La lista de espera de dependencia baja un 37%

Los dependientes, muy a su pesar, han sido uno de los colectivos más perjudicados por la crisis y la reducción en los presupuestos tanto de las comunidades autónomas como por parte de la Administración general. La Ley de Dependencia se aprobó unos años antes del tsunami financiero y lleva varios años pasando factura a los que en 2006 esperaban que con esta nueva norma mejorara su bienestar. Pero no siempre ha sido así ya que los retrasos en la tramitación de los expedientes y la llegada del dinero para los beneficiarios se ha convertido en un suplicio para muchas personas necesitadas de ayuda. Así lo ratifica el anteproyecto de informe que ha enviado el Tribunal de Cuentas a las comunidades autónomas para que éstas emitan sus alegaciones. En las más de 150 páginas a las que ha tenido acceso LA RAZÓN, el organismo estatal fiscaliza las medidas de gestión y control que han adoptado las comunidades autónomas para aplicar la Ley de Dependencia.

Aunque da un tirón de orejas tanto a las 17 comunidades como al Estado, lo cierto es que, entre sus conclusiones también resalta algunos aspectos positivos, como la mejora en la gestión de la tramitación de expedientes ya que en los dos años que han transcurrido desde que Mato dirige Sanidad la lista de espera ha bajado un 37 por ciento y ahora se sitúa en algo más de 190.000 personas. Este Gobierno, además ha tenido que sufragar las deudas de algunas comunidades autónomas como la que mantenía Andalucía con los cuidadores, a los que les ha tenido que pagar la Hacienda pública y ha solventado las deudas que tenía con la Seguridad Social.

O lo que suena aún mejor, que «el importe de la financiación total aportada por la Administración General del Estado en 2013 ha sido superior al de 2011». Así, mientras hace tres años, por la ley de financiación autonómica de 2009, el Estado destinó 2.043 millones de euros para que cada región repartiera este dinero entre los dependientes –aunque, al no estar fiscalizado, cada comunidad lo puede destinar a lo que considere, en muchos casos no va a dependencia–, el año pasado esa cifra aumentó en casi 500 millones, hasta los 2.472. Y es que la decisión del ministerio de Montoro de trasladar una partida más copiosa a las comunidades para la dependencia se debe a los datos que también recoge el informe en el que se aprecia un incremento constante desde 2007 –cuando empezaron a entrar los primeros beneficiarios– que era de 24.450 personas, mientras que el año pasado la cifra aumentó hasta los 753.842 beneficiarios. Y es que, como avisan los demógrafos y el INE con sus datos, nuestra sociedad cada vez es más anciana y eso repercute en los datos de dependencia y en las arcas del Estado. Es cierto, como también expone el Tribunal, que de 2012 a 2013 el nivel mínimo de financiación que aporta el Ministerio de Sanidad a las comunidades autónomas se ha reducido en 200 millones y esta partida sólo se puede destinar a este fin. Como en esta materia la cartera de Ana Mato ha apostado por reforzar las ayudas a los grandes dependientes, la reducción se debe a que el número de personas en esta situación también ha disminuido. No obstante, el total de porcentaje de variación de 2013 con respecto al año anterior aporta un dato muy positivo porque aumenta más de 9 por ciento, una tendencia que mejora los datos de años anteriores cuando estos porcentajes –tanto en 2012 como en 2011– eran negativos. Es decir, se seguía perdiendo dinero para los dependientes.

Lo que aporta el Estado está claro; sin embargo, lo que recalca el informe es la falta de transparencia que existe en las comunidades autónomas a la hora de desglosar sus cuentas. «Carecen de sistemas de contabilidad analítica aplicable a los gastos de dependencia y, en su gran mayoría tampoco han dispuesto los instrumentos contables necesarios para efectuar el seguimiento contable de estos gastos», sostiene el anteproyecto. No obstante, el organismo no se ha dado por vencido en su intento de analizar cómo se financia la dependencia en cada región y «se ha tomado como gasto de dependencia durante el 2012 el importe de las obligaciones reconocidas de ese ejercicio». Así, se observa claramente qué porcentaje de los millones de euros que gasta cada comunidad autónoma en esta prestación proviene de Madrid y cuánto destina la propia autonomía. A la cola de las que dedican menos porcentaje están Canarias, Valencia o Galicia. Pero a ellas se unen dos autonomía que aseguran destinar mucho más de lo que en realidad, de acuerdo siempre con el Tribunal de Cuentas, dan. De los 1.278 millones de euros que recibió Andalucía en 2012, la Junto sólo aportó el 34 por ciento del total, en Cataluña, por su parte, esta cifra aumenta hasta igualarse prácticamente con la aportación del Estado, ya que se sitúa en un 50 por ciento.

Pero hay otras regiones que reflejan su apuesta por la dependencia como Extremadura, donde el 63 por ciento del presupuesto proviene de las arcas propias. En Madrid el porcentaje aumenta diez puntos. Los cambios normativos que se han ido produciendo a lo largo de los últimos años son uno de los principales escollos a la hora de desarrollar la norma y es que, como critica el Tribunal de Cuentas, «el desarrollo de la norma ha producido una excesiva dispersión normativa». El repertorio normativo «contiene referencias a 671 normas de diverso rango de las comunidades autónomas así como a 134 leyes estatales» lo que encarece la puesta en marcha de muchos servicios.

Inés de Araoz, asesora jurídica de Feaps (Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual), es una de las muchas expertas que ha intentado analizar la situación de la dependencia en nuestro país, pero «al intentar analizar la participación del beneficiario en las prestaciones, nos hemos topado con que en algunas regiones existen hasta siete normas diferentes».