El mapa de la corrupción en el mundo

La Justicia y el Estado de Derecho efectivo tienen un papel fundamental para asegurar un crecimiento económico sostenible que contribuya a expandir y distribuir adecuadamente la riqueza entre la población. Tradicionalmente, las democracias occidentales han sido adalides y modelos para el resto de mundo en lo que a garantía de derechos y transparencia se refiere. Sin embargo, desde hace unos años, las presiones a las que se ven sometidas las instituciones garantes de que los mecanismos de control funcionen correctamente son cada vez mayores, lo que socava su modelo económico y social.

Una de las últimas organizaciones en alertar de este retroceso ha sido Transparencia Internacional, un movimiento global que trabaja en más de cien países para prevenir la corrupción, promoviendo la transparencia, la responsabilidad, la integridad y las buenas prácticas. La organización elabora cada año un índice de percepción sobre la corrupción en el sector público, y las conclusiones que extrae en su última edición, correspondiente a 2023, describen nítidamente la situación a escala global. En su análisis, el índice muestra que sólo 28 de los 180 países analizados han mejorado su nivel de corrupción en los últimos doce años, y que en 34 de ellos empeoró significativamente.

A pesar de los avances logrados en todo el planeta para criminalizar este proceder y establecer instituciones especializadas en controlarlo, los niveles se mantienen estancados globalmente, algo que se produce, según la organización, por un debilitamiento de los sistemas de Justicia y por insuficientes niveles de independencia.

La UE y Europa Occidental continúa siendo la región con mayor puntuación; sin embargo, experimenta una caída hasta una puntuación de 65 sobre 100, bajando por primera vez en una década.

El índice de 2023 revela que los esfuerzos anticorrupción se han estancado o disminuido en más de las tres cuartas partes de los países de la región. Entre las 31 naciones evaluadas de esta zona, sólo seis han mejorado su puntuación, mientras que ocho han caído desde 2012. De hecho, varios de los países que suelen salir muy bien parados en este ránking de percepción de la corrupción también han retrocedido. Suecia, con 82 puntos; Países Bajos, con 79; Islandia, con 72 y Reino Unido, con 71 puntos, han registrado sus valoraciones más bajas en toda la historia del índice. En particular, Reino Unido ha experimentado una disminución de seis puntos en los últimos cinco años. Por su parte, Dinamarca (90 puntos), Finlandia (87) y Noruega (84) encabezan la clasificación, mientras que los países que registran debilidades sustanciales en el Estado de Derecho son los que peor calificación registran: entre los peor parados se incluyen Hungría (42), Rumania (46) y Bulgaria (45). Transparencia Internacional atribuye, precisamente, estos resultados y los retrocesos experimentados a las deficiencias que están detectando últimamente en el correcto funcionamiento de las instituciones.

Brecha española

España no escapa a esta realidad. A pesar de que mantiene su puntuación en relación al análisis del año pasado (60), cae un puesto en la clasificación y seis con respecto al índice de 2019, cuando ocupaba la posición 30 de esta lista. En concreto, se sitúa actualmente el lugar 36 de 180, el mismo que San Vicente y las Granadinas y Letonia. Además, se encuentra tan solo un puesto por encima de Botsuana, y solo supera en dos escalones a Qatar. También es bastante significativo que ya hayan adelantado a nuestro país Lituania y Portugal, pero también otros estados fuera del entorno europeo, como Israel o Cabo Verde.

Asimismo, la brecha entre España y los países que mejor nota tienen en cuanto a la percepción de esta lacra en el sector público también se está ensanchando, lo que la aleja bastante de los puestos de cabeza. De hecho, se halla a 30 puntos de Dinamarca, líder del ránking (con una calificación de 90 puntos sobre 100), pero también de otros países a los que debería aspirar a compararse, como Alemania, que cuenta con 78 puntos. Significativo es también que un país como Estonia supere al nuestro en 16.

Sin reformas efectivas

El director ejecutivo de Transparencia Internacional España, David Martínez, considera que esta tendencia evidencia un estancamiento de la prevención en la lucha contra la corrupción. «El hecho de que España mantenga su posición no es ni mucho menos una buena noticia, ya que viene de dos años de descensos consecutivos, lo que revela las dificultades de sus políticas públicas para mejorar la prevención y la lucha contra la corrupción. Se trata de un problema grave que debe poner en alerta a la ciudadanía y a los poderes públicos», señala Martínez.

El director ejecutivo de Transparencia Internacional España sostiene que España tiene pendiente una serie de reformas que o bien no se han abordado o bien no se han implementado correctamente, y que están socavando el Estado de Derecho y debilitan el sistema judicial, pilar fundamental que permite perseguir y luchar contra la corrupción.

En este sentido, señala como asignaturas pendientes –que están favoreciendo que la percepción de corrupción en el sector público se intensifique– la no renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o que, tras diez años de la Ley de Transparencia, aún no se haya desarrollado un reglamento que permita su correcta implementación, ya que, por ejemplo, su incumplimiento no conlleva ningún tipo de sanción.

Asimismo indica que tampoco se ha avanzado en el Consejo de Transparencia ni en la Declaración de Bienes y Renta que se exige a los parlamentarios. Esta información tiene importantes deficiencias en su presentación, ya que se sigue mostrando en formatos poco accesibles y, en el caso del Congreso, no hay obligatoriedad de presentarla (sí en el Senado).

Tampoco se ha desarrollado la Ley de Lobbies ni de Secretos Oficiales. Ni la de Conflictos de Intereses e Incompatibilidad. Aparte, se están eliminando los mecanismos de control, como es el caso de la Oficina Antifraude de Baleares, y la misma amenaza pesa sobre otras agencias también de desaparecer.

Aunque el Índice de Percepción de la Corrupción se acaba de publicar, aún no recoge plenamente las consecuencias de otras iniciativas promovidas por el Gobierno español, como la Ley de Amnistía. Martínez pronostica que, cuando finalmente sea aprobada y se conozcan los términos de la misma, posiblemente tenga repercusiones para España en el índice, ya que este se elabora a partir de la visión que distintos organismos internacionales tienen sobre los distintos países que analizan. «Siempre las situaciones políticas tienen un reflejo en las percepciones. Si se debilita un órgano de control, eso se traslada inmediatamente a las puntuaciones. Habrá que ver si finalmente se aprueba la Ley de Amnistía y los aspectos que recoge. Lo que está claro es que si afecta a áreas como la lucha contra la corrupción o la malversación tendrá impacto en la visión que se tiene de España en su compromiso de luchar contra estas malas prácticas por parte de los poderes públicos», expone Martínez.

Otra prueba de esta cada vez peor imagen que percibe de las instituciones españolas son las conclusiones que arroja el Cuadro de Indicadores de la Justicia en la UE que, entre otras cosas, facilita información sobre la calidad e independencia de los sistemas judiciales de los Estados miembros. Se realiza a partir de datos extraídos de encuestas como la realizada por el Eurobarómetro, en la que España no sale muy bien parada. Es el sexto país de la UE con una peor percepción sobre la independencia de los sistemas judiciales. Tan solo tienen una peor valoración Hungría, Polonia, Italia, Eslovaquia y Bulgaria. Ello es debido, a juicio de Transparencia Internacional, a la excesiva politización de la Justicia. «Sin duda España tiene por delante grandes desafíos en materia de lucha contra la corrupción y la protección de la Justicia. Es preocupante que mientras hay países que avanzan y mejoran en esta percepción, como Italia, España está empezando a alejarse de aquellos con los que debería aspirar a equipararse, como Francia», explica David Martínez.

Directiva Anticorrupción

Conscientes de este cada vez mayor debilitamiento de las instituciones, la Comisión está promoviendo la articulación una Directiva Europea Anticorrupción. Precisamente, España se comprometió durante la Presidencia de la UE a impulsar la nueva reglamentación, aunque, finalmente, no hubo avances y continúa en una fase de consulta. Pese a que aún no se ha desarrollado, desde Transparencia Internacional celebran la iniciativa, ya que, a su juicio, armonizará las distintas legislaciones estatales contribuyendo a reforzar la prevención y la lucha contra la corrupción en el seno de los Veintisiete.

Ante la actual situación, en Bruselas son conscientes de que solo unas instituciones fuertes e independientes podrán contribuir al bienestar y la confianza y, por tanto, también al crecimiento económico.