Sanidad

Mónica García quiere regular el consumo de tabaco sin el Parlamento

La sorpresa en la industria tabacalera es mayúscula porque la fórmula del real decreto hurta el necesario debate

MADRID, 13/03/2025.- La ministra de Sanidad, Mónica García, hace declaraciones tras la reunión que ha mantenido este jueves con miembros de Marea de Residencias, Verdad y Justicia, y la Plataforma por la dignidad de las personas mayores en las residencias (PLADIGMARE), compuestas por familiares de fallecidos en residencias de mayores de la Comunidad de Madrid durante la pandemia y familiares, residentes y trabajadores de residencias de mayores. EFE/ Zipi Aragon
Mónica García, ayerZIPI ARAGONAgencia EFE

«Ya nos gustaría que el Ministerio de Sanidad nos regulara por una ley y no por la puerta de atrás», se lamentan en la industria tabaquera tras la aprobación en el Consejo de Ministros del anteproyecto de ley de prevención del consumo de alcohol en menores. «Nosotros no tenemos esa suerte», afirman estas fuentes porque la ministra Mónica García pretende aplicar la regulación a través de un real decreto que se aprobará en el Consejo de Ministros, sin ningún trámite parlamentario, bajo el epígrafe de Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo.

La industria tabaquera considera que el Ministerio de Sanidad está hurtando el necesario debate y muestra su enfado porque no ha podido presentar sus propuestas porque «no nos han recibido en el Ministerio ni tampoco en el grupo parlamentario de Sumar. Nos hemos reunido con todos menos con ellos». Esta afirmación no difiere en mucho de lo que publicó este periódico el sábado de fuentes de la industria de la cerveza y el vino: «Tienen a gala no reunirse con nosotros y a día de hoy no conocemos cuál es el texto que se aprobará. Hemos accedido a algunos borradores sin saber si son los definitivos».

Es decir, la ministra Mónica García quiere regular el consumo de tabaco o alcohol al margen de los sectores implicados. La sorpresa en el sector del tabaco es mayúscula porque la fórmula del real decreto hurta el debate cuando, además, «incluye conceptos regulatorios nuevos que nunca se han debatido. Nosotros no estamos en contra de la regulación porque estamos a favor de la transformación de la industria», afirman, para añadir que «tenemos un montón de propuestas como el control de vapeadores a través de dispositivos móviles para proteger a los jóvenes. Estamos dispuestos incluso a que el Gobierno establezca unas inversiones mínimas anuales para poder reducir todavía más la toxicidad de los productos y para generar otros alternativos mucho menos dañinos. Porque este es el punto crucial de nuestras políticas: la reducción del daño».

En Europa

La propuesta del Ministerio ahora está en Europa porque los gobiernos deben notificar los cambios al resto de miembros para que éstos puedan opinar sobre si les afectan los mismos.

Este proceso –TRIS– finaliza el 28 de abril y en ese momento el Ministerio puede poner en marcha los trámites. A finales de marzo se producirá otro hito importante ante el dictamen de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia.

Este dictamen no entrará en el fondo de la cuestión pero sí que puede exigir al Ministerio una justificación de por qué tramita la regulación por Real Decreto.

Para ello, el Gobierno deberá explicar cuáles son los motivos «de urgente necesidad y evidencia científica».

Una evidencia difícil de demostrar porque los estudios médicos afirman que el cigarrillo electrónico es un 95 por ciento menos perjudicial que el tabaco de combustión en términos de toxicidad (Ministerio de Sanidad Británico).

El Ministerio pretende eliminar los sabores en los vapeadores –lo que implicará su eliminación– y reducir hasta 0,99 miligramos la nicotina en las bolsitas que se comercializan para reducir el consumo de tabaco por combustión, cuando algunos chicles de nicotina tienen hasta 4 miligramos.

La industria se muestra favorable a eliminar los sabores frutales o dulces y los vapeadores de un solo uso. Y no exclusivamente.

La industria está invirtiendo para poder cambiar su modelo de negocio apostando por un mundo sin humo en el año 2035, pero «con alternativas reales y adaptadas».

El consumo de cigarrillos se estancó hasta 2022 con prevalencias de entre el 30,4 y el 34 por ciento de población que fumaba a diario.

Ese año se popularizaron otras fórmulas alternativas como el vapeo, tabaco calentado y bolsitas de nicotina, que han reducido el consumo tradicional en hasta cuatro puntos según el informe Edades que elabora el propio Ministerio.

Por eso, es contradictorio para el sector actuar contra aquellas fórmulas que reducen el consumo tradicional porque de esa forma se deja a los fumadores sin alternativas.

Es más, el 80 por ciento de fumadores que trata de dejar de fumar con medicamentos fracasa en su intento.

Desmonta el argumento

El Ministerio argumenta que más del 50 por ciento de los jóvenes ha vapeado, pero solo se quedan en este segmento el 0,1 por ciento y el grueso de población que utiliza este método tiene entre 25 y 34 años, lo que «desmonta el argumento del Ministerio, que considera que estas nuevas categorías son una puerta de entrada al consumo de tabaco en los menores de edad».

El problema para el Ministerio es que España está a años luz de lo objetivos de la Unión Europa de alcanzar un consumo del 5 por ciento en 2030 y menos del 2 por ciento en 2040. Solo Suecia está en estos números, que ha logrado a través de un producto de tabaco sin humo en formato húmedo y pasteurizado consumido por vía oral que se coloca debajo del labio para administrar nicotina a través de las encías.

Sin embargo, Sanidad actúa contra los que buscan nuevas alternativas, un colectivo de 1,8 millones de personas, que volverían al tabaco tradicional. Eso sí, el Ministerio ha renunciado a las cajetillas genéricas, sin marca, porque es todo un fracaso en los países donde se han implantado como Francia. No solo no se ha reducido el consumo sino que ha aumentado sustancialmente la economía sumergida. Según un informe de KPMG de 2019, el Estado dejó de recaudar por comercio de tabaco ilícito 270 millones de euros.

El Estado recauda al año 7.000 millones de euros en impuestos especiales y 2.000 millones en IVA, las medidas restrictivas tendrán una incidencia directa en el campo extremeño y afectaran a los 13.000 estancos de nuestro país, que emplean a alrededor de 25.000 personas.