Radiación excesiva en Fukushima 7 años después

Las dosis excesivas de radiactividad persisten siete años después en áreas próximas a la accidentada central nuclear de Fukushima que han sido reabiertas a sus habitantes, denunció hoy Greenpeace en un informe.

El documento, basado en las mediciones realizadas por la organización ecologista sobre el terreno, señala que muchas de estas áreas se encuentran en situación de «emergencia radiológica» a pesar de que el Gobierno japonés ha levantado las restricciones de acceso a las mismas tras años de limpieza y descontaminación radiactiva.

El inquietante panorama que presenta Greenpeace, apoyada por Human Rights Now y otras ONG niponas, contrasta con la versión de las autoridades de Japón, que hablan de una progresiva vuelta a la normalidad en estas áreas castigadas por la catástrofe nuclear desencadenada por el terremoto y el tsunami del 11 de marzo de 2011.

En las localidades de Namie e Iitate, situadas a entre 10 y 40 kilómetros de la central de Fukushima Daiichi y donde se levantaron parcialmente las órdenes de evacuación en marzo del año pasado, la radiación continúa en niveles «muy por encima de los estándares internacionales», según Greenpeace.

La ONG señala asimismo la «escasa efectividad» de las labores de descontaminación en las zonas afectadas, y critica que Tokio «haya ido demasiado rápido» a la hora de reabrir estas áreas pese al «alto riesgo» que ello conlleva para sus habitantes, según dijo a Efe el experto en energía nuclear de Greenpeace Jan Vande Putte.

El Ejecutivo nipón, por su parte, mantiene que la radiactividad en las áreas reabiertas no supone riesgos para la salud humana, y cuenta con datos corroborados por expertos médicos de Japón y organismos como el Comité Científico de la ONU sobre los Efectos de la Radiación (UNSCEAR).

Pero esto no ha sido suficiente para convencer a las decenas de miles de personas que fueron evacuadas a la fuerza tras el accidente atómico o que abandonaron voluntariamente sus hogares por miedo a la radiación, y que han regresado a sus casas con cuentagotas.

De los aproximadamente 27.000 habitantes de Namie e Iitate que podían volver a sus domicilios, solo han regresado unos 950 o un 3,5 por ciento, según datos del Gobierno de la prefectura de Fukushima, que además de las reticencias de la población reflejan el proceso de despoblamiento que afecta a todas las zonas rurales de Japón.

La dosis de radiación marcada como referencia por el Gobierno para levantar las órdenes de evacuación es de 0,23 microsieverts por hora (que suponen una exposición anual acumulada de un milisievert), en línea con la recomendación de organismos internacionales.

Sin embargo, la organización ecologista y antinuclear ha detectado niveles máximos de 6,5 microsieverts por hora en algunas de las áreas reabiertas -28 veces más que el tope-, y su informe muestra que en el 60 por ciento de la localidad de Namie se supera el límite permitido.

Greenpeace afirma que sus mediciones cubren mayores zonas y emplean métodos más precisos que los del Gobierno, al llevarse a cabo con una metodología diferente e implicar más a los vecinos para tener en cuenta sus hábitos, como el de frecuentar los bosques que rodean a las ciudades, obviados en los datos oficiales.

«No es que los datos oficiales sean incorrectos, es que la interpretación de los mismos ha sido manipulada. Siempre se pueden seleccionar las mediciones más favorables o las tomadas en zonas menos contaminadas», explicó el experto.

En cualquier caso, e incluso si se toman los datos oficiales, la evolución de los datos de radiactividad «hace prácticamente imposible» que se cumplan los objetivos del Ejecutivo de reabrir hacia el año 2013 algunas de las zonas más contaminadas, donde serían necesarias al menos tres décadas más para volver a niveles seguros, según Greenpeace.

El accidente nuclear de Fukushima es considerado el peor de la historia tras el acaecido en Chernóbil (Ucrania) en 1986, y mantiene evacuadas a decenas de miles de personas, además de ocasionar graves daños a la economía local y acarrear un coste total para las arcas públicas estimado en 20 billones de yenes (152.815 millones de euros). EFE