Sanidad pospone la eliminación definitiva de las mascarillas a después del 28-M

La Comisión de Salud Pública celebrada ayer no ha resuelto ninguno de los puntos calientes de su orden del día. Uno de los temas era la revisión de la estrategia de vigilancia de la covid –toda vez que la Organización Mundial de la Salud ha decretado el fin de la emergencia sanitaria– y, dentro de ella, la polémica decisión de si se debe seguir manteniendo la obligatoriedad del uso de mascarilla en hospitales, centros sanitarios y farmacias o si, como han pedido algunas comunidades autónomas –como Madrid– y apoya parte de la comunidad científica, habría que eliminarlas dado que no hay suficiente evidencia sobre que los beneficios sigan superando a los posibles perjuicios que ocasiona.

Sanidad, que lleva meses mirando para otro lado mientras el cubrebocas pasaba a la historia en la mayor parte de países de nuestro entorno, ha decidió lavarse las manos y aplazar esta decisión polémica a después de las elecciones. La política manda.

Un estudio reciente publicado en la revista Annals of Internal Medicine recomendaba a las autoridades poner fin a esta práctica preventiva. Aunque el «pro» de ofrecer mayor protección al personal sanitario pesa, puesto en la balanza ganan los «contras»: llevar mascarilla en el hospital no tiene impacto alguno en la contención de un nuevo brote con variantes del linaje Ómicron, el coste –ya que se ha producido un aumento «por inercia» del uso de este producto – y la disminución de la calidad del cuidado emocional ofrecido a los pacientes.

Lejos queda la frase que Fernando Simón, director del CCAES, dijo hace más de un mes preguntado sobre cuándo se iban a eliminar por completo: «estaría bien que las mascarillas siguieran usándose en hospitales un tiempito más». ¿Cuánto es un «tiempito»?

[[H2:Bronquiolitis en «stand by»]]

Pero la decisión sobre las mascarillas no es no es lo único que Sanidad ha decidido dejar en suspenso. También ha «escurrido el bulto» de su papel como mediador y coordinador del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, aparcando otra decisión que tiene[[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/sociedad/inmunizacion-frente-bronquiolitis-bebes-divide-comunidades-autonomas_20230517646452546cbd630001a63450.html|||dividas a las comunidades autónomas: si inmunizar con un nuevo fármaco frente a la bronquiolitis –causada por el virus respiratorio sincitial (VRS) –a todos los bebés menores de 6 meses o hacerlo solo a los que tienen patologías de base. ]]

Se trata del anticuerpo monoclonal nirsevimab (Beyfortus, por su nombre comercial) que la Agencia Europea del Medicamento aprobó hace unos meses para la prevención de la infección del tracto respiratorio inferior causada por el VRS en recién nacidos y lactantes. Un fármaco con el que se espera poder reducir en un 84% las asistencias médicas relacionadas con este virus, que supone la principal causa de hospitalización en menores de dos años.

Aunque la Ponencia de Vacunas –la máxima autoridad en temas de inmunización a la población– recomendó por unanimidad su uso para todos los lactantes menores de 6 meses hace dos semanas– y la Comisión ha dado el visto bueno para su financiación pública– 10 comunidades y ciudades autónomas (Baleares, Cantabria, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, País Vasco, Navarra, La Rioja, Ceuta y Melilla) votaron en contra. En su lugar, propusieron que solo se inmunizara a bebés con patologías de base –considerados como «de riesgo»–. Alegaron que necesitaban más evidencia sobre su efectividad y que desconocían el coste total de esta campaña de inmunización (Sanidad aún no ha informado del precio del fármaco).

Inmunizar a todos los bebés

En el otro lado, Madrid, Cataluña, Andalucía, Castilla y León, Murcia, Galicia, Canarias y Asturias, que mantienen que hay que inmunizar a todos los bebés sin distinción. Sus principales argumentos son el gran impacto de la bronquiolitis sobre el sistema sanitario –el invierno pasado llegó a saturar los hospitales y las unidades de cuidados intensivos y la gravedad del cuadro clínico que sufren muchos bebés de pocas semanas o meses de vida. En España, al menos uno de cada diez ingresos hospitalarios en niños menores de cinco años es por este motivo y el 95% de los casos en menores de dos años ocurren en niños previamente sanos.

De su parte están los expertos consultados por LA RAZÓN, que alegan que, dado que el efecto del medicamento solo dura cinco meses, «se debería proteger a todos los bebés, y de modo estacional –se tendría que empezar a inmunizar a finales de septiembre, para que la protección dure hasta marzo–», señala Quique Bassat, pediatra, epidemiólogo y profesor Icrea en el centro de investigación ISGlobal, en Barcelona.

«La diferencia que tendría lógica establecer es que el lactante con factores de riesgo se tendría que vacunar dos veces en su primer año de vida –a los seis meses y al cumplir un año– y, el que no los tiene, sólo una», añade. «Es un error no ampliar la protección a todos porque un niño que tiene un mes en septiembre, por ejemplo, tiene el mismo riesgo de que su pronóstico sea de gravedad si tiene VRS que un bebe con una cardiopatía, o un problema renal», explica. Además, el experto razona que es «mucho más barato prevenir que curar».

Probablemente sea el hecho de que ya ha pasado el periodo de apogeo del VRS lo que ha pesado más para no justificar la "no decisión".