¿Es posible aún el pacto educativo?

Cuando una decisión, adoptada por razones de estrategia política -particularmente del PSOE-, había tirado por tierra todos los esfuerzos previos de la Subcomisión parlamentaria para el Pacto educativo; cuando todas las expectativas sociales generadas en torno a esa posibilidad se habían esfumado y se extendía en el seno del sector educativo una sensación irremediable de decepción, el vuelco histórico producido por la reciente moción de censura parecería además haber cerrado, definitivamente en opinión de algunos, esa ventana de oportunidad que se abrió para la educación española hace año y medio aproximadamente.

De ser cierta esa perspectiva, por lo demás no exenta de un cierto realismo, el sistema educativo español se hallaría inmerso en una situación de bloqueo, con una Ley -la LOMCE- ampliamente cuestionada, pero en vigor y por tanto de obligado cumplimiento en un Estado de derecho que se precie, y un Real Decreto Ley provisional que ha modificado, siquiera sea temporalmente, aspectos sustantivos de dicha Ley.

Cabe en este punto recordar que una Ley orgánica – o al menos los artículos declarados como orgánicos en su propio texto- requiere, de conformidad con el artículo 81.2 de la Constitución Española, de una mayoría absoluta del Congreso para ser derogada o modificada. Y la derogación del Real Decreto Ley necesita de una mayoría simple. Con la actual composición de la Cámara, con la franca minoría del partido en el Gobierno y con las posiciones difícilmente conciliables de los partidos políticos que apoyaron la moción de censura, a la hora de construir un nuevo marco normativo mejorado para la educación española -sea parcial, sea de nueva planta-, estaríamos abocados a una situación de estancamiento que se prolongaría, como mínimo, hasta el final de la legislatura.

Si algo hemos aprendido, en base a hechos, a lo largo de estas últimas décadas sobre las reformas educativas en nuestro país es que la izquierda política jamás apoyará un pacto educativo promovido por el centro derecha que no asuma posiciones más extremas de las que sostendría si estuviera en el poder, lo cual es inviable. Y que el centro derecha, por su parte, no suele acertar a la hora de trasladar a las leyes y a su desarrollo su propio acervo político en materia educativa, a pesar de disponer de un cuerpo consolidado de doctrina plausible, poco ideologizado y mejor ajustado, por ello, a los nuevos tiempos y a sus desafíos.

Ha llegado, pues, el momento de que el nuevo gobierno socialista retome la iniciativa del Pacto educativo y se implique en él desde esa posición más atemperada que es exigida por sus responsabilidades en la gestión de los intereses generales y demandada por una tozuda realidad que suele imponer sus propias condiciones. Por su parte, le corresponde al centro derecha subrayar los límites constitucionales de la nueva reforma educativa que no son otros que los que fijan, por un lado, los dos pilares del artículo 27, la libertad de enseñanza y el derecho a la educación, auténticos exponentes del único pacto educativo aún vigente; y, por otro, las competencias exclusivas del Estado en materia educativa, establecidas en el artículo 149 y que constituyen un instrumento complementario, con respecto a nuestro elevado nivel de descentralización, a la hora de asegurar la unicidad básica del sistema educativo español y promover un nivel de calidad equivalente en todo el territorio nacional.

Además, concierne a unos y a otros acordar una reforma que no sólo procure esa deseada estabilidad básica de la arquitectura del sistema, sino que introduzca, junto con ella, la necesaria modernización. Modernización que ha de incorporar cambios en los enfoques a fin de dar una respuesta efectiva a los problemas del presente y alinearse con los desafíos emergentes; pero también para dotar a las leyes de la suficiente flexibilidad como para acomodarse, sin notables dificultades, a los requerimientos cambiantes de un contexto socioeconómico dinámico y complejo.

A los partidos de centro derecha, y en particular al PP, se les abre en esta nueva circunstancia la posibilidad de apoyarse en el interés político del nuevo gobierno en capitalizar el Pacto, e impulsar, como contrapartida, cambios pertinentes y razonables, escasamente ideologizados, basados en conocimiento y acordes con el consenso internacional y la evidencia empírica disponible. Es, por otra parte, un modo de ofrecer a la ciudadanía la imagen de una oposición responsable, dispuesta a facilitar la corrección de sus propios errores en beneficio de los ciudadanos, del futuro de España y de sus próximas generaciones.

A la pregunta ¿es posible aún el Pacto educativo?, que da título al presente artículo, la respuesta que se deriva de los razonamientos anteriores es que no sólo es posible, sino que, además, es necesario.

Francisco López Rupérez, ex presidente del Consejo Escolar del Estado y director de la Cátedra de Políticas Educativas de la UCJC