La reciente adjudicación del contrato para la renovación de los teléfonos móviles de los diputados ha puesto de nuevo sobre la mesa las prebendas que reciben como representantes públicos. La de disponer de uno de los smartphones más caros del mercado no es la mayor de ellas, pero sí de las que mejor visibilizan que la austeridad es un eslogan para los políticos y una realidad obligada para muchos de los ciudadanos que los ponen allí con sus votos.

Así, los diputados sustituirán próximamente sus iPhone 8 con 256 GB de almacenamiento por flamantes iPhone 14 con 512 GB de capacidad. En el pliego de condiciones no se explicita el modelo, pero se detallan una serie de especificaciones técnicas que solo cumple este dispositivo que tiene un precio de venta de 1.399 euros por unidad en la web de Apple. La justificación para que sea ese y no otro modelo, entre la infinidad de opciones que ofrece el mercado, es mantener la compatibilidad con los dispositivos que sustituyen y que la Cámara ha desarrollado apps para iOS y no para Android. No es que no quieran, es que no les queda otro remedio. Esto con los 550 iPhone 14.

No sucede lo mismo con los 275 móviles Android que también se incluyen en la renovación y que irán a parar a personal de diferentes unidades del Congreso que deberán conformarse con un Samsung A53 5G que el fabricante vende por 339 euros cada unidad.

Viendo que en móviles el Congreso no escatima gastos cuando se trata de sus señorías, ¿qué sucede con los ordenadores que emplean? La última renovación de estos equipos se adjudicó en 2020 aunque la pandemia retrasó su ejecución hasta el año siguiente.

Fueron 758 ordenadores de sobremesa, 25 unidades ópticas de CD/DVD y 58 ordenadores portátiles adjudicados a las empresas Inforein S.A. y Bechtle Direct S.L. por 605.912,95 euros. Si dejamos de lados las 25 unidades ópticas que son dispositivos muy económicos con precios en torno a los 20 euros por unidad y la prestación de servicios asociados a los equipos, cada ordenador salió por una media de 742 euros, un gasto mucho más razonable que el realizado con los móviles.

Esos 758 equipos vinieron a sustituir a 710 ordenadores de sobremesa que, en 2020 contaban con una década a sus espaldas: los HP Compaq dc7600, dc7700, dc7800 y dc7900 provistos con solo 4 GB de RAM y 80/160 GB de disco duro. No se trata solo de la torre del ordenador, sino que la renovación incluye pantallas, monitores y teclados.

Al igual que en el pliego de condiciones para los móviles, no se especifican modelos concretos. Pero mientras que en el primer caso se exigen unas especificaciones técnicas que solo dejan una opción, en el segundo otras bastante más modestas permiten que una mayor variedad de modelos puedan cumplirlas.

Para los ordenadores se requieren equipos montados en un chasis mini que pueda situarse tras la pantalla IPS de 21,5 pulgadas con resolución FHD. El procesador debe ser un Intel i5 de octava generación con cuatro núcleos y velocidad base de 1,6 GHz, lo que deja fuera a los i5 de sobremesa, todos con seis núcleos, y solo puede corresponderse con el Core i5-8365U o el Core i5-8260U. Ambos son chips de ultra bajo consumo lanzados en 2019, diseñados para portátiles y cuyo precio de lanzamiento estaba rozando los 300 dólares.

Van acompañados de la GPU integrada UHD 620, una placa base que incluya TPM 2.0, 8 GB de memoria RAM DDR4 @2400 Mhz y un disco duro SSD SATA o PCIe NVMe M.2, de 256 GB. El sistema debe contar con una licencia Windows 10 Professional 64 bits y el teclado debe incluir un lector de tarjetas criptográficas. En resumen, equipos de prestaciones modestas adecuados para ofimática.

Los portátiles que usan los diputados del congreso mantienen los mismos requisitos de procesador, memoria RAM, almacenamiento, módulo TPM y sistema operativo. Deben contar con Wifi 5, lector de huella dactilar y la pantalla debe ser FHD de 15,6 pulgadas. De nuevo nada destacable en equipos que ya eran de prestaciones ajustadas en el momento del anuncio de la adjudicación y lo son aún más casi tres años después.