El «traductor» judicial de la discapacidad intelectual

Una fundación crea en España la figura del facilitador para ayudar a declarar a personas con limitaciones intelectuales en casos de abusos.

Hay estudios que aseguran que una persona con discapacidad intelectual tiene entre un 60 y un 80 por ciento más de probabilidades de sufrir algún tipo de abuso a lo largo de su vida. De hecho, el alcance real del problema no se conoce porque el número de denuncias es muy bajo. La declaración de una persona con esta limitación ¿puede ser creíble y prueba suficiente ante la Justicia cuando hay por medio una denuncia de abusos sexuales o agresión? Hasta ahora, el 48 por ciento de los casos que llegaban a juicio se sobreseían y eran más las sentencias absolutorias que las condenatorias. Un alto porcentaje de denuncias eran archivadas porque los juzgados no tenían información suficiente para valorar si había habido delito o no. Sin embargo, la creación la figura del «facilitador» en 2010 por parte de la Fundación Carmen Pardo Valcarce ha dado un vuelco a esta situación y ha cambiado de manera radical la respuesta judicial hasta el punto de que el número de sentencias condenatorias se ha duplicado y han bajado del 48% al 14% los casos sobreseídos. Y no sólo eso, las declaraciones que hacen las víctimas a los facilitadores fuera de dependencias judiciales se están teniendo en cuenta por los juzgados como prueba prejudicial en los procedimientos de abuso.

¿Qué hace exactamente el facilitador? «Intenta evitar que un juez tenga que entrevistar a una víctima durante el proceso judicial para que no reviva el trauma de verbalizar una y otra vez lo que le ha pasado», explica Alberto Alemany, director de la Unidad de Atención a la Víctima de la Fundación Pardo Valcarce. Los facilitadores, psicólogos formados en este ámbito, ya se encargan de hacerlo. Todo comienza con la denuncia o la sospecha de un familiar de que una persona con discapacidad intelectual podría estar siendo víctima de abusos. El facilitador se traslada al punto de España donde se encuentre la víctima para recabar los datos. Allí se encarga de hacer una recopilación exhaustiva de información. «Normalmente solemos acudir al familiar más cercano o al profesional del centro al que acude habitualmente la víctima –siempre que no sea el abusador–, que nos informa de las capacidades de la víctima, de su manera de comunicarse... Ellos nos dan una idea previa de cómo es esa persona: si tiene autismo, si se pone nerviosa cuando no le dejan descansos o cuando no se respeta su rutina... Después nos sentamos con la víctima y es a partir de ahí cuando grabamos todas las conversaciones que mantenemos con ella previo consentimiento de su tutor legal», explica Alemany.

Plantear un formulario a una persona con discapacidad intelectual sobre un tema tan delicado como un abuso sexual, por ejemplo, tiene su complicación. Por eso se aplica un protocolo que se denomina Ecatdi (Evaluación de Capacidades que Afectan al Testimonio en Personas con Discapacidad Intelectual). «Ocurre que, muchas veces, una víctima no sabe situar un hecho en el tiempo, así que diseñamos preguntas con lo que nosotros denominamos “apoyos” para poder superar esas limitaciones; es una forma de preguntar de manera diferente. En un caso así lo que habría que plantear es lo siguiente: “¿lo que me estás contando ocurrió antes o después de tu cumpleaños?, ¿antes o después de la excursión que hiciste al zoológico y que tanto te gustó?”. Es una manera de situar un hecho en el tiempo». Y es que el cuestionario tiene que cuidarse hasta el extremo. «La información tiene que obtenerse a través de una narración libre y la pregunta debe hacerse de la manera más abierta posible. Lo contrario sería desastroso. Si haces una pregunta del tipo: te tocó los genitales, ¿verdad? La víctima puede deducir que lo que pretendes de ella es que responda que sí. Es lo que se denomina «deseabilidad social», aclara Alemany. «La memoria funciona como un bloque de plastilina que se puede manipular, es muy sugestionable y más en las personas con discapacidad. Si incorporas en la pregunta una palabra o una sensación, puede que la víctima lo incorpore como una realidad para futuras declaraciones». Para saber, por ejemplo, cómo se siente una víctima, para conocer cómo se encuentra tras la situación de abuso o para que ponga nombre a sus sentimientos, se le presentan varios fotos de una misma persona que expresan distintas emociones para que se identifique con una de ellas», añade. En la recogida del testimonio, el objetivo es dar respuesta a todas estas preguntas: qué ha pasado, con quién, a quién, cuándo, dónde, cuántas veces ha pasado, cómo». Concluido este trabajo, los facilitadores aportan la grabación a la denuncia con un informe. «Evitamos así que profesionales que no están suficientemente preparados hagan preguntas inadecuadas a las víctimas. Después, cuando avanza el proceso, y ya en sede judicial, «buscamos una sala con espejo en la que la víctima no sepa que la estamos grabando y la trasladamos todas las preguntas del fiscal, de la acusación y de la defensa, de una manera adaptada, con “apoyos” que le permitan superar sus limitaciones y dar respuestas». Además, el facilitador hace una labor de acompañamiento de la víctima en todo el proceso. «Damos respuestas a la víctima a preguntas del tipo: “¿quiénes son esos hombres con pistola? (en alusión a los policías); ¿quiénes son los de negro?” (por el juez y los fiscales)». Almudena Martorell, presidenta de la Fundación Carmen Pardo Valcarce, asegura que «desde la fundación estábamos muy preocupados por el elevado número de abusos que nos estábamos encontrando entre nuestros alumnos y trabajadores con discapacidad intelectual, y ello fue lo que nos animó a poner en marcha el proyecto de la Unidad de Atención a la Víctima con Discapacidad Intelectual (UAVDI). Esto ha permitido que, desde que existe esta unidad, un problema que estaba oculto ahora salga a la luz y se vaya perdiendo cada vez más el miedo a contar ese tipo de hechos incluso, llegado el caso, a denunciarlo, porque ahora las víctimas se sienten acompañadas en todo el proceso». El servicio ha crecido tanto que ahora la fundación registra una media de 10 casos mensuales de discapacitados intelectuales que acuden en busca de ayuda. El 63% son adultos y el 37% niños.