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El primer sorteo del jurado: un muerto, un marino y jubilados

El juicio del «caso Asunta» arrancará el 29 de septiembre. Ayer se volvió a elegir al azar a los candidatos. Trece hombres y siete mujeres, uno de ellos de Teo, donde se halló el cuerpo de la niña

Alfonso Basterra (i), el padre de la niña Asunta Basterra Porto.
Alfonso Basterra (i), el padre de la niña Asunta Basterra Porto.larazon

El juicio por la muerte de Asunta comenzará el 29 de septiembre, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Es decir, dos años y ocho días después del fallecimiento de la menor de 12 años, cuyo cuerpo fue hallado en una pista forestal de Teo, en La Coruña.

El juicio por la muerte de Asunta comenzará el 29 de septiembre, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Es decir, dos años y ocho días después del fallecimiento de la menor de 12 años, cuyo cuerpo fue hallado en una pista forestal de Teo, en La Coruña. En el primer día de juicio las partes seleccionarán a los candidatos finales para formar parte del jurado popular al que se le expondrán las pruebas por las que los padres de Asunta, el periodista Alfonso Basterra y la abogada Rosario Porto, en prisión preventiva desde hace un año y nueve meses, se enfrentan a hasta 20 años de cárcel.

El juicio, que esperaba celebrarse la próxima semana –el día 23–, tuvo que retrasarse, ya que está siendo más complicado de lo habitual la selección del jurado. Y es que entre los 36 candidatos que salieron seleccionados en el primer sorteo hubo un gran número de bajas. No tanto por lo que a priori uno podría pensar en un caso que ha salido día tras día en la Prensa (ya que este tipo de «alegaciones» se dicen en la selección final), sino por motivos más que razonables. Y es que entre las bajas había «una persona fallecida, un marinero que estaba embarcado, algunos mayores de 65 años que por ley tienen derecho si no quieren a ser candidatos, otra persona que tenía exámenes de una oposición y otra contra quien se había abierto juicio oral recientemente», según los datos facilitados desde el citado tribunal.

De hecho, de los 36 elegidos al azar, dos no pudieron ser localizados y se aceptaron, entre recusaciones y excusas, 19 casos. Así, de los 36 quedaron sólo 15 candidatos, cuando el número mínimo de jurados para la elección ha de ser 20. Con el fin de alcanzar esa cifra, que marca el artículo 23 de la Ley del Jurado, ayer se realizó otro sorteo por el que fueron elegidos 13 hombres y siete mujeres de la provincia, incluido un candidato de Teo.

«Aunque en este tipo de casos en los que hay un menor fallecido, algunos tratan de encontrar una excusa para evitar ser parte del jurado, no es muy habitual tener que repetir un sorteo», explicó Luis Romero, presidente de Abogados Penalistas de España y socio director del bufete Luis Romero y Asociados. «Que haya personas mayores de 65 años es normal, ya que por ley son ellos los que, tras ser seleccionados, pueden decidir si quieren o no ser jurado, pero que haya un fallecido denota que el censo no está bien», añadió.

De los nuevos candidatos, las partes descartarán el primer día y a puerta cerrada a aquellos 11 componentes –nueve titulares y dos sustitutos– del jurado popular. El abogado defensor de Rosario, José Luis Guitiérrez Aranguren, explicó a Efe que la información recabada no le permite saber si finalmente podrá formarse un jurado, dado que sólo sabe «nombres» y no las circunstancias particulares de cada preseleccionado. Pero ve «muy difícil» hallar jurados «sin contaminar» si éstos «son sinceros» ante el tribunal. Un dilema que se repite cada vez que se juzga un caso en el que hay un menor fallecido. En cualquier caso, los miembros del jurado tendrán que escuchar las diferentes partes y atender a las pruebas practicadas que determinaron que la muerte de Asunta se había producido por asfixia y que desvelaron que durante meses la menor había estado ingiriendo un ansiolítico, que pudo anular su voluntad antes del crimen. De su opinión depende que los padres de Asunta puedan salir libres o se enfrenten a 20 años de cárcel por un delito de asesinato tal y como pide la acusación popular o a 18, que pide la Fiscalía.