El «informe fantasma» de Mónica García para legalizar el cannabis medicinal

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha abierto un melón que se le puede atragantar a su socio de Gobierno. La política de Sumar ha decidido poner en marcha el eterno y controvertido proceso de regulación del cannabis medicinal, un tema que los socialistas siempre han manejado con bandazos a favor y en contra del mismo. Ayer, Sanidad anunció que ha arrancado el trámite para desarrollar el Real Decreto con el que prevé aprobar su regulación con fines terapéuticos.

«El texto se encuentra en fase de diálogo y discusión con la sociedad civil para recibir sus aportaciones. En paralelo, se ha abierto un correo en la web del Ministerio para que la ciudadanía pueda hacer aportaciones», explicaban desde el Ministerio de García. Hasta el 4 de marzo los ciudadanos, organizaciones y asociaciones podrán opinar al respecto para, según Sanidad, dar forma a esta «normativa partiendo de las conclusiones de la Subcomisión del Congreso de los Diputados de análisis de experiencias de regulación del cannabis para uso medicinal, que emplazó a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) a elaborar una hoja de ruta para aprobar la regulación».

Según García, «dicha hoja de ruta ha sido validada, además, por parte de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, que ha colaborado en conjunto con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios durante su elaboración».

Sin embargo, aquí surge una importante duda y es ¿cómo las sociedades científicas, las asociaciones y demás entidades podrán dar su opinión sobre un informe de la Aemps al que tan solo han tenido acceso los titulares de Sanidad? Es cierto que en todo proceso de elaboración de un Real Decreto existe un periodo para escuchar la opinión de quienes quieran manifestarse al respecto, pero en este caso sorprende el hecho de que se plantee ya con una forma determinada, Real Decreto, pero no se dé más información al respecto.

Para entender la opacidad de este informe conviene retrotraerse a mayo de 2021, cuando con 20 votos a favor y 14 en contra se aprobó la formación de esta subcomisión con el fin de analizar las experiencias de regulación del cannabis para uso medicinal en distintos países, así como la evidencia científica existente al respecto. El PSOE se mostraba animado a agilizar la legalización.

Un año después y con varias comparecencias de expertos, el 21 de junio de 2022, la comisión emitió sus conclusiones en las que, entre otros puntos, se concedía un plazo de seis meses a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para que estas recomendaciones se ajustasen a la normativa y fueran viables, permitiendo la disponibilidad en el mercado farmacéutico de extractos o preparados estandarizados del cannabis.

Este informe es la piedra angular para poder vertebrar una futura normativa que regule con calidad, seguridad y evidencia científica el uso del cannabis medicinal en España. Sin embargo, se trataría del «informe fantasma» ya que, fuera del Ministerio y tan solo al más alto nivel del mismo, nadie habría tenido acceso a él.

En una comparecencia del anterior ministro de Sanidad, José Manuel Miñones, en abril de 2023, este respondió a una pregunta del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), partidario de la regulación, en la que claramente apelaba al Gobierno sobre si «cumpliría con el mandado del Congreso de aprobar el uso médico del cannabis».

Pues bien, en ese momento, el socialista Miñones aseveró que todavía no se podía recomendar su uso «porque hay que ir de la mano de la evidencia científica». Algo, que entonces, parecía no existir. Es más, a renglón seguido añadió que era la Aemps la responsable de trabajar en ese informe para poder «establecer cuál es el encaje normativo más adecuado con dos objetivos: la seguridad y la eficacia. Es decir, que posaba la pelota en el tejado de la Agencia del Medicamento, dejándola «vendida» por no haber realizado su trabajo en el periodo de tiempo que le marcó la subcomisión encargada de estudiar esta cuestión.

Un informe que, según ha podido saber este diario, existe desde hace más de un año, pero que quienes los tienen en su mano no quieren hacer público.

Pues bien, ahora, 10 meses después García parece estar dispuesta en comenzar el proceso legislativo a través de un Real Decreto (no es necesario su trámite parlamentario, tan solo basta con la aprobación del mismo por parte del Consejo de Ministros), eso sí, sin sacar a la luz el documento de la agencia.

Se trata de «una medida rigurosa y basada en la mejor evidencia científica disponible», dijeron ayer desde Sanidad a través de un comunicado, y elaborarán «evaluaciones de forma periódica para comprobar su eficacia». «La regulación planteada es garantista en cuanto a la calidad de los productos y la seguridad de los pacientes, habilitando las vías legales disponibles para poder disponer de compuestos terapéuticos a base de preparados estandarizados de cannabis que hayan mostrado evidencia a la hora de aliviar el dolor y el sufrimiento de los pacientes, contemplando la administración por vía oral de estos compuestos por ser la más adecuada en términos de efectividad terapéutica y seguridad para los pacientes», añaden.

Lo previsible, una vez se publique el borrador de Sanidad de esta norma (tras concluir la fase de consulta pública y su correspondiente respuesta del Ministerio), es que lo que regule serán los preparados de cannabis, no los cogollos de la flor de marihuana.

[[H2:«Algo insólito»]]

Diferentes fuentes consultadas por este diario reconocen el «absoluto hermetismo» con el que tanto los socialistas como los de Sumar trabajan en este Real Decreto: «Es algo insólito». Es probable que el informe de la Agencia del Medicamento no sea tan claro en la materia y que incluso ofrezca ciertas dudas sobre las evidencias científicas del uso del cannabis con fines médicos.

«Además, para la agencia, si se aprobase, supondría un despliegue enorme de recursos adicionales para llevar a cabo los controles y los registros. Ahora mismo, no estaría preparada para este fin», dicen. Además, añaden que su aprobación crearía un estatus especial respecto a otros tratamientos y se abriría una veda difícil de gestionar en relación a otros fármacos. "¿Por qué habría que hacer una excepción con el cannabis y no con otros medicamentos?"

Y es que esta regulación se ha convertido en algo más político que técnico y, según personas que han seguido de cerca el proceso, lo tachan de «anómalo» e «interesado». «La regulación del cannabis la utilizan como cortina de humo y el PSOE ha dejado ahora que García saque el tema a debate público para tapar otros temas incómodos que les golpean, como la crisis abierta por el asesinato de dos guardias civiles en Barbate».

Es más, varios expertos apuntan que esta norma podría convertirse en la ley del «solo sí es sí» de Irene Montero: si funciona, el mérito se lo lleva el PSOE, si genera un rechazo social fuerte, cargan con la culpa a la ministra y evaden así la polémica.

De momento, el Ministerio asegura que se reunió el martes con varias asociaciones a las que toca de cerca este asunto y todas «aprobaban la nueva regulación», dicen. ¿Vieron ellas el informe «fantasma»? Al parecer, tampoco.