Acusan a su proveedor de contaminar la bollería con bórax: el plan maestro para estafar 56.000 euros

Un año y seis meses de prisión. Esa es la condena que han recibido el administrador y el encargado de una empresa por una estafa de lo más singular. La maniobra, que buscaba eludir el pago de una deuda, se ha saldado no solo con la pena de cárcel para cada uno, sino también con una multa de 1.260 euros por cabeza por un delito consumado de estafa.

De hecho, el origen de todo fue una deuda considerable. Los dos directivos habían realizado varios pedidos a su proveedor, la empresa Galletas Asinez, acumulando facturas por un valor total de 56.149,83 euros. La investigación judicial ha determinado que hicieron estas compras con la intención preconcebida de no pagarlas, por lo que el engaño fue planeado desde el principio.

Para ello, los condenados urdieron una excusa tan grave como falsa para justificar el impago: aseguraron que una partida de bollería que habían recibido estaba contaminada con bórax. Se trata de una acusación de gravedad que el tribunal ha calificado como una trama engañosa para eludir sus obligaciones.

El engaño de la bollería, al descubierto

Sin embargo, las pesquisas judiciales desmontaron por completo esta coartada. La investigación probó que los productos entregados por el proveedor no solo no estaban contaminados, sino que la mercancía estaba en perfectas condiciones para su consumo y distribución.

Asimismo, lejos de ser destruida como cabría esperar de un lote en mal estado, la bollería fue vendida rápidamente a otros clientes. Para acelerar la operación y deshacerse del género cuanto antes, los estafadores llegaron a ofrecerla a un precio inferior al que habían pactado originalmente con Galletas Asinez.

Por todo ello, la sentencia obliga a los dos responsables a reparar el perjuicio económico que causaron. Además de las penas de prisión y la multa, deberán afrontar de manera conjunta y solidaria el pago de una indemnización para devolver la totalidad de la cantidad estafada.

No obstante, el recorrido judicial del caso podría no haber terminado. El fallo no es firme, lo que abre la puerta a que las defensas puedan presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo en un último intento por revertir la condena.