La mitad de los expedientes irregulares corresponde a personas fallecidas

La mitad de los 25.806 expedientes irregulares de personas dependientes denunciados por el Tribunal de Cuentas correspondían a personas fallecidas, que ascendían a 12.055. Además, 1.363 expedientes estaban duplicados, por lo que la incidencia total en la estadística afectada a 13.418 casos. El número de expedientes sin repercusión estadística es de 12.388. Estas son tres de las principales conclusiones del proceso de regularización de la información recogida en el Sistema de Información, en relación con la información contenida en el Informe de fiscalización de la gestión económico-financiera y de la aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia, correspondiente al período 2007 a 2011, elaborado de oficio por el Tribunal de Cuentas, regularización que se ha venido llevando a cabo desde principios de año y que finalizó en abril.

Después de la regularización, el total personas dependientes beneficiarias de alguna de las prestaciones o servicios de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia asciende a 748.235, mientras que 218.345 tienen reconocido el derecho a acceder a estas ayudas pero aún esperan que les sean concedidas.

De esta forma, un importante número de estos expedientes se han venido regularizando durante el primer trimestre (un total de 13.110 expedientes), y ha tenido importantes repercusiones en los datos estadísticos, toda vez que en muchos de estos casos la regularización realizada ha supuesto la baja del expediente en el Sistema. En el mes de abril se finalizó el proceso y se procedió a dar la baja a un total de 5.929 expedientes, referidos bien a personas fallecidas, bien a expedientes duplicados.

Este proceso ha supuesto que en las cifras de este mes se haya experimentado un importante descenso, en todas sus dimensiones, (solicitudes, resoluciones de valoración, personas beneficiarias con prestación reconocida, etc...). En este sentido, debe tenerse en consideración que se trata de expedientes cuya fecha de fallecimiento es anterior al mes de abril, con lo que en

realidad su baja debería haberse producido en el momento del hecho causante. Asimismo, en abril se incorporaron al sistema 7.926 nuevos beneficiarios.

Para la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales este dato es un «espejismo» que no refleja una mejora en el sistema ya que, de ser así, el número de personas atendidas se habría incrementado en la misma proporción que se reducía la cifra de quienes estaban esperando, informa Ep. Sin embargo, no sólo no se ha incrementado sino que se ha reducido el número de beneficiarios.

Así lo ha explicado el director de la organización, José Manuel Ramírez, quien asegura que miles de personas en situación de dependencia han fallecido desde enero de 2012 esperando a recibir la prestación o servicio a la que tenían derecho por ley. «Es una inmoralidad decir que se reduce ese limbo de la dependencia por un aumento en la prestación de servicios, porque se debe al recorte de derechos y a los fallecimientos», afirmó.

En este sentido, citando datos oficiales indica que cuando Ana Mato llegó al Ministerio de Sanidad, «1.045.000 personas tenían derecho a recibir atención por dependencia y ahora son 966.580», lo que achaca a la reforma que ha dejado fuera del sistema a los dependientes moderados, a la falta de incorporación de nuevos dependientes severos y a los fallecimientos entre quienes estaban atendidos.

En cuanto a las regularizaciones, los Directores y Gerentes de Servicios Sociales consideran que se trata de un asunto «ridículo» y «residual» que no afecta demasiado a los grandes datos del sistema, ya que se trata de 13.418 expedientes «en un mar de más de un millón de personas» que están de un modo u otro, integradas en el sistema.

Las comunidades con más expedientes con incidencias en la estadística (fallecidos y duplicados) son Andalucía (2.248), Madrid (1.834), Cataluña (1.472) y Cantabria (1.438). En el otro extremo se sitúan La Rioja (15), Islas Baleares (24), Canarias (96) y Extremadura (163).