Política equivocada

El estudio de Emilio Jesús Alegre del Rey presentado ante el Congreso Europeo de Farmacia hospitalaria da por lo menos tres claves interpretativas que nos llevan conjuntamente a una misma conclusión. La primera es que el efecto interceptivo de la denominada PDD se debe sólo en parte a su función antiovulatoria, al menos un 30% sobre un 80% no se explicaría por esa función que es la que ha justificado su uso general. Sigue presente la fundada sospecha de sus efectos abortivos, entendiendo por tales que afecta a embriones, es decir actúa posfecundación. Los modelos animales no bastan para superar esta fundada sospecha.

En segundo lugar la generalización del uso de un medicamento con fuertes efectos colaterales no parece que esté suficientemente justificada, sobre todo si determinadas legislaciones como la española lo excluyen de las medidas habituales de control de otros medicamentos. Y me permito recurrir al manido ejemplo de los antibióticos para observar que aquí, de nuevo, estamos ante una «excepción ideológica». Pero la clave más relevante que recoge el estudio, ésta claramente contrastada, es que la generalización del uso del levonorgestrel poscoital a altas dosis no ha servido para disminuir la razón fundamental que se ha aducido y que es la prevención de los denominados «embarazos no deseados». El número se mantiene y se justifica en un auténtico efecto producido por el cambio de hábitos en las personas que lo utilizan. La conclusión es que toda la política que se ha seguido en los últimos años en España destinada a generalizar y facilitar el uso de este producto ha sido equivocada y que por diversas razones esta política no ha sido sometida a los adecuados controles y revisiones. En última instancia cuando se pretende actuar sobre acciones humanas ligadas a la responsabilidad, el olvido de esta cualidad y la mera extensión de determinado medios técnicos está abocada al fracaso.

*Profesor de Filosofía del Derecho de la UCM y miembro del Comité de Bioética de España