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Más armas contra «piratas» reincidentes

El Congreso aprueba por unanimidad el informe para la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual con medidas más ágiles contra los titulares de sitios web que ya hayan sido identificados como infractores de la norma, y a los que se podrá bloquear sin la autorización judicial previa.

El Congreso aprueba por unanimidad el informe para la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual con medidas más ágiles contra los titulares de sitios web que ya hayan sido identificados como infractores de la norma, y a los que se podrá bloquear sin la autorización judicial previa.

El sector de los derechos de propiedad intelectual es un cruento campo de batalla. Ayer, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual en la que se recogen medidas en diversas direcciones. Ayer, entre otras iniciativas que tendrán aplicación en diferentes ámbitos, se acordó la agilización del procedimiento en el caso del bloqueo de webs «piratas» (cuyo procedimiento administrativo resulta demasiado lento para los tiempos de la red por su carácter garantista).

El texto, que será remitido al Senado para su aprobación, incluye la capacidad de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual de bloquear páginas web en España sin pasar por la decisión de un juez, pero sólo en dos supuestos: que haya habido una resolución judicial previa sobre ese mismo titular de la supuesta página fraudulenta, o que él mismo haya retirado contenidos protegidos reconociendo la vulneración de los derechos de sus productores; es decir, en ambos casos, se trata de una medida pensada contra reincidentes en este tipo de prácticas.

Libertad de expresión

El portavoz socialista en la Comisión de Cultura José Andrés Torres Mora explicó a este periódico que «en ningún caso puede vincularse esta medida con un recorte de la libertad de expresión» tal como se estaba interpretando por parte de algunas webs en la tarde de ayer y como reflejaban algunas informaciones. En el procedimiento actual, algunas reclamaciones contra páginas que «piratean» contenidos se están extendiendo «de seis a ocho meses», lo que de facto arruina casi por completo la vida comercial de una película, disco o libro. Por eso, para los casos en los que ya se haya dictado una resolución contra el titular de una página, está previsto que la Sección Segunda pueda pedir a los proveedores de servicios (es decir, las operadoras de telecomunicaciones) el bloqueo de nuevas páginas web con similar actividad para su acceso desde España. «Con esta medida lo que se pretende es acortar plazos de tramitación y conseguir mayor efectividad, porque en muchas ocasiones hay webs ''piratas'' que se replican a sí mismas y vuelven a operar una vez han sido cerradas», explicó Mora.

En todo caso, este procedimiento «ex ante», es decir, ejecutado sin resolución judicial, no impedirá que el asunto sea estudiado por un juez «ex post», en el caso de que el afectado recurra, por ejemplo. «No se están incumpliendo las garantías de un sistema que ya de por sí lo es. Sólo se persigue a los chorizos», añadió el portavoz socialista.

Asimismo, los portavoces de los grupos hicieron hincapié en el consenso logrado en la Cámara Baja. «Hemos atendido a los criterios de todo el mundo, ha sido un proceso de mucha negociación que ha culminado en un acuerdo de todas las fuerzas políticas», señaló Torres Mora, mientras que la portavoz de Ciudadanos, Marta Rivera de la Cruz, destacó que España mantiene una legislación garantista en materia de lucha contra la «piratería», pero que se ha agilizado la persecución de los reincidentes. El portavoz del PP, Emilio del Río, manifestó que el objetivo de lograr una «satisfacción razonable» de todos los grupos se ha conseguido. Por su parte, Eduardo Maura (de Unidos Podemos) se sumó al consenso, pero alertó de la necesidad de llevar a cabo una reforma integral «que no incurra en la presunción de culpabilidad» asociada a las novedades tecnológicas.

Un nuevo impulso

Desde la llegada del actual ministro de Cultura José Guirao, se ha producido un impulso de las acciones contra la «piratería», en particular con la imposición de la primera multa económica (de 375.000 euros) contra la web xcaleta.com y sus clones, basándose en una capacidad sancionadora de la Comisión de la Propiedad Intelectual, creada en el año 2012, pero cuya potestad sancionadora nunca se había puesto en marcha. Esta es la medida a la que el Ministerio recurriría en caso de que las advertencias primero y el bloqueo de los sitios web después no fueran suficientes para frenar a los «piratas».

Además, la Guardia Civil ha llevado a cabo recientemente una operación que se saldó con el cierre de unas 22 páginas (entre ellas, DivxTotaL, GamesTorrents o Estrenos DTL, por ejemplo) dedicadas a compartir archivos P2P («peer-to-peer», red entre pares o red entre iguales), cuyo tráfico procedía al 80 por ciento desde España y que se financiaban con publicidad. Durante la primera mitad del año, se han iniciado el doble de procedimientos contra supuestas páginas webs «piratas» que durante todo el año pasado.

Finalmente, en la sesión de la Comisión de Cultura, los grupos de PP, PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos acordaron una serie de enmiendas adicionales que se han incluido en el texto en fase de ponencia de la Ley de Propiedad Intelectual.

El informe de la ponencia se enviará al Senado y, previsiblemente, en el «mejor de los escenarios», según José Ignacio Astarloa, letrado de la Comisión de Cultura, la citada ley se aprobará a finales de diciembre, y en el peor escenario, durante el mes de febrero.