El Gobierno, y el conjunto de la UE quieren alcanzar en 2040 que solo un 5% de la población consuma tabaco. La media actual en Europa es del 25% y en España el porcentaje de fumadores era en 2022 del 24,9%, y en 2024 una de cada cuatro personas consumía tabaco de forma diaria. Sin embargo, no parece que el camino iniciado por el Ministerio de Sanidad sea el correcto. No dialoga con el sector a pesar de que las tabaqueras plantean un abanico de alternativas al tabaco tradicional, cierra las puertas a estas alternativas a pesar de los informes sanitarios, ha recibido un severo correctivo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y, según ha podido saber LA RAZÓN recibirá quejas de los países de la Unión Europea en el trámite del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo.

Esta propuesta ministerial está en Europa para ser analizada por el resto de países para ver de qué manera les pueden afectar los cambios. Este proceso -TRIS- finaliza el 28 de abril y en ese momento el Ministerio puede poner en marcha los trámites aprobando un Real Decreto que no pasará por el Congreso de los Diputados. En caso de objeciones por parte de algún país, se podría alargar el proceso tres meses más. Y se alargará porque como mínimo Rumanía ha enviado a la Comisión un informe negativo, y fuentes comunitarias auguran que más países pondrán en cuestión el plan de la ministra Mónica García. Este revés se suma al zamarrazo considerable de la CNMC, que cuestiona con contundencia las medidas del Real Decreto, alegando “que es absolutamente necesario hacerlo con la legislación adecuada argumentando y justificando las medidas con evidencia científica”.

O sea, la CNMC exige que el Ministerio reconozca el derecho constitucional de la libre empresa y que las restricciones tengan evidencia empírica y científica. El asunto es que el ministerio se limita a restringir cigarrillos electrónicos o bolsas de nicotina, dejando sin alternativas a un colectivo de 1,8 millones de personas, que volverán al tabaco tradicional si se aprueba el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo. Y un dato a tener en cuenta: un 80% de los fumadores que quieren dejar el tabaco fracasan porque no tienen una alternativas.

El equipo de la ministra tiene a gala no reunirse con el sector pero tampoco escucha las opiniones sanitarias. Alan R. Boobis, Profesor Emérito de Toxicología y presidente del Comité de Reino Unido para la Toxicología, afirma que el consumo de cigarrillos es una importante preocupación para la salud pública. Por lo tanto, el hecho de que los fumadores cambien a un producto menos nocivo, mitigaría parte de este daño causado por los cigarrillos. Es decir, además de reducir los espacios de consumo y concienciar a la población de los efectos negativos en la salud, los expertos proponen avanzar en elementos sustitutivos porque solo con la prohibición no se consigue nada.

En esta línea, también se pronuncia el portavoz de la Plataforma para la Reducción del Tabaquismo, Fernando Fernández Bueno, oncólogo del Hospital Gómez Ulla de Madrid. El doctor se desgañita dando su opinión pero no parece que se le escuche en el Ministerio.

“Esta prohibición de facto es un grave error en términos de salud ya que la ciencia ha demostrado que ambos productos -bolsas de nicotina y cigarrillos electrónicos- contribuyen a la cesación tabáquica, y la prohibición de sabores en cigarrillos electrónicos puede dificultar que los fumadores abandonen el tabaco”, afirma en una entrevista reciente. Va más allá cuando afirma “la nicotina no es la causa de la muerte sino el humo de los cigarros”.

En España el porcentaje de personas que vapean es del 2,2%. En Europa un 2,9%. Y este porcentaje está formado por un 95% de fumadores que quieren dejar el tabaco de combustión y pasarse a los cigarrillos electrónicos, con un impacto menor en la salud, como corrobora el Ministerio de Sanidad británico. Ahora el ministerio tendrá que adaptarse a lo dictaminado por la CNMC y por el varapalo europeo.

De hecho, el Ministerio demostró un profundo desconocimiento de la normativa europea en la respuesta a una pregunta por escrito sobre las bolsas de nicotina de la Unión del Pueblo Navarro, cuya prohibición pone en entredicho la CNMC. Según el Gobierno “estos productos no se encuentran reconocidos ni en la normativa nacional ni en la europea”. Los europeos de Polonia, Eslovaquia, Irlanda, Grecia, Francia, Bulgaria Suecia -donde las bolsas han anulado el consumo de tabaco-, República Checa, Austria, Finlandia, Italia, Rumanía, Hungría y Luxemburgo no se deben haber enterado de que no lo tienen regulado. Rumanía, de hecho, muestra sus quejas en el trámite europeo en esta materia. El nuevo plan quiere reducir el contenido de las bolsas de nicótica a 0,9 miligramos. Ahora algunos chicles tienen hasta cuatro y su efectividad se sitúa en 16. O sea, no es difícil deducir que el ministerio quiere prohibir otro producto que ayuda a “dejar el vicio”. Si no las pueden usar, los usuarios pueden volver al tabaco o las buscarán en la economía sumergida. Y es más. En algunos de estos países los médicos prescriben a los fumadores cigarrillos electrónicos o bolsas de nicotina.

El plan de Mónica García hace aguas en Europa y en el organismo regulador. Pero también en el mundo económico. Las bolsas de nicotina y cigarrillos electrónicos concentran su producción en pequeñas y medianas empresas catalanas. El 80% de la producción industrial de líquidos se concentra en Cataluña, un 46% de la industria de sabor tabaco y un 34% de otros sabores. El plan de la ministra García dejaría en el paro a 140 trabajadores catalanes. Ni Junts ni ERC se han pronunciado todavía.