La batalla contra la piratería del fútbol ha escalado a los tribunales. Cloudflare ha iniciado acciones legales contra LaLiga, denunciando que los bloqueos de direcciones IP para frenar las retransmisiones ilegales son desproporcionados y perjudican a millones de usuarios. Según la empresa, la sentencia que permite a LaLiga ordenar estos bloqueos se obtuvo sin considerar los efectos colaterales, afectando a páginas web sin relación con la piratería.

El conflicto estalló cuando los proveedores de Internet en España comenzaron a bloquear direcciones IP compartidas de Cloudflare y otros servicios en la nube, siguiendo un mandato judicial impulsado por LaLiga. La empresa afectada sostiene que esta estrategia ha impedido el acceso a miles de sitios legítimos, dañando a empresas y usuarios sin relación alguna con la retransmisión de eventos deportivos.

“Las acciones de LaLiga suponen una amenaza para una Internet abierta”, afirmó Cloudflare en un comunicado, asegurando que la organización ocultó al juzgado el impacto negativo de estas medidas. La compañía ha presentado un incidente de nulidad para intentar revertir la sentencia y evitar futuros bloqueos que afecten a terceros de forma indiscriminada.

Por su parte, LaLiga defiende que sus bloqueos no son arbitrarios, sino una respuesta necesaria para frenar la emisión no autorizada de contenido protegido. Sin embargo, este enfoque ha sido cuestionado por expertos y usuarios que denuncian cortes de acceso masivos y perjuicios económicos para empresas cuyo funcionamiento depende de la conectividad online.

El problema se ha intensificado desde principios de febrero, cuando se registraron bloqueos temporales en operadores como Movistar, provocando un efecto dominó en el acceso a la red. Cloudflare insiste en que, aunque ha colaborado habitualmente con titulares de derechos para combatir la piratería, en este caso LaLiga ha cruzado una línea peligrosa al bloquear direcciones IP sin evaluar su impacto real.

Este litigio abre un debate crucial sobre hasta dónde pueden llegar las medidas antipiratería sin vulnerar derechos fundamentales. La decisión judicial que se adopte podría sentar un precedente internacional sobre la responsabilidad de los proveedores de Internet y los límites en la lucha contra la piratería. Mientras tanto, millones de usuarios y empresas siguen atrapados en medio de un conflicto que podría redefinir el acceso a la red.