Caza de brujas contra la Sanidad privada

Muchos de los médicos que reniegan de la Sanidad privada en las calles –e intentan denostar especialmente el modelo público de gestión privada– son profesionales que ejercen por la mañana en un centro público y por la tarde en una clínica u hospital privado. A pesar de su enconada defensa de la Sanidad pública, no es infrecuente incluso que abandonen su puesto allí antes de finalizar la jornada matinal –que oficialmente acaba a las tres de la tarde– para así llegar con tiempo a una intervención o consulta en su segundo empleo en un centro privado.

Aun así, la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) ha iniciado un nuevo capítulo de su cruzada contra el modelo mixto, de titularidad pública y gestión privada, en línea con la estrategia marcada por el PSOE en un gran bastión del Partido Popular como es la Comunidad de Madrid.

Fuentes sanitarias revelan que el sindicato ha dispuesto un entramado para recopilar todo tipo de información negativa relativa a los hospitales públicos de gestión privada y, en un segundo término, los centros privados en general. Buscan casos de pacientes disconformes, presuntas irregularidades, quejas sobre la calidad del tratamiento o derivación de enfermos hacia los grandes hospitales de referencia de la Comunidad de Madrid. Esa información puede usarse como arma arrojadiza para sembrar la duda sobre el funcionamiento de los centros que ya operan bajo el sistema mixto hacia el que camina la Sanidad madrileña.

Desde un simple formulario en su página web resulta sencillo informar sobre –dice el encabezado– «irregularidades que atenten contra la calidad de la asistencia sanitaria (traslados irregulares, irregularidades administrativas tales como sustracción de lista de espera, falta de transferencia de documentación clínica que supongan una amenaza de seguridad para el paciente».

La búsqueda de posibles situaciones anómalas, demandas o negligencias que tengan como escenario un hospital madrileño que ellos consideran «privatizado» por externalizar su gestión podrá usarse como argumento para que la opinión pública piense que en estos centros se practica una medicina de menor calidad con el fin de ahorrar y, por tanto, que el beneficio para la empresa gestora sea mayor. Por su parte, Pedro González, presidente de AFEM, asegura que «el objetivo del formulario es vigilar la calidad de la Sanidad, en general, pública y privada, y que los datos recopilados servirán para elaborar informes sobre cómo están afectando las políticas de recortes a la atención médica».

Todas las protestas tienen en el punto de mira el Gobierno madrileño mientras se pasa por alto el hecho de que la Sanidad andaluza y la catalana –ésta con una larga trayectoria– han apostado por modelos de gestión privada en muchos de sus centros. Para Isidro Díaz de Bustamante, presidente de la Confederación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados , «da la sensación de que todo esto tiene un trasfondo político y sindical, pues la Sanidad pública y la privada llevan tres décadas trabajando juntas. En Madrid todas las clínicas tienen algún concierto con la pública. Se eliminan listas de espera y los médicos se forman también en nuestros centros, en los que la calidad del servicio es muy alta. Quien quiera dar la sensación de que no se aplican los mejores tratamientos, la tecnología punta y los materiales de calidad en centros privados puros, o públicos con gestión privada, intentará confundir a la opinión pública. Una atención deficiente por parte de esos centros se traduce simplemente en que el paciente no vuelve a tu hospital, así que es absurdo pensar que las cosas funcionan peor en esos hospitales». Según González, «nuestro marco de acción es Madrid, no Andalucía ni Cataluña. Hablamos con otras regiones para que los médicos nos concienciemos de nuestro papel en el sistema sanitario, pero somos de Madrid». Eso sí, en la cuenta de Twitter de AFEM sí se preocupan de otra comunidad y su cambio en el modelo, pero no es ni Cataluña ni Andalucía, sino Castilla-La Mancha, también gobernada por el Partido Popular.

Entre las críticas al modelo privado o público-privado y la lucha contra el PP en la Comunidad de Madrid, fuentes del sector recuerdan que muchos facultativos están defendiendo en las calles su propia condición de estatutario y ciertos privilegios que no tienen cabida en un modelo más eficiente de gestión. Baste como ejemplo que la media de días de baja en el Servicio Madrileño de Salud era en 2009 de 21 días al año. Un simple plan de control de ese elevado absentismo redujo la cifra a 16 días y medio en 2011. El incumplimiento de los horarios de forma injustificada o, por ejemplo, el abismo en el número de pacientes atendidos al mes entre especialistas de un mismo servicio son circunstancias que no se cronifican en un modelo de gestión privada que persiga la eficiencia.

Un doble rasero si la clínica practica abortos

El diputado madrileño por el PSOE –y especialista en Neumología– José Manuel Freire Campo, es una de las voces beligerantes contra la «privatización» (mal llamada así, ya que nadie ha privatizado o va a privatizar un hospital, sino que se externaliza la gestión). Sin embargo, no ve conflicto en haber dirigido el Centro Oncológico MD Anderson de Madrid, un elitista centro totalmente privado donde el tratamiento contra el cáncer pasa por el bolsillo del paciente. Otra situación paradójica es que el odio a la medicina privada no se extienda a las clínicas que practican abortos. En este caso, esa derivación de pacientes hacia un centro privado no parece irritar ni suponer problema para algunos representantes políticos de partidos de izquierda. Sin ir más lejos, Marisa Castro, de Izquierda Unida, fue fundadora de la Clínica Isadora, pero el aborto sí tiene cabida en la Sanidad privada.