El auge de la okupación no cesa y el Partido Popular busca frenar su impunidad. En busca de impedir que vivan tan plácidamente, el Senado aprobó una medida propuesta por el PP para reformar el Código Penal y despenalizar el corte de los suministros a los okupas. La medida consiste en que los propietarios de los inmuebles okupados puedan interrumpir el corte de suministros básicos a los inquilinos ilegales, sin que los primeros se enfrenten a un posible delito de coacciones, algo en lo que se amparaban los okupas hasta el momento para evitar el corte.

Actualmente, los propietarios se enfrentan incluso a penas de prisión, a excepción de los que viven en Barcelona, si deciden cortar el agua, la luz o el gas. Esto puede cambiar si el Congreso de los Diputados también aprueba una proposición de ley que ya ha sido validada en la Cámara Alta. Esta situación, unida a otras que hacen que conseguir el desalojo sea todo un reto, ha llevado a Gonzalo Bernardos, economista, profesor titular de la Universidad de Barcelona y uno de los analistas más reconocidos en materia inmobiliaria y coyuntura económica en España, a denunciar la situación en sus redes sociales.

Una ley que no se entiende en el extranjero: así funcionan los desalojos en Europa

Gonzalo Bernardos mostró su disconformidad con una comparación respecto a otros países: "Los extranjeros alucinan con que en España los okupas tengan más derechos que los propietarios". Es una afirmación muy contundente, pero que explica con dos datos que chocan: "En la mayoría de los países de Europa, antes de un mes los okupas están en la calle. En España, si recurren la sentencia del juzgado, puede tardar el propietario casi 2 años en echarlos".

La inseguridad jurídica es algo que vienen denunciado los propietarios desde hace tiempo atrás, pero las soluciones no terminan de llegar. En el mes de abril de este año entraron en vigor los juicios rápidos, pero estos solo son efectivos en los casos en los que se produce allanamiento de morada o usurpación de vivienda, dejando de lado la habitual inquiokupación. Miguel Ángel Mejías, un abogado penalista especializado en este tipo de casos, fue muy contundente tras su implantación: "Esta reforma no sirve para absolutamente nada y os están engañando".

Los cinco motivos del auge en la okupación

Gonzalo Bernardos no solo denunció la situación, sino que explicó las cinco razones de que los okupas se sientan intocables y de que cada vez haya más casos por toda la geografía española mientras que los desalojos se retrasan casi eternamente. Son los siguientes:

• La moratoria de desahucios para vulnerables.
• El propietario no puede cortarles agua, gas o luz.
• El propietario debe declarar en IRPF las rentas no cobradas.
• La Policía no actúa, si no es vivienda habitual.
• El propietario no puede entrar en su inmueble.

El Real Decreto que lo para todo

La moratoria de desahucios para vulnerables viene por el Real Decreto-ley 11/2020, que lleva vigente desde la pandemia e impide el desalojo de okupas vulnerables sin alternativa habitacional. Kathy, presidenta de Aprovij y víctima de inquiokupación, denunció la situación en LA RAZÓN: "¿Quién ha permitido esto? El propio Estado español, con su Real Decreto 11/2020, que ha blindado durante años a quien no paga, no respeta y destruye, y ha condenado al propietario a la espera, la impotencia y la ruina emocional".

La denuncia de la Plataforma de Afectados

El hartazgo entre los afectados por este problema es grande y, para intentar buscar una solución, el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Okupación, Ricardo Bravo, reclamó este lunes dejar de utilizar la okupación como "arma política", un "entendimiento entre las fuerzas mayoritarias" y una ley integral que haga frente a la okupación, la inquiokupación y la situación de vecinos convivientes en edificios donde se instalan mafias.

Ricardo Bravo compareció en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Senado, donde reclamó "ayuda y de todos los partidos políticos posibles" y lamentó que algunas formaciones "no nos quieren ni ver". El portavoz señaló que quienes sufren la ocupación no son bancos, ni fondos ni rentistas, puesto que, según indicó, el 98% de los afectados tiene una única vivienda. "No somos criminales", se defendió.