Ultimátum a Juana: La jueza cita a su entorno

Debe entregar a sus hijos el lunes. En su auto también solicita la comparecencia de su asesora legal, su psicóloga y sus familiares.

La jueza María Ángeles Jiménez Muñoz acaba de regresar de sus vacaciones y ha retomado el caso de Juana Rivas con un auto contundente. Es más, le da una última oportunidad a la madre de Maracena (Granada) para que entregue a sus hijos, de 3 y 11 años, a su padre para cumplir, así, con las diferentes órdenes judiciales. Pone fecha, hora y lugar para que, un mes después del primer requerimiento de entrega, Juana acuda al punto de encuentro con los dos menores. Y deja muy claro la importancia de cumplir con este nuevo auto al que ha tenido acceso LA RAZÓN: «Se hace constar que la no entrega de los menores conlleva la imposibilidad material de ser oídos en su caso y si se estimara necesario, además de una posible alienación parental de los hijos». Y no sólo eso, también acusa de esta posible alienación al entorno de Juana: «Dado el tiempo que permanecen los menores bajo la potestad de su madre y otras personas que han debido tener que ayudar a la madre a custodiar a dichos menores en paradero desconocido y bajo la presión circunstancial de la situación imputable a la madre». Por ello, el próximo lunes si no los entrega antes, Juana tendrá que sacar a sus hijos del lugar en el que llevarán 33 días ocultándose. Para cumplir, así, con «las tres resoluciones firmes que la obligan a restituir a los menores», según reza el auto emitido el jueves por la noche.

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de Granada ha recuperado en su auto un término, el del Síndrome de la Alienación Parental (SAP) que no se utiliza habitualmente en los procedimientos jurídicos, ya que la psicología no lo acepta. Es más, ni siquiera la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye el SAP como un trastorno mental. Es más, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su «Guía de criterios de actuación judicial frente a la violencia de género» de 2013 alude a él: «El SAP no ha sido reconocido por ninguna asociación profesional ni científica, habiendo sido rechazada su inclusión en los dos grandes sistemas diagnósticos de salud mental utilizados en todo el mundo». Y explica su postura: «La aversión o rechazo de los menores a las visitas del progenitor no custodio puede explicarse sin recurrir a la teoría pseudocientífica de Gardner, bien por la ansiedad normal del menor tras la separación de sus padres, bien por la inquietud ante la ausencia del progenitor custodio durante la visita, bien por el comportamiento inapropiado de uno de los progenitores, o bien por la existencia de una violencia previa por parte del padre hacia la madre y los menores, de forma directa o por la exposición de éstos a la violencia de género». Miguel Lorente, médico forense y ex delegado del Gobierno contra la Violencia de Géneroafirma: «No puede haber hostilidad derivada de una manipulación de la madre cuando previamente ha existido una situación de violencia».

Además del ultimátum que la magistrada le da para entregar a sus hijos, también ha dado un paso para investigar la posible inducción al delito de algunas de las trabajadoras del Centro de la Mujer de Maracena. Solicita a la Guardia Civil a que transmita a Francisca Granados, asesora legal de Juana, a que comparezca en sede judicial el próximo miércoles para tomarla declaración como «investigada ante su presunta intervención bien como inductora, bien como partícipe necesaria, en los delitos de sustracción de menores». A la psicóloga del centro, Teresa Sanz Hiraldo la cita para el día siguiente para que preste declaración por el mismo delito.

Asimismo, Jiménez Muñoz también ha pedido que declaren como investigados los familiares de segundo grado de consanguinidad, lo que incluye tanto a los padres de la madre de Maracena como su hermana. A este respecto, Manuel, su padre, aseguró ayer que «estamos machacados porque le van a quitar a los hijos». El entorno familiar de Juana está «por los suelos» tras esta última decisión judicial en un caso que, según el padre de la vecina de Granada, ha sido «muy difícil y problemático», y al que «se le ha dado mucho bombo». Rivas sostiene que a su hija «no la han escuchado nada» y que se ha dado más credibilidad desde el ámbito judicial a «un hombre que viene de Italia con un papel».