Los laboratorios piden protagonismo en la formación de los sanitarios

Las restricciones a los vínculos que mantiene la industria farmacéutica con los médicos y el resto de los profesionales de hospitales y centros de salud han sido una reivindicación constante de algunos grupos afines a la izquierda en el sector sanitario. Desde tiempos inmemoriales, plataformas y organizaciones diversas han pedido trazar líneas rojas entre las empresas que fabrican y comercializan medicamentos y los sanitarios, relegando incluso a un papel casi testimonial el rol que ahora juegan las primeras en la formación continuada de los segundos, pese a la inhibición que ha hecho en este particular capítulo la administración pública.

Este debate dialéctico se amortiguó durante la pandemia, en donde los laboratorios jugaron un papel crucial para su superación, pero ahora se reabre, después de que el Ministerio de Sanidad haya decidido sacar a consulta pública un proyecto de real decreto que podría tener una mayor carga ideológica que la que se presuponía en un principio. Se trata de la norma que regulará la publicidad de los medicamentos de uso humano. Aunque la redacción del texto es todavía desconocida, la patronal que agrupa a las compañías farmacéuticas que operan en España, Farmaindustria, ha remitido al Ministerio de Sanidad una serie de «consideraciones» de cara a evitar que al calor del periodo electoral los socialistas atiendan a peticiones extremas de sus socios de ultraizquierda.

En principio, el texto del Gobierno pretende acometer una regulación integral de los medicamentos de uso humano en su doble vertiente de publicidad dirigida al público en general y a profesionales sanitarios. Entre otros objetivos, también busca definir las competencias del Estado y de las comunidades en los diferentes ámbitos de actuación. Farmaindustria entiende que el texto no debe extralimitarse y que, por tanto, se enmarque en la directiva 2001/83/CE, que realiza una armonización completa, de manera que los Estados miembros no pueden someter la promoción de medicamentos a otros requisitos diferentes o adicionales, salvo que expresamente se lo permita la propia directiva.

También reclama al Ministerio de Sanidad que reconozca la labor de control de la publicidad de los medicamentos que realizan los organismos de autorregulación. En el seno de la patronal existe una unidad de supervisión deontológica que vela por la ejecución de buenas prácticas y que ya ha sancionado a varios laboratorios por excederse en su labor promocional de los fármacos. También reclama la organización que agrupa a la industria que el real decreto delimite de forma clara y precisa su ámbito de aplicación, distinguiendo la promoción de medicamentos del derecho a la información del que son titulares las compañías farmacéuticas.

Con respecto a la formación de los profesionales sanitarios, recalca que la contribución de la industria, «además de ser una actividad lícita, es necesaria para asegurar la calidad asistencial y la consecución de resultados en salud». En este punto, recuerda que las sociedades científicas estiman que, actualmente, al menos el 75% de los costes de dicha formación que desarrollan está financiado directa o indirectamente por la industria farmacéutica y tecnológica, mientras que el 20% está financiado por las cuotas de sus socios e inscripciones de participantes, y menos del 5% proviene de otros fondos como donaciones o la aportación de la administración pública. «Las sociedades científico-médicas consideran que no deben establecerse barreras a la financiación sin presentar alternativas viables, ya que esto puede repercutir directamente en la calidad de la formación médica continuada y, por ende, en la calidad asistencial y en la consecución de resultados en salud».

En este punto, Farmaindustria recuerda que su código de buenas prácticas «establece una serie de garantías para preservar la independencia en las relaciones con profesionales y organizaciones sanitarias, con la finalidad de evitar que se incentive la prescripción, dispensación o administración de medicamentos de prescripción».

Asimismo, esgrime que se garantice «la posibilidad de interrelación de la industria farmacéutica con las organizaciones de pacientes, permitiendo participar en el desarrollo de actividades de carácter científico o meramente informativo y de prestación de servicios». En su escrito, Farmaindustria formula además una reivindicación histórica: que el decreto declare expresamente que cabe la publicidad de medicamentos una vez obtenida la autorización de comercialización, «sin condicionar el inicio de la promoción a su comercialización efectiva o a una previa decisión de financiación y fijación de precio SNS».

Con relación a la visita médica, que es la que realizan sus delegados a los facultativos para informarles de los tratamientos, pide que la regulación que se acometa no incluya «las campañas online, al tratarse de dos ámbitos diferenciados y que no responden al mismo concepto».

También reclama delimitar «con precisión» el concepto de patrocinio, para conocer su alcance y ámbito de aplicación, «diferenciándolo claramente de la prestación de servicios». «No existe motivo alguno que impida a una compañía farmacéutica contratar los servicios de un profesional u organización sanitaria, en la medida en que se garantice que dicha contratación respeta la independencia del prestador de servicios y no establece vínculo de carácter laboral o asociativo».

Farmaindustria añade además que «las campañas de información y concienciación de enfermedades deben quedar al margen del concepto publicidad o promoción, debiendo reconocerse su naturaleza informativa».