Un estudio concluye que prohibir la prostitución penaliza la pobreza

Las ordenanzas municipales que prohíben la prostitución en la calle penalizan y criminalizan la pobreza, causan una precarización y victimización de las trabajadoras sexuales, tienen una escasa efectividad y su principal objetivo es 'barrer' de las calles esta actividad, según un estudio universitario. El estudio ha sido realizado por la Universitat de Lérida (UdL) y y por la universidad la Rovira i Virgili (URV) y ha sido presentado hoy en Lérida, ciudad cuyo Ayuntamiento implantó un normativa en 2009 que prevé multas de entre 300 y 3.000 euros tanto para clientes como para prostitutas que ejerzan en la calle.

El estudio señala que la implementación de las llamadas ordenanzas cívicas contra la prostitución son fundamentalmente un agente que precariza más aún las condiciones del ejercicio de esta actividad y victimiza a las trabajadoras sexuales. El estudio, que lleva por título "Políticas criminalizadoras de la prostitución en España", lo firman Carolina Villacampa y Núria Torres, profesoras de Derecho Penal en la UdL y la URV, respectivamente, y ha sido publicado en la prestigiosa revista International Journal of Law, Crime and Justice.

Los resultados de la investigación, centrada en la ciudad de Lérida, ponen de manifiesto que las ordenanzas municipales contra la prostitución -actualmente las aplican una veintena de municipios en todo el Estado- u otras normativas en este sentido sólo contribuyen a penalizar y criminalizar la pobreza. "La escasa efectividad de las políticas prohibicionistas, a pesar de que sean suaves, se debe de al hecho que su objetivo principal es 'barrer' a las trabajadoras sexuales de las calles y las vías públicas", señalan las autoras, que añaden en este sentido que "la tarea asistencial que se tendría que llevar a cabo con este colectivo, a pesar de que se recoja en algunas ordenanzas, no se aplica casi nunca".

Así lo demuestra el estudio empírico realizado por las dos penalistas entre un colectivo de 79 trabajadoras sexuales de entre 22 y 53 años que ejercían en el año 2011 en la ciudad de Lérida. "Los efectos de la ordenanza implementada por el consistorio del socialista Àngel Ros en la capital del Segrià se han vivido por las prostitutas como puramente represivos hacia su colectivo. De hecho, los clientes han recibido menos sanciones pecuniarias que ellas. Ni siquiera la ordenanza parece haber influido de manera determinante en la actitud de los clientes de la ciudad", apuntan.

Pero lo que sí que ha provocado esta normativa local es, añade el estudio, un cambio claro de actitud de la policía municipal hacia estas trabajadoras y de ellas hacia los agentes, que ahora los ven como controladores y no ya como protectores. El estudio remarca que el único efecto claramente detectado con la aplicación de la ordenanza municipal en Lérida ha sido pues el represor, porque otros, como por ejemplo la disminución de clientes y de precios, pueden atribuirse a la crisis.

"La ordenanza aboca a las trabajadoras sexuales a un callejón sin salida ya que tienen que continuar trabajando para pagar las sanciones", concluye. Por todo ello, las autoras de la investigación proponen que debido a la escasa operatividad que está teniendo las actuales políticas prohibicionistas suaves se adopten políticas de carácter legalizador. "Con ellas probablemente no se conseguirá el objetivo de erradicar el ejercicio del trabajo sexual, pero al menos sí que se dignificarán las condiciones de las personas que prestan servicios remunerados de manera voluntaria en este ámbito", subrayan.