Mónica García prepara el terreno para poner a cargos políticos al frente de Salud Pública y Salud Mental

Sanidad tendrá dos novedades organizativas, según el decreto de estructura del Gobierno –837/2023, de 22 de noviembre– publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Una es que la Dirección General de Salud Pública pasa a llamarse de «Salud Pública y Equidad en Salud». Se trata del órgano directivo del ministerio, adscrito a la Secretaría de Estado de Sanidad –que dirige el número 2 de la ministra y su hombre de confianza, Javier Padilla– y que asume las funciones relativas a la sanidad exterior; la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades y lesiones; la coordinación de la vigilancia en salud pública; la sanidad ambiental y la salud laboral; el desarrollo de criterios, estándares o requisitos de autorización y calidad de los centros y servicios sanitarios asistenciales; intervenciones sobre equidad y calidad en el sistema sanitario asistencial.

Este órgano directivo es donde se dirimen, entre otros asuntos, la coordinación y desarrollo de las estrategias en salud del Sistema Nacional de Salud (SNS), a través del Consejo Interterritorial, órgano en el que están representadas todas las CC.AA. En él se negocian los temas con potencial para generar inequidades, esto es, las vacunas, los tratamientos innovadores, las listas de espera, entre otros. Recordemos que Mónica García se enfrenta en su legislatura al reto de tratar de salvar un SNS «tocado» por largas listas de espera, profesionales desbordados y una atención primaria seriamente debilitada.

[[H2:Otro «caso Lacruz»]]

En la disposición adicional séptima se dice que «de conformidad con lo previsto en el artículo 66.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, no será preciso que las personas titulares de las Direcciones Generales que se relacionan a continuación (entre ellas la de Salud Pública y Equidad en Salud) ostenten la condición de funcionario», por lo que el texto parece anticipar un cambio en ese puesto directivo, tal vez para incorporar a alguien con un perfil más político.

Llueve sobre mojado en Sanidad, ya que esto ya pasó en 2020, cuando el Gobierno se vio forzado, tras meses en un limbo, a una reforma legal para permitir que Patricia Lacruz, directora general de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y de Farmacia hasta su dimisión agosto de 2022, ejerciera legalmente como tal sin ser funcionaria.

La persona que ocupaba el cargo de directora general de Salud Pública hasta el pasado 11 de noviembre era Pilar Aparicio.

Por su parte, la Dirección General de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia se mantiene como hasta ahora en denominación y rango jerárquico, pero en la disposición transitoria quinta del decreto se especifica que su titular «deberá tener la condición de funcionario de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1». Antes estaba excepcionando de esta condición.

Comisionado de Salud Mental

La segunda novedad es que se crea un Comisionado de Salud Mental, con rango de Subsecretaría, que dependerá directamente de la ministra, y en cuya dirección también es previsible que García «coloque» a un perfil político.

Y este es un tema de gran calado, dado que conviene recordar que el anteproyecto de Ley de Salud Mental –elaborado por Unidas Podemos y criticado por todas las sociedades médicas de Psiquiatría por ser «anticientífico» y descaradamente ideológico– podría salir del cajón al que lo desterraron definitivamente los anteriores ministros.

El planteamiento y las previsiones del texto han sido objeto de duras críticas en el ámbito sanitario. Pero, sin duda, el colectivo que ha argumentado las objeciones más severas ha sido la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP). Entre ellas, critica sus «omisiones», ya que en ninguna parte se habla de los trastornos mentales graves: las patologías de las que se ocupa preferentemente la psiquiatría y aquellas cuya atención presenta importantes carencias (número de profesionales, hospitales de día, centros de rehabilitación).

Según la SEP, el texto "cita constantemente los trastornos psicosociales y los malestares cotidianos. Pero no se nombran ni una vez la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el autismo, las demencias o los trastornos obsesivo-compulsivos. Como si no existieran".