«No cabe un trato desigual con el aborto por razón de discapacidad»

La anunciada reforma de la ley del aborto sigue moviendo a los distintos sectores que buscan una norma provida y no discriminatoria. Ayer el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) recordó que la ONU obliga a España a no discriminar por motivos de discapacidad en la regulación del aborto.

La organización, que agrupa a más de 7.000 asociaciones representantes de personas con discapacidad, considera que las legislaciones de 1985 y de 2010 sobre este tema no son compatibles con los derechos de este sector, según la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y de la que España forma parte.

Por eso aboga para que en la nueva legislación se suprima «cualquier referencia a la discapacidad en la regulación sustantiva del aborto, ya que no es de por sí un hecho relevante a estos efectos». Y así resolver la «contradicción» que existe, según el Cermi, entre la legislación española y la Convención de las Naciones Unidas. Su argumento se basa en el dictamen de septiembre de 2011, cuando la ONU sometió a España a un examen sobre la aplicación de la convención de la discapacidad en sus dos primeros años de vigencia (2008-2010). Tras esta revisión, el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad hizo un llamado al país para que en la ley del aborto de 2010 se suprima «la distinción en cuanto al plazo dentro del cual se permite que se interrumpa un embarazo por motivos de discapacidad exclusivamente».

Por ello, el Comité español pide no «dar un trato desigual ni menos favorable, en ningún ámbito normativo, incluido la interrupción del embarazo, por razón de discapacidad, ya que supondría una vulneración de los derechos de estas personas».

El Cermi insistió que la reforma que ha mencionado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se atenga «a los principios, valores y mandatos de la Convención de Naciones Unidas», que además impone obligaciones jurídicas claras a los estados y que deben ser observadas fielmente.

La organización Down España también coincidió ayer con la postura de Cermi. Su gerente, Agustín Matía, dijo que esta recomendación debe ser tomada en cuenta para la nueva normativa. Según Matía, la ley actual permite el aborto bajo un supuesto de anomalías del feto «que ha sido definido como discriminatorio». Para Down España, este tema es su principal preocupación y ha recomendado que la reforma contemple una mejora en cuanto a la información que dan los centros de salud a los padres cuando se detecta una posible limitación del niño que va a nacer. «Debe ser una información neutra sobre los que es la vida actual de estas personas», afirmó Matía.

Una campaña por cero abortos

La plataforma Derecho a Vivir impulsa una campaña para pedir al Gobierno «una ley de aborto cero». Ayer desplegó una pancarta con el lema #BorraElAborto como punto de partida de esta iniciativa. Para ello han desplegado 150 vallas en diez comunidades autónomas con esa petición. La campaña se mantendrá durante mayo y junio y contará con acciones callejeras y de concienciación sobre este tema. Este sector pide la abolición del aborto eugenésico en su totalidad.