Epidemia de okupación

La cacareada Ley de Vivienda del Gobierno no va a solventar el problema. Lo va agravar. Sobre todo y principalmente porque acentúa la inseguridad jurídica de los propietarios ante la enmienda bildu-podemita que favorece al okupador frente al arrendador. Si un inquilino decide que no paga, difícil será desalojarlo. Si ahora el procedimiento llevaba no menos de 9 meses, cuando entre en vigor la nueva legislación los tiempos van a será mucho mayores y sin garantía final de que el dueño del piso pueda recuperarlo, pues prevalece siempre el interés social sobre el de derecho a la propiedad que consagra la Constitución. Curioso que desde que se anunció la norma se ha retirado la oferta de pisos en alquiler, que ha caído en un 28%, e irá a más. Los alquileres bajarían seguro si se respetase y blindase el derecho de propiedad. Al disminuir el riesgo, acudirían más propietarios al mercado. Pero la ley socialista, con las «mejoras» del podemismo bildutarra, beneficia claramente a los okupas. Las okupaciones ilegales de viviendas han crecido en un 50% desde que Sánchez llegó al Gobierno. En Barcelona hay 50 cada día. La inseguridad jurídica va a ser a partir de ahora mayor y los caseros, que tienen miedo a que les entren en sus viviendas, venderán antes que poner en arriendo su propiedad. Si se quiere favorecer el alquiler social de verdad, lo primero que debería hacer el Gobierno es despejar las dudas incorporando la obligación de desalojo en 24 horas, subiendo las penas y asesorando gratuitamente al propietario. No hay otra forma de cortar esta epidemia.