América Latina

Honduras: Conmoción por feminicidio, al parecer por policías

En medio de una total consternación y exigencias de justicia fue sepultada una joven hondureña que murió la medianoche del sábado supuestamente a manos de agentes de las fuerzas del orden

AME4136. TEGUCIGALPA (HONDURAS), 08/02/2021.- Una mujer espera atención médica afuera del Instituto Nacional Cardiopulmonar (Hospital del Tórax) hoy, en Tegucigalpa (Honduras). La pandemia de la covid-19 en Honduras sigue siendo alarmante, sin que su población tenga certeza de cuándo llegarán las vacunas contra la mortal enfermedad, aunque el Gobierno asegura que las primeras son esperadas para la segunda quincena de febrero, a lo que muchos sectores son escépticos. EFE/ Gustavo Amador
AME4136. TEGUCIGALPA (HONDURAS), 08/02/2021.- Una mujer espera atención médica afuera del Instituto Nacional Cardiopulmonar (Hospital del Tórax) hoy, en Tegucigalpa (Honduras). La pandemia de la covid-19 en Honduras sigue siendo alarmante, sin que su población tenga certeza de cuándo llegarán las vacunas contra la mortal enfermedad, aunque el Gobierno asegura que las primeras son esperadas para la segunda quincena de febrero, a lo que muchos sectores son escépticos. EFE/ Gustavo AmadorGustavo AmadorEFE

(AP). En medio de una total consternación y exigencias de justicia, este miércoles fue sepultada una joven hondureña que murió la medianoche del sábado supuestamente a manos de agentes de las fuerzas del orden, luego de permanecer detenida por varias horas en un edificio de la Policía Nacional.

El crimen de la estudiante de enfermería Keyla Patricia Martínez Rodríguez, de 26 años, es uno más que se suma a la amplia lista de mujeres asesinadas en ese pequeño país centroamericano, en el que existe un alto índice de impunidad en esos casos.

La joven, que residía en Tegucigalpa junto a su hermana, viajó a la ciudad de La Esperanza, en el departamento de Intibucá, en el occidente del país, para visitar a unos familiares. La noche del sábado, según la policía, fue detenida junto a otra persona por supuesto escándalo en la vía pública en estado de ebriedad y violentar el toque de queda decretado por la pandemia de COVID-19.

La joven y su acompañante, el médico gineco-obstetra Edgar José Velásquez Orellana, fueron llevados a la posta policial y recluidos en celdas separadas.

Tras el fallecimiento de la muchacha, la Secretaría de Seguridad divulgó un comunicado asegurando que había sido encontrada en la celda con evidencias de supuesto suicidio, por lo que fue trasladada a un centro asistencial en el que confirmaron que al momento de su ingreso no tenía signos vitales.

El cadáver fue trasladado el domingo a la morgue de Medicina Forense de Tegucigalpa, donde se le practicó la autopsia que determinó que murió a causa de asfixia mecánica. El procedimiento no reveló signos de violación.

Autoridades anunciaron que investigaban el caso como un asesinato.

La madre de la víctima, Norma Rodríguez, quien vive en España, retornó a Honduras para asistir a las honras fúnebres de su hija. “Estoy pidiendo es justicia para ella y que se aclaren los hechos, pedir a las organizaciones internacionales que se involucren, que nos ayuden, porque lamentablemente en nuestro país no podemos confiar en nadie”.

“La asesinó la gente que debía protegerla, que tiene que protegernos, pero sólo por el hecho de andar con sus uniformes y ser autoridades se creen superiores a nosotros, y nosotros tenemos que doblegarnos ante ellos y eso no es así”, declaró entre lágrimas a medios locales.

El director de Relaciones Públicas del Ministerio Público (MP), Yuri Mora, dijo a la AP que la Fiscalía de delitos contra la Vida solicitó en las últimas horas a la Policía Nacional la presentación de los siete agentes que estaban el sábado de servicio en la posta policial. Además, se tomará declaración a personas que estaban en otras celdas el día de lo ocurrido. Explicó que de momento ninguno de los policías ha sido acusado formalmente del crimen debido a que se deben concluir las investigaciones para determinar la responsabilidad de cada agente en el hecho para presentar el respectivo requerimiento fiscal.

Al respecto, el titular de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Rommel Martínez, dijo a medios locales que los policías están en custodia y que están a la espera de la citación del MP para trasladarlos donde los fiscales indiquen para tomarles declaración.

Por su parte, el director de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol), Alan Edgardo Argeñal, en conferencia de prensa aseguró que no se va a encubrir a nadie. “Queremos esclarecer lo que realmente sucedió para dar una explicación a los familiares y al pueblo, así como formalizar las acusaciones y aplicar las acciones del ámbito disciplinario”.

Los altos índices de impunidad que existen en Honduras en el tema de violencia y crímenes contra la mujer son el principal factor, a criterio de defensores de Derechos Humanos, para que se siga atentando contra la vida de las hondureñas.

La directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas, detalló a The Associated Press que solo en los primeros 40 días de 2021 la cifra de crímenes contra mujeres se elevó a 27 y de éstos seis se registraron entre el 7 y el 9 de febrero.

La mañana de este martes se registró una séptima víctima en el municipio de Santa Rita, en el departamento de Yoro. Se trata de Lidia Majano, de 34 años, quien fue atacada a balazos en su casa, supuestamente por su compañero de hogar.

La mayoría de las mujeres que mueren de forma violenta son menores de 30 años. Según las estadísticas del OV-UNAH. en los últimos 16 años 6,414 mujeres fueron asesinadas.

La vocera del Ministerio Público, Lorena Cálix, comentó que la fiscalía de delitos contra la Mujer anualmente registra entre 12.000 y 13.000 denuncias de violencia. Muchos de los crímenes de mujeres que se reportan en Honduras inician con violencia dentro de los hogares y en un buen porcentaje los victimarios son los mismos compañeros.

La defensora de Derechos Humanos, Kenia Oliva, dijo a la AP que la falta de investigación y de voluntad del Estado para esclarecer los feminicidios “desemboca en que los crímenes de odio contra las mujeres siguen sucediendo y que quienes los cometen, los responsables, no sientan temor de ser llevados a la justicia”.

El nuevo Código Penal de Honduras establece penas para los femicidios que van de 20 a 25 años de cárcel y si es agravado se incrementa de 25 a 30 años.