Procesos extrajudiciales: una respuesta creciente ante la okupación de viviendas

Los procesos de desalojos están muy cerca de sufrir un cambio muy significativo. El próximo 3 de abril entrará en vigor la enmienda propuesta por el PNV para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permitirá que los casos de allanamiento de morada y usurpación pasen a juzgarse en procedimientos abreviados, es decir, en un plazo de 15 días desde su puesta a disposición judicial. El PSOE ha intentado parar este cambio a última hora, pero parece que no lo conseguirá por falta de apoyos.

Hasta el momento, los desalojos que no se realizan de manera inmediata por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se dilatan en el tiempo y el desahucio puede tardar meses o años en llevarse a cabo. Esto es especialmente palpable en los casos con okupas vulnerables debido a que el Real Decreto-Ley 11/2020impide el desalojo de personas vulnerables sin alternativa habitacional. Esto hace que los propietarios acaben perdiendo la paciencia y en algunos casos, cada vez más frecuentes, se inicie un proceso extrajudicial.

Procesos extrajudiciales contra los okupas, cada vez más habituales

La Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (FADEI) avisa que estos procesos paralelos son cada vez más habituales en España. Según explican desde la Federación, cada vez más propietarios deciden tomar esta vía ante la lentitud de los procesos judiciales: “Si los arrendadores inician procesos extrajudiciales es debido a la lentitud de la justicia y a la gran falta de seguridad jurídica que existe en estos momentos para los propietarios”, señala Miguel Ángel Gómez Huecas, presidente de FADEI.

La dificultad para recuperar las viviendas de manera relativamente veloz ha desencadenado este fenómeno: "Por eso han proliferado empresas especializadas en la desokupación que ya se están convirtiendo en grandes compañías". Desokupa, liderada por Daniel Esteve, es una de las que más notoriedad tiene, pero no es la única. Otras como Servi-Okupas también han estado presente en muchos casos, como en la okupación masiva de Carabanchel.

¿En qué consiste la vía extrajudicial?

Al hablar de vía extrajudicial queda claro que está manera de actuar está al margen del proceso que tiene lugar en los juzgados, pero no siempre es igual. Puede conllevar desde asesoría jurídica personalizada hasta intermediación profesional para recuperar la vivienda sin necesidad de agotar el procedimiento judicial completo. En principio es legal, siempre que no se utilice la violencia, intimidación o coacción y sea una simple mediación.

La necesidad de reformas legales

Con una respuesta más rápida y eficaz, se evitaría que los propietarios se vieran abocados o tentados a usar esta vía alternativa. “Desde la patronal insistimos en la necesidad de reformas legales que protejan de manera efectiva a los propietarios y garanticen una rápida recuperación del inmueble en aras de evitar que la okupación siga siendo un problema estructural en el sector inmobiliario español. Hemos de dar herramientas a los jueces para que puedan proteger el derecho a la propiedad privada de la ciudadanía”, pedía Gómez Huecas. FADEI señala cinco posibles medidas para solucionar este problema:

Cinco medidas para frenar a los okupas

• Reforma legislativa para agilizar los desahucios: Se propone desde la Federación modificar la Ley para acortar los tiempos de expulsión de okupas, mediante un procedimiento rápido que permita recuperar la vivienda en un máximo de 48-72 horas, evitando así procesos judiciales extensos.
• Endurecimiento de sanciones en casos de okupación: Ante la aplicación de penas leves en muchas situaciones, se sugiere incrementar las sanciones para aquellos que reincidan en la okupación, así como para las organizaciones criminales que se benefician de esta práctica, con el objetivo de frenar estos delitos.
• Asistencia integral a propietarios afectados: Se plantea la creación de una oficina especializada en el apoyo a propietarios perjudicados por la okupación, ofreciendo asesoramiento jurídico sin coste y asistencia directa, lo que facilitaría la recuperación de sus inmuebles y reduciría tanto el impacto económico como el psicológico.
• Mejora en la coordinación entre seguridad y justicia: Una acción conjunta entre la Policía, la Guardia Civil y el poder judicial, mediante un protocolo de actuación más eficiente, permitiría intervenir de forma inmediata y evitar que los okupas se beneficien de vacíos legales o demoras administrativas.
• Alternativas habitacionales para familias vulnerables: Dado que muchas okupaciones se derivan de la falta de acceso a una vivienda digna, se pide reforzar las políticas de vivienda social y promover el alquiler a precios accesibles, lo cual aliviaría la presión sobre el mercado inmobiliario y ofrecería soluciones a quienes realmente lo necesitan.