas las competencias en la gestión de la educación", ha precisado.

Sobre el trasvase de alumnos hacia la FP, el ministerio se plantea tres escenarios: el primero, que se matricule un 50% en Bachillerato, un 20% en FP de grado medio y un 10% en FP Básica, lo que supondrá un coste estimado de 50 millones de euros; el segundo, con una previsión de 334 millones de euros, contempla el 50% del alumnado en Bachillerato, el 20,5% en FP de grado medio y el 12,5% en FP básica;

y el tercero, estimado en 927 millones, prevé un 55% en Bachillerato, un 25% en FP de grado medio y un 12,5% en FP básica.

El departamento de Wert cree que en el cuarto año de implantación de la LOMCE ya se dé el segundo escenario, que considera el más realista, pero sin renunciar al tercero, lo que supondrá que la tasa de abandono escolar prematuro sea del 15 por ciento, unos 11 puntos menos que la actual.

APLICACION EN EL CURSO 2014-2015

En cuanto a la aplicación de la reforma educativa, el Ministerio de Educación estima que sea en el curso 2014-2015 o incluso en 2015-2016, pero en ningún caso el que viene, pues no será hasta antes de verano cuando la apruebe el Congreso de los Diputados, y no habrá tiempo para preparar los currículums de las asignaturas ni los libros de texto.

Fuentes de este departamento señalan que el retraso de unos meses se debe al proceso de negociación abierto con la comunidad educativa

y a las seis conferencias sectoriales celebradas, fruto de las cuales se han incorporado modificaciones y propuestas al texto normativo que se encuentra en fase de anteproyecto.