España, más gasto social que Alemania, misma tasa de pobreza que Letonia

Desde que Pedro Sánchez llegó a la Presidencia del Gobierno de España, el gasto público no ha hecho más que crecer y crecer. En apenas cinco años, ha aumentado un 40%, justo en la misma proporción que lo ha hecho el gasto social. Tanto es así, que España ya supera en este capítulo a países como Alemania, Canadá, Japón Dinamarca o Suecia. En concreto, destina ya a esta partida el 28,1% del PIB, lo que equivale a más de 400.000 millones de euros. Así, los recursos sociales acapara buena parte del gasto que cada año desembolsa la Administración (en concreto, en 2023, representó casi el 60% del total). Con el mismo, se sufraga el «estado del bienestar», haciendo frente a demandas tan importantes como las pensiones, las prestaciones a los parados, las políticas activas de empleo, las becas, la sanidad o la vivienda. De esta manera, a través del mismo, el Estado asegura que haya igualdad de oportunidades entre sus ciudadanos.

Sin embargo, este incremento del gasto social (solo en 2023 creció un 11% con respecto al año anterior) no está llegando de forma equitativa a los distintos estratos de la sociedad, como sería lógico y deseable. Y es que actualmente el abono de las pensiones acapara buena parte de estos recursos que, en teoría, deberían revertir en toda la población , especialmente, entre los más desfavorecidos.

En 2023, casi 43 euros de cada 100 del gasto social fueron a pagar pensiones. La nómina de prestaciones contributivas y no contributivas ascendió el año pasado 170.800 millones de euros, 15.800 millones más que en 2022, una cifra que Funcas ha llegado a calificar como «el dato del año», puesto que se ha tratado del mayor incremento anual de la historia, triplicando el ritmo de crecimiento de los últimos tres lustros. El «think tank» atribuye esta espectacular alza al «efecto sustitución», ya que entraron más perceptores al sistema de los que salieron; al creciente número de pensionistas, pero también, en gran medida, a la revalorización del 8,4% experimentada por las prestaciones en 2023, situando la pensión media en 1.197 euros, frente a los 1.094 de hace un año. Para este año, la subida acordada asciende al 3,8%, por lo que el Ejecutivo tendrá que tirar nuevamente de «chequera» para hacer frente a este ingente desembolso.

A la vista de los datos, el gasto social no está siendo eficiente, ya que está contribuyendo a reducir la desigualdad y la pobreza en España en menor medida que en el resto de los países de nuestro entorno. Atendiendo a las estadísticas de la OCDE, España es uno de los países desarrollados que peor redistribuye la renta entre sus ciudadanos. En concreto, es el cuarto país más ineficiente, tan solo por detrás de Luxemburgo, Grecia e Italia. Y es que se da la paradoja de que, como consecuencia de este desequilibrio en el reparto de los recursos disponibles, son los grupos más favorecidos los principales beneficiarios de las prestaciones y ayudas sociales, lo que ha contribuido a ensanchar la «brecha» de desprotección social para los más pobre.

Coeficiente de Gini

Una desigualdad que se ve claramente reflejadas en el conocido como «Coeficiente de Gini», un índice que, precisamente, mide la diferencia salarial entre los ciudadanos de un país. Se trata de una escala comprendida entre 0, que indica máxima igualdad de distribución salarial entre habitantes, es decir, que todos tendrían los mismos ingresos, y 1 (o 100), que representa la máxima desigualdad, es decir, que un solo individuo poseería todos los ingresos. En el caso de España y, pese a que el gasto social se ha disparado, este coeficiente se mantiene prácticamente invariado con respecto al periodo inmediatamente anterior a la crisis financiera. En 2022, se situaba en el 32 (0,32) -frente al 31,9 (0,319) de 2007-. De esta forma, España se sitúa como el quinto país de la Unión Europea con una «brecha» salarial más acentuada. Tan solo es adelantado por Bulgaria, Lituania, Letonia y Rumanía.

En el lado contrario, en el de los países que tienen menos diferencias, se encuentra Eslovaquia y Eslovenia, con tasas del 21,2% y del 23,1% respectivamente. Por su parte, en Francia alcanzó el 29,8% y en Alemania, el 28,8%, ambos por debajo de España, lo que evidencia y mayor grado de igualdad y que, poco a poco, España se aleja de los países que, en teoría, son comparable. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Francia es el país desarrollado que más proporción de su PIB destina a políticas sociales (31,6%).

El último informe anual sobre «El Estado de la Pobreza», elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social llama también la atención sobre elevada desigualdad que existe en España. Y como muestra, un botón. En 2022, la renta del 20% de los más ricos era 5,6 veces más elevada que la del 20% más pobre, recoge el análisis.

Pero el nuestro no solo es uno de los países de la UE más desiguales, sino que, además, es el cuarto con un mayor porcentaje de personas desfavorecidas. En este sentido, otro indicador que mide, en este caso, el riesgo de pobreza y de exclusión social exclusión, la Tasa Arope, alcanza en España el 26% (la misma que Letonia), 4,4 puntos porcentuales por encima de la media comunitaria. Tan solo es más alta en Rumanía, Bulgaria y Grecia, según revelan datos de Oficina Estadística de la Unión Europea, Eurostat.

De esta forma, el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social asciende a 12,3 millones de españoles. No obstante, la situación es aún más complicada para determinados colectivos. Y es que España es líder indiscutible en la UE en riesgo de pobreza y exclusión social en el caso de las mujeres, los jóvenes, las personas con un nivel educativo bajo, en situación de desempleo o los hogares con menores a cargo.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido de que la desigualdad en España se reduce muy poco tras el pago de los impuestos y las transferencias sociales. En este sentido, el organismo ha alertado de que se está creando un problema intergeneracional en la medida en que esta redistribución está siendo más beneficiosa para las generaciones de mayor edad (los pensionistas), mientras que a los jóvenes se les deja en una situación de desventaja. Esta «discriminación» se evidencia, por ejemplo, en capítulos como el copago en las medicinas, ya que los jóvenes no reciben la ayuda que, por ejemplo, sí perciben los jubilados, pese a tener una renta inferior.

El informe «Pensions at a Glance 2023», elaborado por la OCDE, recoge que España en una de las naciones con una tasa de reemplazo de pensiones más alta de los países desarrollados. Se trata de un indicador que mide el poder adquisitivo de los jubilados al sustituir los salarios por pensiones y que, en el caso de España, se sitúa en el 80,4%, frente al 50, 7% de media de la OCDE, y eso que somos el segundo país con una tasa de fertilidad más baja de todos los países con los que se realiza la comparación. Tan solo disfrutan de unas pensiones más generosas que las españolas, Grecia, con una tasa de reemplazo que ascienden al 94,2%.

Jóvenes precarios

Una situación que es diametralmente distinta en el caso de los jóvenes. La monografía «Presente y futuro de la juventud española», realizada por la Fundación BBVA en colaboración con el IVIE, precisamente, expone la precaria situación que viven las nuevas generaciones de trabajadores.

El análisis constata las dificultades que este colectivo tiene para acceder al mercado laboral, ya que su peso en la población parada es el doble que en la ocupada. Los salarios de los jóvenes de entre 16 y 29 años son un 35 % inferiores a la media y el progreso de sus ingresos a lo largo de la vida laboral está siendo más lento, pues mientras las cohortes anteriores alcanzaban una base de cotización similar a la media antes de los 27 años, actualmente, los adultos jóvenes a los 34 años todavía no la han alcanzado.

En general, señala el estudio, las personas jóvenes están más expuestas a los vaivenes del ciclo económico y la calidad media de sus ocupaciones es peor. El 25,4% de jóvenes trabaja con contratos a tiempo parcial, doce puntos por encima de la media del conjunto de la población, y la tasa de temporalidad de la juventud ocupada también duplica el promedio. Además, tal y como revelan los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 53,2 % de las personas menores de 30 años tiene dificultades para llegar a final de mes, 5,4 puntos porcentuales por encima del promedio de la población.

Educación y Sanidad son otras de las grandes partidas del gasto social. Una vez más, el incremento experimentado no se ha trasladado del mismo modo a estos dos capítulos. España destinó el 4,6% del PIB a Educación, por debajo del 5% de media de la zona euro y del conjunto de los 27. Países como Polonia, Letonia, Lituania, Eslovenia, República Checa, Croacia o Chipre están por delante de España en cuento a la proporción de PIB que dirigen a la formación y la enseñanza de niños y jóvenes.

Lo mismo ocurre con la Sanidad. Una vez, si se consultan los rankings internacionales, España se aleja de los países de cabeza. Este gasto ascendió en 2022 a 4.432 euros por habitante, muy alejado de los 8.011 de Alemania, los 6.630 de Francia o los 6.047 de Irlanda.

La convergencia se aleja

Todos estos indicadores evidencia que España está perdiendo el tren de la convergencia con Europa. Así, el PIB per cápita español se sitúa en el 85% de la media de la UE, por debajo, incluso, del 92% de Eslovenia, el 89% de Lituania y el 87% de Estonia. Un bajón más que considerable teniendo en cuenta que el PIB per cápita se encontraba en el 91% de la media de la UE en 2019. No es solo que los países Bálticos nos hayan adelantado, sino que otras naciones, como Polonia o Hungría van paulatinamente recortando las diferencias y, si bien, todavía están por debajo de España, ya se encuentran en porcentajes próximos (del 80% y del 77%, respectivamente), después de haber recortado bastante esta brecha desde el periodo inmediatamente anterior a la pandemia, al contrario de España que la ha ensanchado.

Así y, pese al triunfalismo del Gobierno, los indicadores de bienestar alejan cada vez más a España de los puestos de cabeza. Ello explica el gasto social superior al de Alemania, y la tasa de pobreza se equipare con Letonia.

Cómo se financia el gasto

Otro efecto perverso del incremento del gasto en general, y del social, en particular, es el modo en qué se está financiando y las consecuencias negativas sobre las empresas. Y es que las cotizaciones sociales están soportado parte el peso del mismo. Para este ejercicio, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) subirá un 0,7%, distribuido a razón de un 0,58% a cargo de la empresa y 0,12% a cargo del trabajador (los trabajadores autónomos asumirán íntegramente ellos ese 0,7%). Este incremento podría llegar a suponer hasta más de 54 euros anuales de cotización adicional, y un total de cotización exclusivamente por el MEI de casi 378 euros anuales, según ha calculado el Instituto BBVA de Pensiones. En 2023, sumando el tipo del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (0,6%), el tipo de cotización por contingencias comunes se situó en un 28,90%. Un aumento sensible de los gastos que deben afrontar las empresas, a las que se une también la subida del SMI, que ha aumentado un 30% (descontando el efecto de la inflación) en los últimos 5 años. Según la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre los costes laborales, correspondiente también al tercer trimestre de 2023, el desembolso por trabajador se situó en 2.892,73 euros al mes, un 5% más que en el mismo periodo de 2022. Así, el coste salarial aumentó un 4,2% (2.227,80 euros), disparándose los costos no salariales un 7,2% hasta 774,93 euros. Una subida de los gasto que, sin duda, lastra la competitividad de las empresas españolas, que se tienen que enfrentar a unos sobrecostes que no tienen las compañías de su entorno.