Las comunidades autónomas gobernadas por el PP no entregarán al Ministerio de Sanidad, en el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns), que se celebra este jueves, los datos sobre los programas de cribado que realizan -cáncer de mama, colon y cérvix- al entender que han sido solicitados por "estrategia de confrontación política y de distracción" y que, además, "son competencia exclusiva de las comunidades autónomas" cuya "implantación, seguimiento y evaluación" vienen realizando "desde hace años con plena autonomía, profesionalidad y éxito contrastado". Así figura en las cartas que han enviado hoy a Mónica García los consejeros de Sanidad de las CC AA "populares", a las que ha tenido acceso LA RAZÓN.

"Todas las comunidades gobernadas por el Partido Popular disponen desde hace tiempo de programas consolidados, basados en la evidencia científica y con resultados equiparables o superiores a los estándares europeos", explican.

La iniciativa la puso en marcha la consejera del ramo de la Comunidad de Madrd, Fátima Matute, que envió la primera carta, y después se sumaron el resto de consejeros. En las misivas acusan al Ministerio de "manosear de forma maliciosa" el trabajo que en este sentido realizan las distintas comunidades autónomas. Y todo ello, según subrayan "sin aportar valor añadido alguno y generando inquietud en asociaciones de pacientes y entidades científicas que ven en esta maniobra un riesgo innecesario para la credibilidad de programas preventivos que funcionan y salvan vidas".

El sistema no está disponible ni operativo

Además, en las cartas se pone de manifiesto que "el Ministerio de Sanidad no dispone de una red propia de cribados, ni de sistemas de información actualizados o indicadores de calidad asistencial que vayan más allá de los meros datos de cobertura y participación. Tampoco existe ningún documento oficial del Ministerio que regule el funcionamiento o la evaluación de estos programas, más allá del documento técnico de consenso elaborado en el seno del Consejo Interterritorial".

En la misma línea, los consejeros censuran que Sanidad pretenda que las comunidades autónomas "aceleren" sus trabajos para dar esos datos cuando no ha completado "su propio trabajo ni validado técnicamente los instrumentos necesarios" para la comprobación de los mismos. Y es que, como recuerdan, el Ministerio aún no ha concluido el desarrollo del sistema informático necesario para la recogida y carga de los datos solicitados a las comunidades autónomas, "actualmente en proceso de revisión debido a las dificultades técnicas manifestadas por varias comunidades autónomas". "Además, el cálculo de los 22 indicadores previstos en dicho documento está supeditado al desarrollo del sistema informático específico que debe permitir a las comunidades autónomas cargar los datos requeridos, un sistema que aún no está disponible ni operativo. En consecuencia, resulta improcedente exigir en este momento la remisión de la información solicitada o de los datos incluidos en el anexo técnico del documento, al no estar estabilizado el modelo ni garantizada su homogeneidad", argumenta en la misiva.

Melilla: dos años sin cribados

Por otro lado, Matute pone de manifiesto la "falta de coherencia" del departamento que dirige Mónica García, que pretende "fiscalizar" los datos de las autonomías mientras en Melilla, donde el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), dependiente directamente del Ministerio de Sanidad, tiene asignadas las competencias asistenciales, el programa de cribado poblacional de cáncer de mama estuvo paralizado dos años: desde febrero de 2023 hasta enero de 2025. "Esto pone de manifiesto la escasa capacidad del propio Ministerio para garantizar la continuidad y calidad de los programas en los territorios bajo su gestión directa", señalan las cartas

Por último, los consejeros recuerdan a Sanidad que debería tener la misma diligencia con otros asuntos que, a su juicio, son "los verdaderos problemas que aquejan a nuestro sistema sanitario", es decir: "la grave falta de médicos y de profesionales sanitarios, cuya planificación y oferta de plazas de formación especializada son responsabilidad directa del Gobierno de España, la ausencia de financiación suficiente para los proyectos y leyes que el propio Ministerio impulsa sin memoria económica, dificultando su desarrollo en las comunidades autónomas y la incapacidad para sacar adelante un Estatuto Marco actualizado y consensuado con los profesionales, que sigue pendiente tras múltiples anuncios".