Critican actuar de Fiscalía en caso de espionaje en México

(AP). Amnistía Internacional y otras organizaciones activistas cuestionaron el jueves la actuación de la Fiscalía General de la República de México en el caso del espionaje telefónico vinculado al malware Pegasus, y exigieron a las autoridades la aprobación de normas que combatan ese tipo de actividades y controlen la compra e importación de esa tecnología.

A cuatro años de las primeras denuncias realizadas en México sobre espionaje telefónico —las cuales han sido corroboradas en la investigación realizada por un consorcio global de medios_, que revelaron el uso del malware de NSO Group, con sede en Israel, para espiar a miles de periodistas, activistas y políticos, AI y las organizaciones activistas Article 19, Consorcio Oaxaca, y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan expresaron inquietud por la labor que ha realizado hasta la fecha la Fiscalía General e insistieron, durante una conferencia de prensa virtual, en que se deben divulgar los contratos suscritos con la organización israelí.

El activista Vladimir Cortés, de la organización Article 19 —que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información—, manifestó preocupación por la actitud de la Fiscalía General, a la que señaló de “modelar una especie de simulación para fingir que se está cumpliendo con sus labores de investigación, transparencia y revisión de cuentas cuando en realidad su actuación ha mostrado ser insuficiente e incapaz”.

Las autoridades mexicanas anunciaron esta semana que localizaron 31 contratos vinculados al programa Pegasus suscritos por diferentes departamentos de seguridad durante los gobiernos de los expresidentes Enrique Peña Nieto (2012-2018) y Felipe Calderón (2006-2012), y valorados en unos 61 millones de dólares.

“Esto (del espionaje) no se puede quedar en la impunidad”, manifestó la activista Yesica Sánchez, del Consorcio Oaxaca, al exhortar a la Fiscalía General a realizar una investigación “sigilosa” y “profesional”.

Luego de la divulgación de la investigación periodística, la Fiscalía General dijo que estaba avanzando una averiguación sobre los contratos que suscribió la empresa mexicana KBH TRACK, que utilizó los servicios de NSO Group, con el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, quien se encuentra en Israel y tiene pendiente un proceso judicial en México.

Tras reconocer que no hay certeza de que las prácticas de espionaje telefónico hayan cesado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la directora ejecutiva de AI México, Edith Olivares, exigió a las autoridades la divulgación de los contratos de Pegasus, así como de otros de ese tipo.

“No hay pruebas de que no se siga utilizando este software o cualquier otro, pues cabe recordar que la investigación sólo se hizo para revisar este software, pero puede haber otros”, agregó.

Olivares exhortó al gobierno de López Obrador a que reconozca que hubo violación a los derechos humanos, asuma “su responsabilidad como Estado”, repare a las personas que fueron vigiladas y se establezcan garantías de no repetición.

“Necesitamos una legislación adecuada, respetuosa de los derechos humanos, que nos garantice a todas las personas que no vamos a ser espiadas”, precisó.

Al respecto el activista Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, sostuvo que mientras no se depuren los cuerpos de seguridad persistirá la estructura de vigilancia a defensores de derechos humanos, periodistas y víctimas, y exigió al gobierno acciones “más contundentes” para terminar con la estructura de espionaje.

Por su parte, Article 19, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Social Tic instaron en un comunicado a que se abran los expedientes de contratación para conocer los anexos técnicos, la investigación de mercado, entre otros elementos, y se asegure la “máxima transparencia” respecto a todas las instituciones contratantes u operarias del sistema.

Las organizaciones reconocieron la labor de la Secretaría de Seguridad y Prevención en la presentación que hizo esta semana sobre el caso, pero indicaron que el gobierno federal no ha proporcionado información sobre las contrataciones realizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional a pesar de que existen evidencias de que adquirió el sistema Pegasus a través de contratos con la empresa Security Tracking Devices, S.A. de C.V.

Las organizaciones también pidieron información sobre los más de 23 contratos que se hicieron entre 2015 y 2018 para emplear el sistema Pegasus en los que participaron la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

La pesquisa del conglomerado de medios dejó al descubierto una lista de más de 50.000 números de teléfonos celulares que fueron espiados, en la cual estaban 189 periodistas, más de 600 políticos y funcionarios gubernamentales, al menos 65 ejecutivos de negocios, 85 activistas de derechos humanos y varios jefes de Estado de distintos países.

En el caso de México se identificaron más 700 políticos mexicanos, entre ellos López Obrador; decenas de defensores de los derechos humanos, abogados, religiosos, médicos, líderes sindicales y por lo menos 25 periodistas, incluido el comunicador Cecilio Pineda, quien fue asesinado a tiros en marzo de 2017.