"Los extranjeros alucinan con que en España los okupas tengan más derechos que los propietarios", afirmó el economista Gonzalo Bernardos en sus redes sociales. Puede parecer una exageración, pero los propietarios cada vez se ven menos recursos ante este tipo de ataques, que llegan de distintas formas. No solo es frecuente la okupación tradicional, sino que cada vez se dan más casos de inquiokupación e incluso de herederos okupas.

La inquiokupación consiste en que los inquilinos dejan de pagar su renta, con contrato en vigor o tras finalizar, pero no se marchan de la vivienda. Estos casos se repiten diariamente pese a que algunas instituciones están empezando a intentar implantar distintos tipos de medidas para evitar los repetidos casos que afectan a nuestro país. Todos ellos tienen consecuencias para los propietarios. Las más visibles son las económicas, pero también pueden ser psicológicas e incluso físicas.

Esto está generando un miedo en la sociedad que afecta al mercado inmobiliario y su oferta. Eva López Cordero, CEO de Fincas Eva, analizó en el Idealista la situación actual y desveló lo que está ocurriendo con muchas viviendas: "Hemos detectado un incremento claro de propietarios que están valorando vender su vivienda por miedo a los impagos o a la okupación".

¿Por qué los propietarios tienen miedo?

Eva López señala que muchos prefieren vender antes que asumir el riesgo de tener a un inquilino moroso o, peor aún, un ocupante ilegal que no puedan desalojar durante meses. Afirma que la situación es crítica en España: "A eso se suma que la percepción general del propietario es de falta de protección jurídica y lentitud en los procesos judiciales". Muchos se extienden durante años, como en el caso de Kathy, una madre de familia que ha tardado un lustro en desalojar a su inquiokupa de su segunda residencia como afirmó en una entrevista a LA RAZÓN.

Este es el motivo de la inseguridad jurídica

Los propietarios se sienten inseguros y temen perder su casa. Eva López explica por qué ocurre esto: "Las constantes modificaciones en la normativa, como la Ley de Vivienda o los topes a los precios del alquiler, generan una sensación de inestabilidad. Muchos pequeños propietarios sienten que el marco actual penaliza al que alquila legalmente y no ofrece garantías suficientes". Los propietarios consideran que pueden perder más que ganar al alquilar una vivienda.

La CEO fue muy clara, centrando su exposición en Cataluña, lugar en el que más se repiten estos casos: "Todo esto se traduce en una consecuencia directa: en Cataluña hay cada vez menos pisos en alquiler". También señala que esta situación tiene la visión contraria y de ello se aprovechan algunos inversores: "Vemos cómo los inversores más profesionales aprovechan la coyuntura actual para comprar: saben que la demanda estructural de vivienda seguirá creciendo y que los precios del alquiler, a medio plazo, tenderán a ajustarse al alza por la falta de oferta".

Una propuesta en marcha

El PP llevó al Senado una medida que consiste en que los propietarios de los inmuebles okupados puedan interrumpir el corte de suministros básicos a los inquilinos ilegales, sin que los primeros se enfrenten a un posible delito de coacciones, algo en lo que se amparaban los okupas hasta el momento para evitar el corte. La medida ya se ha aprobado en la Cámara Alta y podría ser una realidad si obtiene el mismo resultado en el Congreso de los Diputados.

Ahí no hay mayoría popular, pero el PNV y Junts pueden decantar la balanza para que entre en vigor. De hacerlo, cortar el agua, la luz o el gas a los okupas estará totalmente permitido como ya ocurre en Barcelona tras un acuerdo de unificación de criterios de los jueces de las secciones penales de la Audiencia de Barcelona. Un paso más en la lucha contra un fenómeno cada vez más extendido en España.