Política

Andalucía

Esquivan la cárcel los cuatro condenados de los ERE diferenciados por la Fiscalía

La Audiencia de Sevilla considera que el riesgo de fuga alegado por Anticorrupción «carece de solidez». Mantiene las medidas cautelares que ya debían cumplir Guerrero y Fernández y se las impone a Viera y a Márquez

El ex consejero Antonio Fernández, junto a su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, ayer en los juzgados sevillanos
El ex consejero Antonio Fernández, junto a su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, ayer en los juzgados sevillanosKe-Imagen

«Aliviados» y «tranquilos». Así confesaron a LA RAZÓN que se sentían un par de los cuatro condenados en la pieza política del «caso ERE» tras saber que no acabarían la semana con olor a cárcel. La Audiencia Provincial de Sevilla decidió ayer mantener en libertad a los ex consejeros andaluces José Antonio Viera y Antonio Fernández y a los ex directores generales de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, como pidió la Fiscalía Anticorrupción, a la que se sumó la acusación popular ejercitada por el PP. Ambos fundamentaron su demanda, en esencia, en que entendían que tras el fallo de la rama política se había incrementado el riesgo de fuga y en que los ex altos cargos están encausados en otros bloques del «macroproceso».

En relación al primer motivo, el tribunal expone en un auto que ese peligro de huida «ha de inferirse racionalmente de la naturaleza del hecho, gravedad de la pena, situación familiar, laboral y económica y de la inminencia de la celebración del juicio oral». Y añade que «el riesgo de fuga derivado de las penas impuestas» en la sentencia que les señala junto a otros 15 ex altos cargos del Gobierno autonómico «carece de solidez» precisamente «desde el momento en que existen en el proceso otros acusados, condenados a idénticas o similares penas, respecto de los cuales no se solicita la prisión». «Lo que significa», se cose en la resolución judicial difundida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), «que las acusaciones no aprecian este riesgo de fuga por razón de la pena impuesta».

En cuanto al segundo motivo esgrimido, las otras causas pendientes, la Audiencia sostiene que le «resulta difícil» poder valorarlas como amenaza de evasión, porque para hacerlo tendría que tener en cuenta, no sólo su mera existencia, «sino los indicios racionales existentes en las mismas contra los encausados». Una circunstancia que el tribunal asevera que no puede hacer «con la documentación aportada». Sobre todo, cuando se trata de piezas individuales derivadas de la división de la causa matriz, y la propia Audiencia de Sevilla ha marcado la directriz de que se excluya de esas separatas a los enjuiciados en la rama política, al no poder ser juzgados varias veces por los mismos hechos. Es más, se puntualiza en el auto que, aunque pudieran ser condenados en otros procesos, no se pueden olvidar «las atenuaciones penológicas».

«Los acusados tienen un domicilio conocido, donde han sido citados cada vez que ha resultado necesario», han «comparecido a los llamamientos judiciales» cada vez que se les ha convocado y no hay «ningún dato adicional del que pueda deducirse la sospecha de que puedan eludir la acción de la Justicia», se asevera a modo de resumen en el auto consultado por este periódico, además de que su situación económica «no permite suponer que vayan a eludir el proceso». En concreto sobre Guerrero y Fernández, se hace constar que desde que salieran de prisión, donde ya estuvieron por este caso, no han incumplido «la obligación de comparecencia» que les impuso el juzgado instructor.

Lo que sí hace el tribunal es no levantar las medidas cautelares a Guerrero y Fernández y comunicar a la Dirección General de la Policía la prohibición de expedirles pasaporte. Impone además a Viera y a Márquez que designen un domicilio donde poder localizarlos, la obligación de acudir al juzgado días marcados al mes o cada vez que se les llame; y les prohíbe abandonar el territorio español, por lo que deberán entregar unos pasaportes que la Policía tampoco podrá volver a facilitarles.

Más datos

º El abogado de Antonio Fernádez, Alfonso Martínez del Hoyo, celebró ayer la decisión del tribunal de no mandar a la cárcel a su cliente. Aseveró, a través de un comunicado, que con su decisión, «el tribunal se aleja de cualquier manifestación de populismo punitivo».

º El defensor de Francisco Javier Guerrero, José Ávila, aseveró ayer que veía «ilógico» el riesgo de fuga dado que su cliente tiene el salario y sus propiedades embargadas. El letrado elogió el auto de la Audiencia «basado en derecho» y absolutorio, «como no podía ser de otra forma».

º El ex presidente de la Junta, Manuel Chaves, uno de los 19 condenados en la rama política del «caso ERE», mantuvo ayer en la SER que el juicio de la causa se vio «condicionado» por un «clima de presunción de culpabilidad» generado desde la instrucción y la sentencia es «injusta».

º PP y Ciudadanos replicaron a Chaves. La secretaria general del PP-A, Loles López, afirmó que había estado «muy poco afortunado cuestionando a la Justicia» y el portavoz parlamentario de Cs, Sergio Romero, criticó la «chulería» del que «se ha creído el dueño de un cortijo» mucho tiempo.