Cuando una tecnología avanza a un ritmo tan frenético como lo hace en estos momentos la inteligencia artificial, urgen medidas que acoten algunos de sus campos de actuación. Esto es algo que llevan tiempo reclamando figuras como Geoffrey Hinton, considerado uno de los padrinos de la IA.

La Comisión Europea quiso dar un primer paso al respecto con la publicación el pasado mes de julio del Código de buenas prácticas de IA de uso general, si bien está más dirigido a las propias compañías desarrolladoras de este tipo de tecnología y para aquellas que se sirven de sus capacidades.

En esa línea de actuación, Italia ha dado un paso al frente al convertirse en el primer país de la Unión Europea en aprobar una ley integral para la regulación de la inteligencia artificial. Esta nueva normativa, que surge tras un año de intenso debate parlamentario, introduce, entre otras medidas, penas de prisión por el uso nocivo de esta tecnología y establece límites claros al acceso de los menores de edad.

Penas de cárcel y protección de la infancia, ejes de la nueva ley

El gobierno de Giorgia Meloni, de corte conservador, ha destacado que esta legislación se alinea con la Ley de IA de la Unión Europea y representa un avance decisivo para moldear el uso de esta tecnología en todo el país. El objetivo principal, tal como recoge The Guardian, es fomentar un uso seguro y transparente de la inteligencia artificial, siempre centrado en el ser humano, a la vez que se enfatiza la innovación, la ciberseguridad y la protección de la privacidad de los ciudadanos italianos.

El proyecto de ley contempla sentencias de cárcel que oscilan entre uno y cinco años para aquellos que difundan ilegalmente contenido generado o manipulado por IA si este causa algún tipo de perjuicio. Igualmente, se impondrán sanciones más severas por el uso de esta tecnología para cometer delitos como el fraude o la suplantación de identidad.

Otra de las medidas que contempla la recién aprobada ley italiana sobre inteligencia artificial tiene que ver con endurecer las reglas de transparencia y supervisión humana en el ámbito laboral y en sectores clave como la sanidad, la educación, la justicia y el deporte.

Por otro lado, la legislación italiana exige el consentimiento paterno para el acceso a la inteligencia artificial de niños menores de 14 años, una medida que subraya la preocupación por la protección de los más jóvenes, circunstancia que en los últimos tiempos ha centrado buena parte de la preocupación de la comunidad.

En materia de derechos de autor, la ley dictamina que las obras creadas con asistencia de IA estarán protegidas siempre y cuando provengan de un genuino esfuerzo intelectual, y la minería de texto y datos impulsada por IA solo se permitirá para contenido sin derechos de autor o para investigación científica por instituciones autorizadas.

En este sentido, Alessio Butti, subsecretario de Transformación Digital, ha afirmado que la ley "restituye la innovación al perímetro del interés público, dirigiendo la IA hacia el crecimiento, los derechos y la plena salvaguarda de los ciudadanos". Para asegurar su cumplimiento, el gobierno ha designado a la Agencia para la Italia Digital y a la Agencia Nacional de Ciberseguridad como los organismos encargados de hacer cumplir la normativa.

Además, la primera ministra Meloni ya había abordado el tema de la IA en marzo del año anterior, expresando su visión de que "puede y debe haber una vía italiana para la inteligencia artificial", tanto en su desarrollo como en su gobernanza. Considera que esta tecnología es "la mayor revolución de nuestro tiempo", pero que solo podrá alcanzar su máximo potencial "si se desarrolla dentro de un marco de reglas éticas que se centren en las personas y sus derechos y necesidades".

Finalmente, la ley también autoriza una inversión de hasta mil millones de euros de un fondo de capital de riesgo estatal para apoyar a empresas activas en inteligencia artificial, ciberseguridad y telecomunicaciones. Sin embargo, algunos críticos señalan que esta cifra es modesta en comparación con las importantes inversiones que realizan países como Estados Unidos y China.