La ambigua relación del PSOE con el cannabis

Hace unos días, el Congreso debatía una proposición de ley presentada por ERC sobre la legalización integral del cannabis en España tanto para fines medicinales como recreativos. PSOE, PP y VOX lo tumbaban frente al resto del arco parlamentario dispuesto a avanzar en la legalización de esta sustancia. Mientras que, en los principales países occidentales, salvo en Bélgica y España, ya hay un marco normativo o, al menos, el inicio proyectos en este sentido, en nuestro país sigue siendo un asunto que genera ciertos dilemas y tabúes, tanto en el ámbito político comoen el social.

De ahí, que partidos como el PSOE hayan dado bandazos en este sentido desde que la cuestión cannábica llegara a las Cortes. Es más, es un tema que puede ser conflictivo de cara a los votantes, ya que, por ejemplo, según relatan a este diario personas que han estado en las conversaciones sobre una posible regulación de la marihuana medicinal en España «en el seno del PSOE hay grandes discrepancias al respecto y de cara a los numerosos procesos electorales que hay este año abiertos, es un tema que puede provocar el rechazo por cierta parte del electorado, de ahí sus contradicciones y freno a la hora de ponerse a abordar el tema con seriedad. Quieren evitar controversias y sorpresas durante los procesos electorales de 2023».

Es más, hay figuras, como por ejemplo la exministra de Sanidad socialista, María Luisa Carcedo, que mantienen un fuerte bloqueo para avanzar en las negociaciones: «Ella es quien lleva la batuta sanitaria en el PSOE en esta cuestión y mete mucha presión para no proceder a su legalización para fines terapéuticos», dicen.

Lo que resulta curioso es que fueron los socialistas los que impulsaron la creación de una subcomisión parara abordar este asunto. Fue en mayo de 2021, con 20 votos a favor y 14 en contra, cuando se aprobó la formación de esta subcomisión con el fin de analizar las experiencias de regulación del cannabis para uso medicinal en distintos países, así como la evidencia científica existente al respecto. Una decisión que fue refrendada por el Pleno en junio de ese mismo año.

Lo que parecía una apuesta firme para dar un paso adelante hacia una nueva normativa sobre cannabis se quedó en «stand by». Dicho órgano se reunió formalmente en cinco ocasiones y acordaron hasta un total de 26 comparecencias de expertos en la materia, muchos de ellos representantes de organismos públicos de otros países como Alemania y Portugal, con una intensa agenda de sesiones que incluso llegó a paralizar la actividad de la Comisión de Sanidad en el Congreso, dejando en la nevera otros temas importantes. Es uno de los motivos por lo que la Comisión de Sanidad no tuvo prácticamente tiempo para comparecencias o propuestas no de ley durante el pasado año, según explican varias fuentes a este diario.

El 21 de junio del año pasado la comisión aprobó un informe por mayoría en el que se concedía un plazo de seis meses a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) para realizar «los trabajos necesarios para que estas recomendaciones tengan encaje en la normativa y sean viables, permitiendo la disponibilidad en el mercado farmacéutico de extractos o preparados estandarizados del cannabis».

¿Quién mueve ficha?

Lo que ocurre es que estos informes no son vinculantes, suponen tan solo una petición para que el Gobierno mueva ficha, pero no tiene por qué hacerlo. Sin embargo, resulta chocante, cuando fue precisamente el PSOE en octubre de 2021, el que incluyó en las resoluciones de su 40º Congreso la intención de «promover la aprobación de un marco legal para el uso del cannabis medicinal en España a través del Sistema Nacional de Salud y con prescripción médica y dispensación controlada».

De hecho, fueron los socialistas los que aseguraban entonces que «los organismos internacionales han facilitado la investigación y avalado los usos medicinales y terapéuticos del cannabis al revisar a la baja su catalogación dentro de los estupefacientes. La evidencia científica ha dado pasos adelante, con una valoración positiva de posibles usos beneficiosos de derivados cannábicos en algunas enfermedades crónicas, en aquellas indicaciones en que tenga una eficacia demostrada y velando siempre por la seguridad jurídica».

Es más, ponían como ejemplo los distintos marcos establecidos en Portugal, Francia y Alemania, entre otros países, para implantar el uso del cannabis medicinal y que podían ser referencia en nuestro país. «Parece que su intención es dejar morir el informe de la subcomisión y que el tema se estanque, al menos hasta después de las elecciones», dicen.

Desde las asociaciones de pacientes se ha solicitado de manera recurrente el abordar «cuanto antes» esta regulación. Carola Pérez, presidenta del Observatorio Español de Cannabis Medicinal, afirma que su mayor preocupación «es el daño que pueda provocar en los pacientes la desinformación en torno al uso de cannabis medicinal, agravada por la multitud de productos que han aparecido en las farmacias. La sociedad española parece estar mucho más convencida que los políticos de sus beneficios». Según el CIS, el 90% de los españoles está a favor de su regulación para fines terapéuticos.