LaLiga lleva semanas en el centro de la polémica por sus agresivas medidas contra la piratería, pero lo que empezó como una estrategia para combatir las emisiones ilegales de fútbol ha acabado afectando a servicios completamente ajenos. Su última "víctima" ha sido nada menos que Movistar Plus+, el principal socio televisivo de la competición, cuya web ha experimentado fallos en plena jornada futbolística.

Usuarios han reportado problemas de acceso a Movistar+ mientras LaLiga activaba sus ya habituales bloqueos a Cloudflare, la plataforma de seguridad utilizada tanto por servicios legítimos como por listas IPTV piratas. Aunque no hay confirmación oficial de que ambos hechos estén relacionados, el patrón es evidente: cada vez que se restringe el acceso a IPs de Cloudflare, surgen problemas en webs que no tienen nada que ver con la piratería. Esta vez, además de Movistar+, también se vieron afectadas la web del Valencia C.F. y la tienda de la marca deportiva Kelme.

El bloqueo masivo de direcciones IP responde a la presión de LaLiga sobre las operadoras para frenar las emisiones ilegales, pero la falta de control está generando un efecto colateral grave: páginas legítimas quedan inaccesibles sin motivo alguno. La pregunta es si esta estrategia realmente está funcionando o si, por el contrario, está causando más perjuicio del que evita.

Multa millonaria

A este caos se suma un nuevo problema para la organización: la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado a LaLiga con un millón de euros por irregularidades en el uso de datos biométricos en los estadios. Según la resolución, el sistema de reconocimiento facial y huellas dactilares implementado en las gradas de animación vulneraba el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), ya que no ofrecía una alternativa a los aficionados ni garantizaba la protección adecuada de la información recopilada.

Además de la multa, la AEPD ha ordenado la suspensión temporal o definitiva de estos métodos hasta que LaLiga garantice su legalidad. La entidad puede recurrir la sanción, lo que podría alargar el proceso, pero el daño a su imagen ya está hecho.

Con este nuevo golpe, LaLiga queda en una posición delicada. Por un lado, su batalla contra la piratería se está saliendo de control, afectando a webs legales e incluso a su principal socio de retransmisión. Por otro, su ambición por implementar nuevas tecnologías en los estadios ha terminado en un varapalo legal que cuestiona su gestión de los datos personales.

La cuestión es hasta cuándo podrá seguir operando de esta manera antes de que las críticas y los problemas legales la obliguen a replantear su estrategia.