Anticorrupción se agarra al riesgo de fuga contra cuatro de los condenados en los ERE

Tienen una singularidad en común. Los ex consejeros andaluces José Antonio Viera y Antonio Fernández y los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez son los cuatro de los 19 ex altos cargos de la Junta condenados en la sentencia de la pieza política del «caso ERE» para los que la Fiscalía Anticorrupción pide su ingreso en prisión. Se encontraron ayer en una vista en la que, según confesaron algunos a LA RAZÓN después, «no se enteraron de mucho», dada la situación de «nervios» en la que se encontraban. Lo que se juegan no es poco: perder la libertad.

La decisión del tribunal no se conocerá hasta pasadas las 13:30 horas de hoy, cuando está previsto que se les dé traslado del contenido del auto que la contenga, después de que ayer ampliara el plazo hasta las 11:00 para que las defensas pudieran presentar nuevas pruebas documentales.

Este periódico ya informó de que Guerrero, quien se acercó a los juzgados con un vestuario más informal de lo que es habitual en él para sus citas judiciales, «no entendía» la «discriminación» que el Ministerio Público ha hecho entre condenados. Tampoco el resto. Esperaban escuchar ayer los argumentos en los que éste soportó su solicitud reducida. Pero, según pudo saber este diario, no se dijo nada de la diferenciación entre unos y otros. El principal argumento que esgrimió Anticorrupción es que después de dictarse el fallo de la rama política del «macroproceso» se ha «incrementado el riesgo de fuga», a lo que sumó, de acuerdo a lo trasladado por fuentes de la causa, que tanto Guerrero como Márquez, cuentan ya con otra condena en el llamado «caso Umax» y todos figuran como investigados en otros bloques de los que se atomizaron los ERE.

Si bien, fuentes del lado de las defensas recordaron a LA RAZÓN que «la ley dice que el riesgo de fuga tiene que inferirse racionalmente, no suponerse» y que «hay criterios jurisprudenciales» que marcan que no puede hacerse «de forma automática de una sentencia de primera instancia». Anotaron que «hay otros elementos a tener en cuenta» como «el arraigo personal, familiar o laboral, el tener medios económicos, contactos en el extranjero...» y la actitud que hayan mantenido respecto «al procedimiento y al tribunal».

El entorno de Guerrero ya alimentó la idea de que ha demostrado que no existe ese peligro y él mismo preguntó ayer que «a dónde iba a ir». Desde el de Fernández apuntaron que «se ha presentado casi 150 veces en siete años y medio al juzgado y ha ido casi medio centenar de veces a declarar». «Viajó una vez al extranjero por un motivo familiar –añadieron– porque se le concedió un permiso para hacerlo y volvió, por lo que lo que se infiere de su conducta no es riesgo de fuga, sino todo lo contrario».

Las defensas creen que «no hay razones para acordar la medida más dura y extrema que es la prisión comunicada y sin fianza» que pretende la Fiscalía, «si hay una alternativa que pueda lograr el mismo fin», a la luz de lo fijado por el Tribunal Europeo.

La última palabra la tiene el tribunal enjuiciador y deberá escribirla en los entretiempos.