Ha hecho falta una denuncia pública, un gran revuelo social, la presión constante del partido de la oposición y la súplica desesperada de familias, profesionales sanitarios y asociaciones de pacientes para que el Ministerio de Sanidad rectificara. Aun así, se ha conseguido. La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) –organismo dependiente del Ministerio de Sanidad responsable de establecer el precio máximo industrial de los fármacos– proponía este jueves la financiación total del anticuerpo monoclonal blinatumomab, un medicamento para tratar la leucemia linfoblástica aguda (LLA), el tumor infantil más frecuente.

En concreto, blinatumomab se financiará para tratar a pacientes pediátricos a partir de un mes con leucemia linfocítica aguda en situación refractaria o en recaída tras haber recibido al menos dos tratamientos anteriores o en recaída tras haber recibido un trasplante alogénico de células madre hematopoyéticas. Además, también se ha aprobado la financiación de blinatumomab para tratar a adultos en monoterapia de leucemia linfoblástica aguda de precursores de células B CD19 positivo y en situación refractaria o en recaída, entre otras indicaciones.

Según cálculos que en su día aportó a LA RAZÓN Jesús Hernández-Rivas, hematólogo en el Hospital Universitario de Salamanca y director del Grupo de Investigación en Citogenética Molecular en el Instituto de Biomedicina de Salamanca (IBSAL) y del Centro de Investigación del Cáncer (CIC), esta aprobación beneficiará a unas 200 personas en España. «En lo que respecta a pacientes adultos, la mitad de los aproximadamente 300 casos nuevos al año recaerán y un 80% podría recibir inotuzumab, por lo que quedarían unos 30 pacientes que deberían recibir blinatumomab. Por otra parte, el 40% de los adultos en remisión tendría enfermedad residual alta, lo que supondría unos 110 pacientes que deberían recibir blinatumomab. Para los niños, de los aproximadamente 300 nuevos casos al año, un 15% recaerá, lo que supone 45 pacientes que deberían recibir blinatumomab».

Así, tras ocho años siendo objeto de negociaciones infructuosas con la Comisión de Precios del Ministerio de Sanidad por una decisión administrativa que priorizaba criterios económicos, este medicamento llegará a los hospitales para su prescripción médica. Y lo hará sin necesidad de que los facultativos de estos centros deban seguir asumiendo esos trámites burocráticos que pueden demorarse semanas o meses debido a la falta de acceso que existía en nuestro país. Y es que, hasta ahora, la compra extranjera ha sido la única forma de adquirirlo, lo que implicaba una aprobación individualizada en cada centro hospitalario. Esto se traducía en que su disponibilidad no estaba garantizada de forma equitativa ni rápida para los pacientes que lo necesitaban. De hecho, en declaraciones para LA RAZÓN, los propios hematólogos lamentaban: «Esta enfermedad no permite esperas. Cuando se diagnostica una recaída, la intervención debe ser inmediata, en cuestión de días; pero ocurre que, cuando finalmente lo conseguimos, el paciente puede estar ya en una recaída franca, donde las cosas han cambiado para peor».

Sin embargo, en ocasiones la falta de acceso a algunos fármacos dificulta la correcta elección del tratamiento, lo que a los profesionales sanitarios nos genera un gran sentimiento de impotencia. En la mayoría de las ocasiones, seguimos tratando la LLA con los mismos fármacos que hace 30 años, tratamientos que tienen más efectos secundarios o son más tóxicos que blinatumomab», reconoce.

Ocho años esperando la financiación de Sanidad

La última negativa del departamento que dirige Mónica García a financiar este fármaco tuvo lugar en noviembre de 2024. Según el acta oficial de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos en su reunión del 20 de noviembre de 2024, se decidió proponer a la Dirección General que este fármaco no se incluya en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, basándose en consideraciones relacionadas con la sostenibilidad del gasto público y el impacto presupuestario.

A la noticia publicada por LA RAZÓN el pasado 27 de enero en la que se denunciaba la evasión de responsabilidad de Sanidad, le sucedieron multitud de reacciones contra la administración. Lejos de asumir responsabilidades, la ministra de Sanidad, en un intento de minimizar la gravedad del problema y desviar la atención, difundió un vídeo a través de su perfil en la red social X, escudándose en que la decisión no fue suya, sino del Gobierno del PP en 2017 y en que «la empresa farmacéutica pedía un precio desorbitado sin justificarlo». Además, desmentía la versión de los hematólogos que alertaban sobre los tediosos trámites que implicaban el acceso al medicamento y la desprotección de los menores afectados. La ministra aseguraba: «Los hospitales lo compran y lo administran a los pacientes que lo necesitan, especialmente a niños. No ha habido ningún problema para que lo reciban quienes lo necesitan».

Ante esta distorsión de la ministra con la realidad, también se manifestaron los pacientes. Tanto la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) como el Foro Español de Pacientes (FEP) o la Agrupación Española de Entidades de Lucha contra la Leucemia y Enfermedades de la Sangre (Aelclés) le pidieron que recapacitase y asumiera responsabilidades. Todas estas asociaciones de pacientes recalcaron la situación de especial vulnerabilidad que sufren estos pacientes. «Para alguien con leucemia, especialmente una variante agresiva como la leucemia linfocítica aguda, cada día es crítico. No poder acceder a un tratamiento efectivo puede influir significativamente en el pronóstico», lamentaba Ascensión Hernández, presidenta de Aelclés. Y es que, la leucemia linfoblástica aguda es uno de los tumores más agresivos que hay.

La presidenta de Aelclés denunciaba: «El acceso equitativo a tratamientos innovadores no es solo un tema médico, sino también ético. Un medicamento que ha demostrado ser eficaz debería ser una opción equitativa para todos los pacientes que lo necesiten, basándose en criterios clínicos». En esta línea se manifestó también Carina Escobar, presidenta de la POP. «Que se adquiera o no depende de los criterios de cada hospital y esto, para los pacientes, supone una lotería y fractura la equidad y el acceso a tratamientos que se ajusten a sus necesidades, limitados por su código postal», manifestó mostrando su desacuerdo con las palabras de la ministra.

También fue rotundo el Foro Español de Pacientes (FEP), una entidad que integra a más de 80 organizaciones de pacientes y representa a más de 3.000 asociaciones. Su presidente, Andoni Lorenzo, considera que la ministra no es conocedora de la realidad. «Una de dos, o desconoce la realidad o no entendemos cómo puede hacer esto», indica. Y pedía una solución: «Reclamamos a la ministra que, por favor, nos ayude. No es una cuestión de política, sino de vidas. No podemos estar con estos problemas de accesibilidad a un medicamento de estas características porque esta situación no solo afecta a los pacientes, afecta a todo el núcleo familiar generando unos problemas tremendos de ansiedad y de salud mental».

Para todos ellos, la decisión de incluir blinatumomab en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud representa un hito. Sin embargo, advierten: «Continuaremos atentos a la evolución de este tratamiento para asegurar que su aprobación y acceso sean efectivos, garantizando que los pacientes que lo necesitan puedan beneficiarse en condiciones de equidad».

Fármacos que siguen sin financiación

La aprobación de blinatumomab también ha sido celebrada por la Comunidad de Madrid. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, fue una de las voces más críticas con Mónica García. «Blinatumumab salva vidas, cura la leucemia linfática en niños y adultos. Que se financie es un logro, pero no debería depender de tener que quejarnos públicamente para conseguirlo», ha señalado Matute en declaraciones para LA RAZÓN.

Sin embargo, la consejera ha recordado que existen otros fármacos innovadores, como el dirigido a la ataxia de Friedrich o el destinado al tratamiento del cáncer de próstata metastásico, que siguen sin financiación pública. «Son tratamientos prioritarios que están disponibles para ciudadanos europeos, pero aquí no, y eso es una injusticia», ha comparado.

La titular de Sanidad madrileña también ha cargado duramente contra lo que considera una gestión «negligente» del presupuesto estatal en materia sanitaria. Según ha afirmado, «el Ministerio presume de querer ensanchar la sanidad, pero lo cierto es que la financiación es cada vez más estrecha». En este sentido, ha hecho referencia a los datos publicados por el Ministerio de Hacienda sobre el estado de ejecución del presupuesto: «En 2023 la asignación fue de 3.225 millones y en 2024 ha bajado a 1.717. Casi un 50% menos. Y, además, 350 millones de euros —69 procedentes de fondos europeos— ni siquiera se han ejecutado. Los hemos perdido». Matute ha señalado que con ese dinero se podrían haber financiado tratamientos urgentes, como los que necesitan los pacientes de ELA, cuya ley se firmó y se convirtió en foto, pero no en recursos reales.

En su intervención, la consejera también ha lamentado la pérdida de 6 millones de euros tras la rescisión de un contrato con Israel. «¿Qué se podría hacer con ese dinero? Lo tengo claro: tratar a 200 pacientes con blinatumumab o contratar hasta 100 psiquiatras. Incluso podríamos haber creado centros de salud mental o adquirido robots de cirugía oncológica de precisión para que llegaran a toda España», ha afirmado.