El Ministerio de Sanidad ha respondido a la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) a sus declaraciones acerca de que el nuevo redactado del borrador del Estatuto Marco, que se supone que incorpora los cambios propuestos por las comunidades autónomas, ha suprimido algunos de los avances recogidos en la versión anterior. "Nos encontramos, por tanto, ante un texto que empeora el anterior, que para nosotros ya era inaceptable", señalaban hace unas horas en un comunicado.

El departamento que dirige Mónica García se ha apresurado a desmentir dichas afirmaciones, además de señalar que "dicho borrador fue remitido a las organizaciones sindicales a petición expresa del conjunto de representantes sindicales presentes en el Ámbito de Negociación, incluida la propia CESM, como consta en la carta registrada el pasado 4 de septiembre".

Una justificación sin sentido ya que es obvio que la única razón por la que han compartido el borrador ha sido la presión de la gran mayoría de las organizaciones sindicales que representan a las profesiones sanitarias, que se negaron a seguir negociando si no se les enseñaba el texto definitivo resultante de incluir las aportaciones de las autonomías. Sanidad afirma que "facilitó un documento en el que se señalaban de forma diferenciada todos los cambios introducidos —incluidos añadidos, correcciones y supresiones— con el objetivo de garantizar la máxima transparencia sobre el origen y el contenido de cada propuesta".

Cabe señalar que gran parte de las "aclaraciones" que hace el Ministerio están justificadas por argumentos como el de no invadir "competencias exclusivas de las comunidades autónomas". Una huida hacia adelante esperada y ya anunciada por distitos sindicatos de sanitarios, como Satse, CSIF y CC OO, que la semana pasada acusaron a Mónica García de "echar balones fuera".

El borrador del Estatuto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, apoya punto por punto las críticas de CESM. Sirva de ejemplo la eliminación de la obligatoriedad de que la hora de guardia se retribuya al menos igual que la hora ordinaria, uno de los pocos avances que recogía el proyecto de nuevo Estatuto Marco gracias a la presiones de la profesión médica. Sanidad se justifica diciendo que "el establecimiento de retribuciones complementarias es competencia autonómica. Imponer mínimos retributivos desde el Estado podría generar conflictos de competencias, por lo que se ha eliminado esa fórmula concreta".

Otro ejmeplo, donde CESM denuncia que "se suprime la referencia a un descanso semanal de 36 horas y se vuelva a la actual redacción, que contempla un descanso semanal de 24 horas al que se suma el descanso diario de 12 horas", Sanidad alega que "se mantiene el derecho al descanso semanal conforme a la normativa vigente, que establece un mínimo de 24 horas de descanso continuado cada siete días, al que se suman las 12 horas correspondientes al descanso diario, alcanzando así un total de 36 horas consecutivas".

Respecto a la "supresión de la obligación de los servicios de salud de establecer ratios adecuadas de profesionales que permitan cumplir sus objetivos", el Ministerio alega que "la mención a ratios se ha eliminado a solicitud de las comunidades autónomas, ya que establecer ratios homogéneas implica una planificación nacional que requiere estudios técnicos actualmente en tramitación parlamentaria como ley específica. No se trata de una eliminación de derechos, sino de una reubicación normativa a un instrumento más adecuado y específico".

Pese a que los sindicatos de la Mesa del Ámbito ya han anunciado un calendario de movilizaciones y asegurado que no descartan una huelga si Sanidad mantiene su postura de que las negociaciones prosigan en el Foro de Debate de Diálogo Social, el Ministerio no da su brazo a torcer.

Como indican en el comunicado, "mañana se celebrará una nueva reunión del Ámbito de Negociación, centrada en el análisis del borrador con las aportaciones de las comunidades autónomas, seguida de una sesión del Foro Marco para el Diálogo Social, órgano consultivo en el que participan el Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas y las organizaciones sindicales".