El plan: el padre la drogó, la madre la asfixió

Rosario Porto, la madre de Asunta, acusó, en una declaración judicial, a su marido, Alfonso Basterra, de haber «drogado» a la niña, según el auto que, con fecha del martes, hizo público ayer el magistrado instructor del asesinato de la menor, José Antonio Vázquez Taín. Este extremo fue negado por Basterra, que llegó a decir que en su casa no tenía el ansiolítico Orfidal con el que fue adormecida antes de producirle la muerte por «asfixia mecánica».

El juez, en cualquier caso, tiene claro lo que ocurrió, ya que al hablar de Basterra dice que él «conoce perfectamente que, en base a los resultados de la autopsia y análisis de toxicología, se le imputa que, al igual que había efectuado en los episodios anteriores, el día 21 de septiembre fue el que suministró a la menor una dosis tóxica de Orfidal para privarla de toda voluntad y defensa, y presuntamente facilitar la acción de asfixia, en un plan concordado con Rosario». Esta afirmación está basada en el contenido de las diligencias de las que se deduce, siempre poniendo a salvo la presunción de inocencia, que fueron los padres los que, de común acuerdo y tras estudiarlo durante al menos tres meses, asesinaron a la niña. De hecho, este periódico publicó ayer que el plan para matarla fue urdido a partir de la última semana de junio. Asimismo, habla de que se la quería privar de la posibilidad de defensa, al referirse, probablemente, a una ocasión en la que Asunta se dio cuenta, y, pese a estar drogada, se defendió con una patada. Su madre tuvo durante varios días un hematoma cerca de uno de sus ojos, como se adelantó en la misma edición.

Vázquez Taín aprovecha el auto para demostrar que en ningún momento los padres han desconocido las circunstancias por las que se le imputaba el asesinato de su hija. A este respecto, señala que «Rosario Porto conoce perfectamente que en base a sus confusas explicaciones sobre el presunto incidente en el que un desconocido intentó matar a la fallecida Asunta; sobre los episodios en los que Asunta fue supuestamente drogada (por Alfonso, según ella), sobre dónde y cómo dejó a la menor el día de su fallecimiento, y qué hizo en el periodo de tiempo en el que Asunta fue presuntamente asesinada, fundamentan su imputación en las presentes (diligencias), considerándola responsable en connivencia con el otro imputado, de drogar, durante un periodo de, al menos, tres meses a su hija, y de asesinarla mediante asfixia mecánica el 21 de septiembre».

Corrobora sus conclusiones con una serie de datos importantes, como el hecho de que Rosario cambiara la versión «de que su hija se había quedado en Santiago» y asegurara después que subió con ella a Teo. Todo, al sugerirle en el interrogatorio que las cámaras de la ciudad podrían haberle grabado acompañada de su hija de camino a la finca familiar. Eso sí, rehusó explicar «dónde la dejó al traerla de vuelta», según el auto. Es decir, que el juez pilló a la madre en un renuncio del que no pudo salir con una explicación lógica.

Por lo que respecta a Alfonso Basterra, en el auto consta que, por las «declaraciones de personas del entorno de la menor, se le acusa de aprovechar varias ocasiones que la menor pernoctó en su domicilio para drogarla con altas dosis de Orfidal. La propia Rosario afirma que Alfonso tenía Orfidal en su domicilio, y así se le informó a Alfonso, aunque éste desmiente a su esposa». Y agrega que «en base a la declaración de Rosario, se le acusa de haber intoxicado supuestamente a la menor al menos en una ocasión con polvos blancos que no ha explicado de qué se trataban».

Taín confirma que con el secreto del sumario (como adelantó LA RAZÓN el pasado 30 de octubre) «se trataba de que los posibles terceros sospechosos de haber colaborado o participado en el presunto asesinato de Asunta ofreciesen una explicación fresca de los indicios objetivos con los que se contaba, sin tener conocimiento de los mismos (posicionamientos físicos, llamadas...). Las diligencias de investigación practicadas con relación a posibles terceros han permitido obtener una versión como se buscaba, fresca, natural, sin la contaminación previa de saber los investigados qué indicios constaban en la causa». A este respecto, subraya que «pese a las gravísimas filtraciones que se han producido», los datos telefónicos de los investigados (M. G. R., M. E. O. y R. C. J.) y la identidad del ADN de la camiseta han permitido «afirmar con solvencia que son totalmente ajenos a los hechos objeto de las presentes (diligencias)».

El juez subraya que aún restan por practicar una serie de pruebas que justificarían el mantenimiento del secreto, como la desaparición del ordenador de Alfonso o de su segundo terminal móvil, pero, dado que los padres se han negado a colaborar en tanto se mantuviera dicho secreto, se levanta «por si los imputados desean, o no, colaborar en el esclarecimiento del presunto asesinato de su hija». Además, el martes tuvo entrada en el Juzgado la declaración del último de los sospechosos ajeno a los dos imputados.