Las monjas cismáticas de Belorado impiden que las cinco mayores abandonen el convento de Orduña

Una comitiva judicial, acompañada por agentes de la Guardia Civil, representantes del Arzobispado de Burgos y varias monjas clarisas, ha intentado este viernes, sin éxito, acceder al convento de Orduña (Vizcaya) para proceder al traslado de cinco religiosas mayores provenientes del monasterio de Belorado.

Las religiosas permanecen en las instalaciones de Orduña después de haber sido llevadas allí la noche anterior por las denominadas monjas cismáticas, en vísperas del juicio por el desahucio de la comunidad rebelde de Belorado.

Según fuentes del entorno del convento, el objetivo de la intervención era rescatar a las cinco clarisas de edad avanzada, consideradas al margen del cisma y sobre las que pesa una orden judicial de traslado impulsada por el Arzobispado y secundada por la autoridad judicial, informa Ep.

La operación, que incluía un dispositivo especial de transporte adaptado por las necesidades de las religiosas, no ha podido completarse debido a la negativa frontal de las cismáticas, quienes se han negado a entregar las llaves y han calificado la actuación como un "secuestro y abuso de autoridad".

El portavoz del grupo cismático, Francisco Canals, ha denunciado que la comitiva habría amenazado con "tirar la puerta y detener" a quienes impidieran el traslado. En ese contexto, la comunidad cismática ha alertado a los medios y ha difundido mensajes en los que se señalan que las monjas mayores "no desean abandonar el convento" y manifiestan su voluntad de permanecer junto a ellas en Orduña.

En la tarde de este viernes, la mayoría de las monjas rebeldes abandonaron el convento de Belorado para agruparse en Orduña, según han confirmado fuentes de la comunidad. Mientras, representantes del Arzobispado, así como miembros de la Federación de Clarisas de la provincia de Aránzazu, han insistido en la necesidad de dispersar y trasladar a las religiosas mayores a otros monasterios con mejores condiciones de atención.

Fuentes judiciales han precisado que, durante el intento de intervención en Orduña, tres de las cinco monjas han manifestado explícitamente su deseo de no marcharse, mientras que las otras dos, por su avanzada edad y delicado estado de salud, no han podido expresar su voluntad de forma clara.

De este modo, la jueza ha solicitado la intervención de la Fiscalía para que se proceda a su desalojo, dado el informe que certifica la situación de vulnerabilidad e indica la urgencia de proteger sus derechos.

Por su parte, las exmonjas insisten en que cualquier decisión sobre el futuro de las mayores corresponde únicamente a la comunidad con la que han convivido durante años y reivindican que "la voluntad de las mayores debe ser respetada como personas", al tiempo que han negando que haya una tutela ajena sobre ellas.

El Arzobispado de Burgos, que ostenta la administración legal de los monasterios implicados tras la excomunión de buena parte de la comunidad el pasado mes de mayo, ha sostenido que la prioridad es garantizar la atención y el bienestar de las cinco monjas mayores, separándolas del "clima de tensión" generado por la fractura eclesial.